Desde 2015, fecha en la que fue declarada la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela, provocada por la Gran Corrupción, el país experimenta una severa crisis migratoria. Sin embargo, según la narrativa oficial, la cifra de migrantes es mucho menor a la reportada por organismos internacionales, y se da cuenta del supuesto retorno masivo de connacionales mediante el plan “Vuelta a la Patria”. Todo a raíz de que la economía nacional experimentó en 2022 un ligero repunte. Pero, la realidad es que el éxodo no se ha detenido; por el contrario, se incrementó durante el último año.
Así lo reveló la más reciente actualización de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), que depende de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la cual ubicó en poco más de 7,3 millones la cifra de personas, casi la mitad de ellas jóvenes, que han abandonado el país en busca de mejores oportunidades y condiciones de vida.
La gama de servicios que ofrecen los supuestos empresarios acusados por la trama de corrupción Pdvsa – Cripto es inagotable: desde el suministro de alimentos, venta de artículos de belleza o equipos quirúrgicos, recolección de desechos sólidos, suministro de software administrativos, hasta la dotación de equipos para la industria petrolera y la comercialización del crudo. De acuerdo con una investigación de Transparencia Venezuela, al menos 105 empresas están vinculadas a 18 de las personas acusadas por el Ministerio Público de presuntamente participar en operaciones ilegales con petróleo sin tomar en cuenta normativas de contratación ni controles administrativos.
Hace 90 días se conoció este esquema de corrupción en la industria petrolera que dejó una pérdida milmillonaria de entre 13.000 y 16.000 millones de dólares, según reportes periodísticos y estimaciones propias. En estas operaciones participó un grupo de personas ligadas a altos funcionarios del Estado y con empresas creadas en Venezuela (68), Panamá (18), Estados Unidos (9), Barbados (6), República Dominicana (2), Reino Unido (2), Malta (1) y Chipre (1). Al menos 56 de ellas fueron creadas entre 2012 y 2022, justo durante la administración de Nicolás Maduro.
La organización no gubernamental (ONG) Control Ciudadano informó que un total de 105 personas murieron a manos de agentes de distintos cuerpos de seguridad y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) entre abril y mayo de 2023.
La organización indicó, en nota de prensa publicada el martes 20 de junio, que en el mes de abril hubo 64 personas muertas y en mayo 41, en operativos de seguridad que se llevaron a cabo en 17 de los 23 estados de Venezuela.
De acuerdo con la misiva, el registro es el resultado de un seguimiento a los casos reseñados en medios de comunicación de alcance regional y nacional, así como referidos por los cuerpos de seguridad.
Gremios adscritos a la Universidad de Venezuela (UCV) denunciaron que el bono vacacional que reciben los trabajadores de la administración pública «es una estafa» debido a que les ha quitado entre 75 y 80% del bono vacacional.
Durante una rueda de prensa, José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la UCV señaló que, al no decretarse un aumento el primero de mayo, «pusieron un acelerador a la destrucción del salario y se condenó a la pobreza y miseria, esa es la realidad que estamos viviendo», lamentó.
La escasez de gasolina se ha convertido en una preocupación apremiante en toda Venezuela. Una vez más, las largas colas y los cambios repentinos en el cobro en las estaciones de servicio dan evidencia de una problemática que aún no termina de subsanarse en un país donde su principal motor está en la industria petrolera.
La importación de gasolina solía ser una solución viable a esta contrariedad, pero sin recursos, el chavismo está acorralado. ¿Cuáles son las consecuencias de esta situación? ¿Qué medidas deberían tomar para mitigar esta situación a corto plazo? El panorama, de momento, no parece ser muy alentador.