Una “súper red” de corrupción con el concurso de al menos 9.000 personas o empresas opera desde hace años en Venezuela, de acuerdo con una investigación actualizada de la fundación especialista en crimen organizado Vortex en conjunto con Transparencia Venezuela.
Eduardo Salcedo-Albarán, filósofo y politólogo colombiano que dirige la Fundación Vortex y el Observatorio Global de Redes Criminales Trasnacionales, encabeza esta indagación sobre las operaciones corruptas derivadas en Venezuela y aseguró que la escala de las mismas no tienen precedentes.
En un simposio donde participó la Voz de América, explicó que la magnitud de la corrupción originada en Venezuela ha dejado como “un juego de niños” al que era considerado como el mayor caso de prácticas financieras ilegales del mundo, el de “Lava Jato”, en Brasil. En esas operaciones, estuvieron involucradas decenas de políticos, empresarios y compañías, hasta 2014.
Para Fedenaga y sus agremiados, este escenario solo entorpece al sector productivo del país, trata a los productores como contrabandistas y no garantiza la disminución del contrabando de extracción.
TalCual junto a El Tiempo de Anzoátegui, Correo del Caroní de Bolívar, La Mañana de Falcón, El Impulso de Lara, La Nación de Táchira y Yaracuy al Día se unieron para ofrecer testimonios y detalles de cómo las restricciones e irregularidades en el acceso a los carburantes no mejoran y cuánto afectan y merma aún más la calidad de vida de los habitantes de un país que se mueve a punta de combustible.
El Metro de Caracas anda entre rieles fisurados, vías que presentan hundimientos y piezas desgastadas. Viajar en el sistema de transporte ferroviario, propiedad del Estado venezolano, es arriesgarse a quedar a pie. Las fallas van desde cortocircuitos hasta el descarrilamiento de algún tren.
Desplazarse en el subterráneo es someterse a la ineficiencia del servicio que, en resumidas cuentas se traduce en: insalubridad, calor, retrasos que parecen eternos y exponerse a ser blanco fácil de los delincuentes.
La evidencia del fracaso y la corrupción se extienden por los más de 100 kilómetros de túneles y estaciones, pese a la promesa de la «revolución» de recuperar esta y otras compañías estatales.
La abogada Marissel Descalzo había solicitado esta semana a la corte en Fort Lauderdale, al norte de Miami, retrasar el juicio unos días debido a asuntos personales y al “voluminoso” expediente.
Sin embargo, el juez a cargo, William P. Dimitrouleas, negó esa petición y además adelantó del 24 al 22 de junio una audiencia previa al juicio, en el que Díaz Guillén enfrenta cargos de “conspiración para cometer blanqueo de capitales” y “blanqueo de capitales”.
Bracho envió una carta a la comisión en la que informaba que no podía comparecer por razones de fuerza mayor, sin precisar los motivos, lo que provocó que la mayoría estuviese de acuerdo en volver a citar a la ingeniera y hacer presión para no generar más demoras en un proceso que pidió la AN en noviembre del año pasado, cuando acordó reestructurar la compañía con sede en Colombia por escándalos de corrupción.
Ya en septiembre del año pasado, la comisión de Contraloría de la AN2015 había recomendado a Guaidó destituir a Rodríguez Laprea –que según Ismael León (diputado 2016-2021) fue postulado por AD- e iniciar una depuración de la directiva, pero los choques internos en el G4 llevaron a que la comisión especial de la que Pirela es parte, emitiera un informe en noviembre que enfilaba las responsabilidades en contra de la entonces presidenta de Monómeros, Carmen Elisa Hernández –promovida por VP.
La dupla se fue acercando al entorno más íntimo del fallecido presidente hasta que, para el año 2010, ya prácticamente no había distancias: ella era la enfermera de cabecera del mandatario y él dirigía el Departamento de Seguridad del palacio presidencial.
El Ministerio Público (MP) imputó a 10 policías de los estados Barinas y Portuguesa por los delitos de extorsión, privación ilegítima y abuso de autoridad que ejercieron contra campesinos, informó este jueves el titular del despacho, Tarek William Saab.
