Ecuador se unió a Brasil, Canadá, Chile, Guatemala, Paraguay y Perú en el esfuerzo de solicitar la renovación del mandato de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, en una resolución que será presentada al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el próximo 26 de septiembre.
En 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) aprobó la resolución 42/25, que establecía una misión de determinación de los hechos (FFM, por sus siglas en inglés) sobre Venezuela para investigar “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014” con miras a “asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”.
La fiscalía venezolana dijo que solicitó la extradición del exviceministro de energía eléctrica, Nervis Villalobos, y que inició un nuevo proceso contra el exministro de Petróleo, Rafael Ramírez, por su presunta vinculación a un caso de corrupción.
La investigación se inició luego de que el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, solicitó en agosto al Ministerio Público indagar sobre acuerdos financieros que datan del 2012 con una empresa llamada Atlantic.
Si el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) no existe, ¿por qué se sigue aplicando y siguen desmejorando los ingresos del sector público? La misma pregunta se hacen cientos de trabajadores ante la indiferencia sobre el conflicto, que está cerca de cumplir seis meses.
Una manifestación de trabajadores públicos recorrió parte de la avenida Baralt hasta llegar a la sede del TSJ, donde exigieron respuesta a las demandas y recursos que han interpuesto en contra del instructivo Onapre, que el Tribunal califica como “inexistente”, y también la libertad de líderes sindicales detenidos por protestar.
Como en el resto del mundo, instituciones y funcionarios en Venezuela usan la red social Twitter para difundir información, pero, en ocasiones, también propician “casos de bloqueos múltiples”, revela un informe de Espacio Público.
La Organización No Gubernamental que busca promover la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información en Venezuela, elaboró una encuesta a periodistas y defensores de DDHH y, “de las 32 respuestas de propietarios de cuentas, se identificaron un total de 46 bloqueos” a contenidos de cuentas de funcionarios.
El vicepresidente de la Cámara de Editores, Julio Mazparrote, aseguró que la piratería es una práctica que perjudica a la industria editorial. Según los comerciantes, el libro más plagiado es Álgebra de Baldor. Los textos escolares pueden llegar a costar 25 dólares, mientras que los usados van desde 5 hasta 10 dólares.
También los textos escolares usados son una alternativa mucho más económica para los padres, a días del inicio del año escolar 2022-2023. Los representantes entregan los ejemplares que ya no usan por los que necesitan
Durmiendo en la calle, en plazas y aceras, así se encuentra buena parte de los venezolanos que logran cruzar la Frontera Sur e ingresan por Texas y Arizona a Estados Unidos. Hacen una travesía de mes y medio de recorrido pasando la selva del Darién, seis países de Centroamérica y México.
Según denuncian expertos en migración y ONG humanitarias del país norteamericano, los venezolanos que se encuentran en situación de calle llegan en condiciones de extrema vulnerabilidad, sin ropa, sin pasaporte, con problemas de salud y sin apoyo de familiares o conocidos que les brinden un techo. Autoridades de Texas, Washington DC, Nueva York, Chicago y Florida han registrado el colapso de sus refugios por el desborde de migrantes que han recibido este año.
La Justicia Federal de Argentina autorizó el martes la salida del país de 12 de los 19 tripulantes de un avión de carga venezolano retenido desde junio por las autoridades argentinas, informaron medios locales.
La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, autorizó la salida de Argentina de los tripulantes del avión retenido -14 venezolanos y cinco iraníes- y ordenó que en un plazo de 10 días se defina la situación procesal de toda la tripulación, informaron los diarios La Nación e Infobae.