La promesa incumplida de Maduro: llegar a diciembre con cero fallas de agua y luz

La precariedad de los servicios públicos en Venezuela comenzó con la crisis eléctrica en el año 2009, esto hizo que poco a poco el resto de las empresas que proveían otros servicios cayeran en una espiral de deterioro. Sin embargo, pocos recuerdan que la precariedad en la prestación del Estado para cubrir estas necesidades a la población se inició con la estatización y nacionalización de las empresas dedicadas a proveer luz, agua potable, telefonía y gas.

El aumento de las tarifas no ha generado una mejora de los servicios públicos, los cuales siguen presentando constantes fallas que afectan de múltiples formas a la población. La administración de Nicolás Maduro prometió que al cerrar 2022 todas las familias venezolanas tendrían electricidad y agua constante. Pero falló.

Al día Contra la Corrupción: Del 16 al 23 de diciembre 2022

Juez desestimó una demanda de Samark López para tratar de levantar sanciones

El magnate venezolano alegó en junio de 2021 ante una corte federal de Washington que era víctima de una campaña falsa que lo identifica como un capo internacional del narcotráfico por sus vínculos con Tareck el Aissami, también designado en 2017. A los dos los acusaron ​​penalmente en un tribunal federal de Nueva York por supuestamente violar las restricciones cuando utilizaron varios proveedores con sede en Miami para organizar vuelos chárter a Rusia y otros lugares.

Un juez federal concedió al Departamento de Estados de Estado Unidos una solicitud para desestimar una demanda presentada por Samark López. El magnate venezolano, señalado de ser el presunto testaferro de Tareck el Aissami, pretendía lograr el levantamiento de las sanciones por narcóticos impuestas en su contra en 2017.

“Juez federal concede al Departamento del Tesoro (una) solicitud para desestimar una denuncia presentada por el magnate venezolano Samark López que busca levantar las sanciones por narcóticos impuestas en 2017”, informó el periodista Joshua Goodman.

Oposición aprueba el fin del gobierno interino en primera discusión

Con 72 votos a favor –según la cuenta de secretaría– se aprobó la propuesta de reforma del Estatuto que Rige la Transición Hacia la Democracia que suprime la presidencia encargada y todos sus órganos, entes y disposiciones salvo aquellas relativas a la protección de activos en el exterior, este jueves 22 de diciembre. El proyecto de continuidad del gobierno interino, promovido por Juan Guaidó, recibió 23 votos a favor.

Hubo nueve abstenciones de dirigentes que no respaldaron ninguno de los dos planteamientos y que abogaron por declarar sesión permanente para crear una tercera propuesta de reforma. Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano) y Gaby Arellano (exVoluntad Popular) destacaron en este grupo.

Embajador Benedetti: “Hay funcionarios que hacen lo posible para que siga el contrabando”

En una entrevista con el medio colombiano El Tiempo, Armando Benedetti, embajador de Colombia en Venezuela, estimó que en 2022 las exportaciones desde su país alcanzarían de 800 a 1.000 millones de dólares, lo que equivale a 300% más de lo que fue el año pasado.

Sin embargo, señaló que las mafias de la frontera podrían quedarse con un alto porcentaje.

«Si haces las cuentas que este año vamos a llegar a 800 o a 1.000 millones de dólares en las exportaciones colombianas a Venezuela, que es el 300 % de lo que fue el año pasado», aseveró.

Cuerpos de seguridad del Estado son parte del accionar violento que vulnera los DDHH en zonas fronterizas de Venezuela

Diferentes grupos armados se han adueñado del territorio fronterizo, ante la mirada indiferente de las autoridades; tal es el caso de los estados Apure y Bolívar donde se han generado graves daños a la población civil, con saldos importantes de afectaciones a la vida y propiedad, siendo esto parte de los hechos violentos en frontera durante el mes de noviembre, y que FundaRedes refleja en su informe de Contexto Fronterizo.

En este contexto, destaca la proliferación de actividades relacionadas con la esclavitud moderna, narcotráfico, detenciones arbitrarias, deficiencia en la prestación de los servicios públicos y atención hospitalaria que, vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos, quienes no tienen una respuesta oportuna para superar las condiciones precarias en que se encuentran.