«En las últimas horas, el Ministerio Público ha imputado a 10 funcionarios policiales de los estados Portuguesa y Barinas que realizaron delitos de extorsión, privación ilegítima y abuso de autoridad contra honestos productores campesinos», escribió Saab en su cuenta de Twitter.
El pasado 21 de abril, el ministro del Interior, Remigio Ceballos, anunció la creación de una «coordinación de seguridad rural nacional» que debe atender los problemas de violencia e inseguridad que afectan a los productores del campo venezolano.
Así lo reconoció la funcionaria designada por el Parlamento en diciembre de 2019, durante una interpelación de la Comisión de Contraloría de la AN-2015, que se extendió por cuatro horas.
En ese lapso, los diputados Ismael García (VP), José Luis Pirela (Fracción 16-J), Ismael León (Alianza del Lápiz) y Marco Aurelio Quiñones (VP) interrogaron de manera incisiva a Bracho sobre diversas situaciones irregulares que ellos mismos han denunciado públicamente en el funcionamiento de Monómeros.
El pasado 29 de mayo se realizó la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. El izquierdista Gustavo Petro y el populista Rodolfo Hernández fueron los candidatos más votados y disputarán la segunda vuelta el 19 de junio.
El gobierno nacional no esconde que VenApp tiene un propósito político. Los mensajes promocionales que invitan a descargar la aplicación la asocian con el “sistema 1×10 del Buen Gobierno” que el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) usa para hacer campaña de cara a las presidenciales de 2024.
La máxima dirección del Psuv promete gestionar de forma casi expedita las problemáticas sociales de distinta índole a cambio de que los ciudadanos se registren en la llamada “Red Social de Venezuela”
«La corrupción mata», fue una de las expresiones esgrimidas en el evento organizado por el Instituto Republicano Internacional, que contó, entre otros invitados, con el viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios de República Dominicana, Jatzel Román.
«El otro día supimos que el ministro de Medioambiente de mi país fue asesinado por un amigo que quería aprovechar su posición» señaló Román tras recordar el asesinato de su compañero de gabinete, Orlando Jorge Mera, en su oficina el pasado lunes.
Aun así, según Román, la lucha contra la corrupción no debe recaer exclusivamente en la Justicia y se deben articular medidas para prevenir esta lacra que afecta «a todos los países de la región», pero especialmente a «países autoritarios, como es el caso de Venezuela y Nicaragua».
En la reunión del 25 de mayo, el fiscal impuesto por la extinta constituyente, Tarek William Saab, y la ministra Magaly Gutiérrez Viña se planteó “centralizar todas las solicitudes de nuestros fiscales (del MP) en la Dirección del Despacho” de la cartera de salud.
Saab planteó la necesidad de un registro digital de los médicos adscritos al Ministerio de Salud, para que las direcciones generales Contra Delitos Comunes y Contra la Corrupción “puedan consultar e interactuar con las diferentes direcciones de MPPS, cuando se denuncien hechos irregulares en centros de salud”.
A la saga que rodea al avión venezolano-iraní retenido en el Aeropuerto de Ezeiza, en Argentina, con cinco tripulantes iraníes, ahora se sumó Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, quien advirtió sobre el ingreso de terroristas a la región y la conexión entre el régimen de Nicolás Maduro y “el lavado de dinero con empresas iraníes”.
“Esto que ocurre es una lucha entre la democracia y el autoritarismo global, que tiene presencia a través de Maduro y (Daniel) Ortega -presidente de Nicaragua- y este avión es evidente. Son cosas que ya venimos denunciando con el tema de lavado de dinero con empresas iraníes en Venezuela”, advirtió Guaidó.
Así, Elvis Amoroso informó a los diputados que el año pasado sus subalternos en la Contraloría General de la República (CGR) realizaron 7.055 inspecciones directas a empresas, organismos públicos y obras en ejecución.
Según el contralor general Elvis Amoroso su despacho hizo también 21.540 actuaciones fiscales (auditorías y otros procedimientos) y analizó 234.979 declaraciones juradas de patrimonio presentadas por funcionarios públicos.