La actuación del Ministerio Público se desconoce más allá de las ruedas de prensa donde se ofrecen datos sueltos. Con cifras a discrecionalidad del fiscal impuesto por la asamblea constituyente, Tarek William Saab, tener un estimado de delitos anuales o tan siquiera del seguimiento a tramas de corrupción como Pdvsa Cripto —sometida a la discrecionalidad de la Policía contra la Corrupción— se complica.
Desde 2015, durante la gestión de Luisa Ortega Díaz, el MP no publica informes de gestión. Acceso a la Justicia señaló en un análisis sobre la actuación hasta 2018 de este organismo que, con base en el artículo 5 de la Constitución, los poderes públicos están obligados a rendir cuentas ante quienes ostentan la soberanía, es decir, ante los ciudadanos en aras de garantizar el derecho del acceso a la información pública.
La Corte Penal Internacional (CPI) anunció una prórroga para la evaluación de denuncias de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La medida fue tomada por el organismo debido al gran volumen de formularios que llenaron los venezolanos.
La Sala de Cuestiones Preliminares primera de la CPI había invitado a las presuntas víctimas y sus representantes legales a completar las planillas y enviarlas desde el 18 de noviembre de 2022 hasta el 7 de marzo de 2023, aunque la recepción comenzó en diciembre. En ese plazo se recibieron más de 2.000 formularios de denuncias.
La empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) estaría cargando esta semana un barco petrolero con crudo y combustible que sería enviado a la isla de Cuba, según precisaron unos documentos marítimos a los que tuvo acceso Reuters.
Cabe resaltar que se está cargando un volumen «inusualmente grande» de hidrocarburos, puesto que la finalidad es ayudar a superar la «crisis energética» que padece la isla caribeña.
No obstante, el superpetrolero de bandera panameña, llamado «Nolan«, está cargando 400.000 barriles de fuel oil en la terminal de José en el estado Anzoátegui, para generación de energía.
Llevará, además, 1,13 millones de barriles de petróleo pesado venezolano. El barco tiene previsto partir a Cuba a finales de este mes en curso.
La directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, señalaba que el monto del desfalco por la trama de la corrupción en Pdvsa, que algunos ubican en 3.000 millones de dólares, equivale a un tercio del presupuesto de la nación.
Con una asignación de apenas 7,44% del Presupuesto 2023, la crisis del sector salud amenaza con prolongarse y dejar a la inmensa mayoría de los venezolanos sin más opciones que acudir a una red hospitalaria colapsada, sin insumos ni personal especializado, ante la imposibilidad de costear un seguro privado, señala un informe de la ONG Transparencia Venezuela.
La Academia Nacional de Ciencias Económicas expresó el lunes su preocupación por el crítico nivel de ingresos de los venezolanos. Hace un año, señaló, el salario mínimo mensual equivalía 30 dólares, y actualmente apenas supera los 5 dólares, una situación que revela la deplorable remuneración de una parte importante de la población, muy por debajo de las condiciones mínimas de existencia.
“Es preocupante el deterioro del poder de compra de aquellos que dependen de sueldos y salarios o de rentas fijas ante el alza incontrolada de los precios. Ello es particularmente grave para los empleados del sector público, los pensionados y jubilados y aquellos que dependen de un salario mínimo”, dijo la Academia en un comunicado.
El Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, tomó el control de Petrozamora en septiembre con la esperanza de gestionar directamente sus exportaciones, indicó la agencia estadounidense. En ese momento, la rusa GPB calificó la medida de “expropiación ilegal de activos.
Venezuela otorgó una participación en una empresa mixta petrolera clave a una compañía poco conocida llamada GazMin International Group, casi seis meses después de habérsela expropiado a ejecutivos rusos, según fuentes con conocimiento directo del asunto.
Gazmin ahora tiene una participación del 40% en Petrozamora SA, mientras que la estatal Petróleos de Venezuela SA posee el otro 60%, dijeron las fuentes que pidieron no ser identificadas porque la decisión no ha sido anunciada formalmente, según una nota de Bloomberg.