Dos casos penales en Estados Unidos en contra del gobierno venezolano concluyeron el lunes con una sentencia de cuatro años de prisión para un empresario de Miami que daba servicio a los aviones de combate del país y una sentencia menor para otro individuo que implicó a una firme opositora del presidente Nicolás Maduro en un caso de sobornos.
Jorge Nóbrega, uno de los condenados, se disculpó profusamente ante una corte federal por su decisión de proporcionar servicios a la fuerza aérea venezolana en violación a las sanciones que impuso Estados Unidos en enero de 2019 para obligar a Maduro a dejar el poder.
En el otro caso, el empresario venezolano Carlos Urbano Fermín fue sentenciado a cinco años de libertad condicional por pagar sobornos a altos funcionarios de la nación sudamericana.
Al declararse culpable el año pasado, Fermín admitió haber pagado aproximadamente un millón de dólares en sobornos a una “fiscal de alto rango” en Venezuela como “seguro” contra cualquier pesquisa sobre los extensos tratos de su empresa constructora con Pdvsa.
La fiscal venezolana —que no fue identificada en los documentos de la corte— es la exfiscal general Luisa Ortega, reportó The Associated Press el año pasado.
La acusación formal fue presentada el 15 de diciembre de 2020 por el entonces fiscal general auxiliar interino Brian C. Rabbitt, de la División Criminal del Departamento de Justicia; la fiscal federal Ariana Fajardo Orshan del Distrito Sur de Florida, y otros agentes especiales del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, y del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Caracas. El integrante de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional 2015 para investigar las denuncias sobre presuntas irregularidades en Monómeros, José Luis Pirela, presentó una denuncia formal por presuntos hechos de corrupción ante la Fiscalía General de Colombia, en contra de los actuales directivos de Monómeros, encabezados por su gerente general Guillermo Rodríguez Laprea.
Ya en septiembre del año pasado, la comisión de Contraloría de la AN2015 había recomendado a Guaidó destituir a Rodríguez Laprea –que según Ismael León (diputado 2016-2021) fue postulado por AD- e iniciar una depuración de la directiva, pero los choques internos en el G4 llevaron a que la comisión especial de la que Pirela es parte, emitiera un informe en noviembre que enfilaba las responsabilidades en contra de la entonces presidenta de Monómeros, Carmen Elisa Hernández –promovida por VP.
La dupla se fue acercando al entorno más íntimo del fallecido presidente hasta que, para el año 2010, ya prácticamente no había distancias: ella era la enfermera de cabecera del mandatario y él dirigía el Departamento de Seguridad del palacio presidencial.
En un entorno de gran discrecionalidad comienza a despegar el gasto del gobierno. El diseño del presupuesto le arrebató recursos a las gobernaciones y alcaldías.
Tras años de extrema penuria, Nicolás Maduro cuenta con una caja menos endeble gracias al creciente flujo de petrodólares. El salto de los precios del barril, el lento ascenso de la producción y la venta de crudo a China, al margen de las sanciones de Estados Unidos, elevan los recursos pero también la opacidad y el uso discrecional del dinero.
No hay cifras oficiales sobre el ingreso por las exportaciones petroleras, cuántos barriles se envían al exterior y a qué precio; pero proyecciones como la de la consultora Ecoanalítica indican que este año las ventas de petróleo aportarán 16.200 millones de dólares, un alza de 183% respecto a 2020.
Para asegurarse el control total de los petrodólares y una gran discrecionalidad en el gasto, el partido de gobierno aprobó en el parlamento un presupuesto que le quitó a las gobernaciones y alcaldías el derecho a administrar parte del ingreso petrolero.
“El levantamiento de las sanciones solo llenará los bolsillos del régimen”, advirtió González durante una entrevista con Erik Schatzker, director editorial de Bloomberg en el foro Bloomberg New Economy Gateway Latin America.
Autoridades del Ministerio de Salud y el Ministerio Público (MP) sostuvieron una reunión, la segunda en menos de un mes, para discutir sobre los cobros ilegales denunciados en hospitales, las «mafias», así como la sustracción de equipos e insumos médicos de los centros públicos de salud.
En la reunión del 25 de mayo, el fiscal impuesto por la extinta constituyente, Tarek William Saab, y la ministra Magaly Gutiérrez Viña se planteó “centralizar todas las solicitudes de nuestros fiscales (del MP) en la Dirección del Despacho” de la cartera de salud.
Saab planteó la necesidad de un registro digital de los médicos adscritos al Ministerio de Salud, para que las direcciones generales Contra Delitos Comunes y Contra la Corrupción “puedan consultar e interactuar con las diferentes direcciones de MPPS, cuando se denuncien hechos irregulares en centros de salud”.
El juicio a la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén, extraditada desde España a Estados Unidos para responder por tres delitos relacionados con lavado de dinero, se iniciará el 27 de junio de este año.
El tribunal federal que lleva el caso anunció este jueves la fecha en un documento judicial en el que también se informa de que el juez William P. Dimitrouleas presidirá el juicio con jurado que se llevará a cabo en Fort Lauderdale, ciudad a unos 46 kilómetros al norte de Miami.
