América Latina -con excepción de Uruguay, Chile y Costa Rica- sacó una vez más malas notas en el índice mundial de corrupción dado a conocer este martes por Transparencia Internacional.
Parafraseando al célebre Gabriel García Márquez, podría hablarse de la “crónica de una mala noticia anunciada”. Una vez más, el continente latinoamericano presentó niveles altos de percepción de corrupción.
El instrumento clasifica 180 países y territorios según las percepciones de corrupción en el sector público, en una escala de 0 a 100, en la que cero equivale a «muy corrupto» y 100, a una muy baja corrupción.
El promedio de las Américas se mantiene en 43, y casi dos tercios de los países obtienen una puntuación inferior a 50.
Niños y niñas en zonas populares de Venezuela siguen presentando desnutrición aguda. Así lo aseguró Lesbia Cortez, coordinadora de la organización no gubernamental (ONG) Cáritas de Venezuela.
La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA por sus siglas en inglés) estimó que para el cierre del año 2022 en Venezuela cerca de 9.000 niños y niñas menores de 5 años de edad sufrían de desnutrición aguda.
Cortez detalló que muchos niños presentan una desnutrición del 4 %. Explicó que esto resulta perjudicial para su salud debido a que se encuentran en etapa de desarrollo.
Me atrevo a decir que en 2022 se mantendría este nivel de desnutrición infantil, porque los niños se están alimentando, pero no consumen proteínas diarias ni llevan una alimentación balanceada. Eso lo corroboramos actualmente en las visitas a las comunidades”, dijo la representante de Cáritas para el diario La Prensa de Lara.
Durante la presentación de la Memoria y Cuenta del año 2022, el gobernador del Zulia, Manuel Rosales, aseveró que el estado se encamina «a superar la pesadilla de los últimos tiempos y a recuperar el sitial de prosperidad que nunca debió perder».
Asimismo, Rosales enfatizó que afrontar la destrucción del Zulia en lo político ha sido una tarea compleja y desafiante. De esa manera se refirió a la gestión de Omar Prieto (PSUV) desde 2017 hasta 2021.
Cuando el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa le dio luz a la creación del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), significó uno de los avances más importantes en la preparación de mano de obra como experiencia innovadora en materia de enseñanza y de formación técnica, en actividades fundamentales para el país: mecánica, electricidad automotriz, entre muchos otros.
Durante años fue una institución muy prestigiosa. La revolución bolivariana lo convirtió en Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), ente que ahora utiliza como arma para la destrucción de la carrera periodística, que ya tuvo un intento anterior el año pasado cuando se pretendió reformar la Ley de Ejercicio del Periodismo y reducir la carrera periodística a un curso de tres meses.
De acuerdo con el informe presentado por la organización no gubernamental, Espacio Público, en Venezuela al menos 284 emisoras han sido cerradas por el oficialismo en los últimos 20 años.
La afectación para la radio por la censura del gobierno es notable, pues esta cifra corresponde al 71% del total de medios de comunicación, que han sido cerrados en ese mismo periodo.
De acuerdo con el medio NTN24, que hace también un reporte sobre el tema, en el año 2022 fueron cerrados unos 80 espacios radiofónicos. Lo que significa que 2022 cerró como el año con más medios clausurados en el país.
El Parlamento de Venezuela, de mayoría oficialista, aprobó este martes, en primera discusión, una ley que regulará el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales, al considerar que muchas de estas son «apéndices» del gobierno de Estados Unidos.
«Comenzaron con fines sociales, humanitarios, pero hoy las ONGs que operan en nuestro país tienen que ver exclusivamente, casi todas, con el ámbito político, con el fin preciso de generar desestabilización en nuestro país», afirmó el diputado Diosdado Cabello, poderoso dirigente del chavismo.
De entrada, dijo que manejan una lista de 62 organizaciones no gubernamentales «que operan con fines absolutamente políticos» y son financiadas por países como Estados Unidos, considerado el principal enemigo de la administración del presidente Nicolás Maduro.