Aumento en casos de desapariciones forzadas en Venezuela alarma a la ONU

Aumento en casos de desapariciones forzadas en Venezuela alarma a la ONU

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias denunció “un aumento alarmante de desapariciones forzadas de ciudadanos” en Venezuela.

Señalaron que se trata en su mayoría de miembros de la oposición venezolana  que ejercen sus derechos a la libertad de expresión, asociación y participación «en asuntos de interés público», que afecta especialmente a “miembros del principal partido político de oposición, así como miembros del Ejército”.

“Estas detenciones prolongadas en régimen de incomunicación equivalen a desapariciones forzadas. Parecen seguir un patrón según el cual las autoridades estatales privan a las personas de su libertad, las llevan a centros de detención reconocidos y les niegan derechos y protecciones fundamentales, como el contacto con el mundo exterior y el acceso a asistencia jurídica”,señaló el grupo.

Detenidos en los últimos meses

La abogada y presidenta de la ONG Control ciudadano Rocío San Miguel,  fue detenida el 9 de febrero cuando procedía a tomar un vuelo a España,  su paradero fue confirmado por el Fiscal General de la República Tarek William Saab cuatro días después.  El mismo día de su detención  también fue apresado su expareja Alejandro González Canales.

El 16 de abril el activista social y periodista Carlos Julio Rojas, fue detenido en la parroquia La Candelaria en Caracas, hasta la fecha no se le ha permitido ver a sus familiares así como juramentar defensa privada.

En Portuguesa el domingo 28 de abril funcionarios del Sebin detuvieron a Ámbar Márquez dirigente del partido Primero Justicia, Víctor Castillo coordinador de Vente Venezuela y Óscar Castañeda,  quien participó en un acto de Maria Corina Machado en ese estado.

Fue el pasado 29 de abril cuando fueron presentados ante tribunales. También se les negó el contacto con su familia y poder designar a un abogado de su confianza.

«Privar a una persona de su libertad, seguida de la negativa a reconocer su detención, u ocultar su suerte o paradero, la coloca fuera de la protección de la ley. Esto constituye una desaparición forzada, independientemente de la duración de dicha privación de libertad u ocultamiento», afirmó el Grupo de Trabajo.

Las expertas independientes del grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas o Involuntarias aseguraron que este tipo de acciones “podrían tener un efecto paralizador y obstaculizar el derecho del pueblo a votar libremente”.

Recordaron que la desaparición forzada no solo vulnera los derechos de la persona detenida sino también de sus familiares.

«En estas situaciones, los familiares de las personas desaparecidas por la fuerza a menudo se ven obligados a buscar a sus seres queridos en centros de detención donde se les niega sistemáticamente información sobre su suerte o su paradero y pueden estar expuestos a represalias», expresaron.

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