Enfermera de Chávez y su esposo son declarados culpables por cinco cargos de corrupción
Claudia Díaz, enfermera y extesorera del gobierno del difunto presidente venezolano Hugo Chávez fue declarada culpable este martes de lavado de dinero, en relación con el pago de sobornos de un magnate de los medios de comunicación para que aprobara lucrativas transacciones de divisas cuando se desempeñaba como directora de la Oficina Nacional del Tesoro.
Un jurado del sur de Florida deliberó apenas unas cuantas horas antes de declarar culpables a Claudia Díaz y a su esposo, Adrián Velásquez, de cinco de los seis cargos detallados en el acta acusatoria que les imputa haber aceptado sobornos por al menos 4.2 millones de dólares.
El juicio de la pareja era considerado una prueba crucial para la capacidad de la fiscalía federal de hacer que los llamados cleptócratas venezolanos rindan cuentas por esquilmar a la nación petrolera, destaca una nota del Diario de México.
Al día Contra la Corrupción: Del 9 al 16 de diciembre 2022
AN-2020 aprueba de manera exprés proyectos de Ley de Presupuesto y Endeudamiento
La Asamblea Nacional (AN) del 2020 aprobó este jueves 15 de diciembre el proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero correspondiente al 2023, presentado a la plenaria en la sesión del 14 de diciembre por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, un día antes de vencerse el plazo legal para ser aprobado.
El proyecto que estima un presupuesto de 170.703 millones de bolívares, fue aprobado por la mayoría que tiene la bancada oficialista en el Legislativo. La discusión de ambos proyectos transcurrió en menos de una hora. El primero en ser sometido a debate fue el informe anual de ingresos y gastos. Tras las intervenciones de los diputados Jesús Faría, (Nacional-PSUV), miembro de la Comisión de Economía y Finanzas y Óscar Ronderos, (Nva. Esparta – AD), miembro de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, quedó aprobado; en 10 minutos.
El «Club de los 35», el nido de corrupción del Ejército y el Gobierno venezolano
A mediados de 2020, la ONG internacional «Organized Crime and Corruption Reporting Project» (OCCRP), la cual surgió cómo iniciativa de periodistas de países de Europa del Este para poner de relieve las redes de corrupción en esas naciones y que ahora se extendió a otros países del globo, hizo público un informe que se refiere a la corrupción dentro de la Fuerza Armada venezolana, que involucraba hasta ese entonces, a más de 35 Generales.
Los resultados indican que, al menos, un tercio de los 312 generales del Ejército, está vinculado con empresas habilitadas para hacer negocios con el gobierno, como recompensa por mantener el «statu quo», incluso mientras el país se hunde en una espiral de ruina socioeconómica que lo convirtió en el país del mundo que, sin estar en guerra o experimentando un desastre natural, ha sufrido el mayor colapso económico en los últimos 50 años.
Mauricio Pernía Reyes: “En Venezuela hay un patrón de gran corrupción”
La investigación sobre hechos de corrupción en cualquier parte del mundo supone riesgos, toda vez que se tocan intereses políticos, económicos o de cualquier otra índole, pero en Venezuela ese trabajo se ha hecho mucho más difícil por una serie de factores que deben sortear quienes se dedican a este tipo de labor.
Mauricio Pernía, quien desde el año 2015 es coordinador del capítulo Táchira de Transparencia Venezuela y de la Coalición Anticorrupción, explicó que la investigación de corrupción en Venezuela parte desde la perspectiva de que en el país, no hay acceso a la información pública, lo que limita mucho la participación ciudadana y el modo en que el ciudadano pueda saber la naturaleza de la gestión del Estado.
Gobierno reduce beneficios sociales «a la calladita»
El gobierno de Nicolás Maduro ha reducido la periodicidad en la distribución de los alimentos de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y la asignación de bonos a espaldas de la ciudadanía. El Ejecutivo no ha detallado a los ciudadanos bajo qué criterios se han ejecutado estas medidas o las razones por las que se aplicaron en este 2022.
Lo que sí ha quedado en evidencia es que ha privilegiado a la región central en la asignación de los beneficios sociales. La medida no es un hecho fortuito, el Ejecutivo busca evitar que en la zona, en la que se concentra la mayoría los poderes públicos y los pobladores son más activos políticamente, se produzcan y extiendan disturbios por descontentos sociales.