Por primera vez llega a juicio en España un caso por corrupción del gobierno de Venezuela

Por primera vez llega a juicio en España un caso por corrupción del gobierno de Venezuela

Los hechos que se analizaran en el juicio comenzaron en 2009 en medio de la crisis energética en Venezuela cuando se habría registrado una adjudicación directa realizada por el gobierno de Hugo Chávez  para la construcción de la central eléctrica, por el orden de USD 1.500 millones. Transparencia Venezuela señala que la Fiscalía Anticorrupción española cuenta con pruebas en el expediente que indican que la empresa española Duro Felguera habría utilizado sociedades pantallas para simular falsos contratos de asesoramiento que le permitieron el desvío de USD 105 millones, que se habrían utilizado para pagar sobornos a funcionarios venezolanos.

Luego de varios años la Audiencia Nacional de Madrid confirmó las acusaciones en este caso de supuestos sobornos contra el exviceministro de Electricidad y Desarrollo, Javier Alvarado Ochoa, la asesora del Ministerio de Energía y Petróleo, Julia Elba Van Den Brule, el exdirector de Finanzas de la Electricidad de Caracas, Luis Carlos de León Pérez y su esposa Andreina Gámez Rodríguez, algunos de ellos con domicilio en España. Los involucrados en este caso que lleva más de siete años de investigación, son acusados por los delitos de corrupción y blanqueo de dinero en la operación que involucra a la Compañía Anónima Eléctrica de Caracas, filial de Corpoelec, y a la compañía de Asturias Duro Felguera.

“Se afirma que los investigados Juan Carlos Torres Inclán y Ángel Antonio del Valle Suárez, responsables de Duro Felguera, decidieron entregar varias cantidades de dinero (hasta, al menos, un total de USD 105 millones al investigado Nervis Villalobos, por sociedades interpuestas (“Terca C. A.” e “Ingespre”), con el fin de que este usara su capacidad de influencia en la administración venezolana en beneficio de esa empresa”, indica el auto judicial al que tuvo acceso Transparencia Venezuela. “Con este objetivo, las personas investigadas crearon una estructura societaria a través de la cual se realizaron transferencias bancarias. Así se hizo llegar su soborno a cada funcionario investigado desde enero de 2009 hasta, al menos, marzo de 2013”, detalla el escrito.

Según la investigación detallada en el sitio web Voz Pópuli, el desembolso del dinero malversado se realizó en tres entregas: una de USD 25 millones registrada en 2008 a través de la sociedad de papel Técnicas Reunidas (Terca C.A.), que sería propiedad de Luis Jesús Barrios Meleán, investigado como posible testaferro de Villalobos El segundo pago, por casi USD 54 millones, se habría pagado también en 2008 y el tercer y último desembolso en el año 2011 en cuentas bancarias suizas que estarían a nombre de esta compañía de papel a través de la empresa Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía C.A., que estaría vinculada con Villalobos, por 26,7 millones de euros.

“Una suerte de ingeniería financiera destinada a encubrir la recepción de fondos de ilícita procedencia, y su movimiento a través de diversas cuentas y entidades para culminar en actos de enriquecimiento personal y adquisición de bienes que, si bien figuraban intitulados a nombre de otras personas o entidades, acababan siendo disfrutadas, ya como vivienda o como inversión por los encausados”, relatan en el auto judicial.

La investigación de la Fiscalía Anticorrupción -citada en un artículo de Voz Pópuli-     señala que algunos de los exfuncionarios venezolanos investigados, compraron propiedades en Madrid después de haber recibido esos supuestos sobornos.

Este proceso penal se había visto frenado por recursos interpuestos por los abogados defensores de los implicados que alegaban entre otras cosas la supuesta prescripción de los delitos, pero esto fue rechazado por la justicia española. Hasta ahora se desconoce la fecha de inicio del juicio.

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