La desaparición forzada, un delito de lesa humanidad

La desaparición forzada, un delito de lesa humanidad

Rocío San Miguel Directora de la ONG Control ciudadano fue detenida el 09 de febrero en Venezuela, pero fue 4 días después que su paradero fue dado a conocer por el Fiscal General Tarek William Saab . Este es el ejemplo más reciente en Venezuela de lo que se conoce como desaparición forzada.

Así fue calificado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos antes que se conociera donde estaba recluida.

Este tipo de delitos es investigado por la Corte Penal Internacional órgano creado por el Estatuto de Roma, quien en su artículo 7 señala: “la desaparición forzada se entiende como “la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado”.

En Venezuela diversas organizaciones no gubernamentales como Foro Penal, califican la desaparición forzada como una herramienta de represión política que también incluye detenciones arbitrarias y torturas.

Este mecanismo ilegal se ha registrado con mayor énfasis durante la gestión de Nicolás Maduro. En 2018, hubo al menos 200 casos de desapariciones forzadas, y en 2019 al menos 524 casos, con una duración promedio de cinco días según lo arrojó una investigación realizada por la organización no gubernamental Foro Penal, y Robert F. Kennedy Human Rights, una organización sin fines de lucro con sede en Washington, D.C.

La desaparición forzada de voceros contrarios al régimen chavista es una estrategia dirigida a generar terror en las víctimas, extendiendo esta sensación a su círculo de familiares y amigos y a la sociedad en general, como mecanismo para acallar las voces críticas.

El mecanismo bajo el cual se efectúan estas detenciones ilegales comienza en algunos casos con violentas y sorpresivas capturas que en muchas ocasiones no se conocen sino tiempo después cuando los familiares reportan su desaparición. Es allí cuando los abogados comienzan un periplo por las sedes de detención política (Sebin, Dgcim) y la mayoría de las veces no obtienen información sobre su paradero. Mientras tanto la persona secuestrada sufre vejámenes psicológicos y físicos por parte de los cuerpos de seguridad. Luego de un lapso de cinco días aproximadamente, el régimen da a conocer los cargos bajo los cuales sostiene la detención, previo a esto se efectúa una audiencia en los tribunales penales en el cual no están presentes los abogados del detenido ni sus familiares.

Según el último informe del alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas las autoridades venezolanas no han investigado ni procesado a los responsables ni han proporcionado reparaciones a las víctimas. Las violaciones y los crímenes del SEBIN y la DGCIM continúan hasta hoy. Se mantienen las mismas estructuras, patrones y prácticas. Varios de los funcionarios encargados de  estas detenciones,  siguen trabajando para estos organismos y en algunos casos han sido ascendidos. El análisis de la Misión detalla, en definitiva, cómo esta maquinaria fue puesta en marcha por el presidente Maduro y otras autoridades de alto nivel como parte de un plan deliberado del Gobierno para reprimir la crítica y la oposición.

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