Esta vitrina habla del nerviosismo que atraviesan las familias, al punto de comprometer sus actividades domésticas y obstaculizar el aparato productivo. Escenas tan cotidianas, que denuncian la falta de amparo por las autoridades, con trabajadores a los que les cuesta llegar a sus empleos porque no pueden esperar ese lapso de hasta 12 horas para equipar sus autos de combustible y que se refleja en el usuario del transporte público, limitado de unidades porque llevan un tiempo indeterminado para surtir con gasolina o gasoil, se lee en La Patilla.
“La situación del país está lejos de normalizarse y ni siquiera Caracas se escapa de las fallas“, señala Ángel Subero, concejal y miembro del OSH, al recordar que siempre se ha tenido al Distrito Capital como una de las burbujas, menos golpeadas por concentrar a los poderes del país.
La extensión territorial de Venezuela es de 916.445 kilómetros cuadrados. Su frontera ocupa un 72,84% de la superficie nacional, es decir, 667.600 kilómetros cuadrados, 2.219 comparte con Colombia. A lo largo y ancho de todos los municipios que limitan por vía terrestre o marítima con otras naciones, se encuentran 13 mega bandas y 5 estructuras criminales, además de redes de narcotráfico, terrorismo, grupos colectivos y guerrillas, de las que al menos 9 operan entre el estado Táchira y el departamento Norte de Santander en Colombia.
La abogada del Chávez golpista, candidata con dos reveses electorales, exprocuradora y quien construyó una trayectoria diplomática en España por su cercanía con el fallecido comandante forma parte del “selecto grupo” de magistrados repitientes en el “nuevo” TSJ aunque la Constitución se lo prohíbe .
Gutiérrez asumió un segundo mandato al frente del máximo órgano judicial con un historial de polémicas sentencias que, entre otras cosas, implicaron la anulación de las atribuciones constitucionales del parlamento opositor electo en 2015 y echaron por tierra las denuncias de fraude tras los comicios de 2013.
Mucarsel-Powell, de origen ecuatoriano, confesó que han recibido presiones para «hacer excepciones» con algunos países que no cumplen con estas condiciones y subrayó que, en cualquier caso, la decisión corresponde al Gobierno Biden.
El hemisferio «sufre regímenes autoritarios que vulneran los derechos humanos con comportamientos dictatoriales como en Cuba, Venezuela y Nicaragua», expresó tajante Mucarsel-Powell, nombrada en abril pasado por el presidente Joe Biden asesora para la Cumbre de las Américas, que reunirá del 6 al 10 de junio a mandatarios de la región en Los Ángeles (California).
El mandatario, principal aliado de Vladimir Putin en la región, empieza a cobrar los primeros frutos de la campaña de blanqueamiento promovida desde Caracas a través de sus socios y del Grupo de Puebla. El apoyo directo del presidente argentino Alberto Fernández, dispuesto a mirar a otro lado ante las violaciones de derechos humanos en Venezuela, es sólo un anticipo de lo que vendrá a través de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
Si la intervención del partido político de gobierno en organismos públicos no estaba lo suficientemente clara, ahora se suma un nuevo eslabón: por órdenes del Ministerio de Salud se tienen que crear nuevos consejos de dirección dentro de los hospitales públicos, donde el PSUV y los consejos comunales —bajo el nombre del poder popular— van a tener una buena representación.
Douglas González, coordinador de Medicina Vial del gremio, precisó que los documentos falsos que se están emitiendo en la zona son provenientes del Distrito Metropolitano de Caracas, y no cuentan con los parámetros necesarios para su legalidad como el holograma de seguridad con su debido serial o el papel moneda original.
“Queremos recalcar que solamente son los Colegios Médicos de los diferentes estados y el Ministerio del Poder Popular para la Salud los únicos autorizados para emitir los certificados médicos de conducir, llámese de segundo, tercero, cuarto y quinto grado y el certificado médico especial. Los mismos están siendo llenados por personas que no son médicos. Ese es un ejercicio ilegal de la medicina. Aparte, lamentablemente los que son engañados y los compran sin una evaluación médica, están asociándose para delinquir porque son cómplices necesarios”.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso este jueves designar a «inspectores secretos» para cada hospital del país para hacer contraloría y ayudar a que los centros sanitarios «renazcan» y se «fortalezcan».
«Quiero designar un inspector secreto para cada hospital del país, que sea un inspector externo que se articule a los comités de salud, a los consejos comunales (…) y vayamos a meter el ojo, a hacer contraloría y apoyar para que los hospitales renazcan, se fortalezcan, salgan adelante», expresó en un acto televisado.
Maduro indicó que también hay que enfrentar a las «mafias» que hay en «algunos» centros sanitarios.
«No digo en todos, no generalizo, pero existen (…) piden a los pacientes que compren las cosas afuera y ellos van al almacén, las retiran y las venden por fuera, existen y lo hemos comprobado», subrayó.