Durante los últimos años, Venezuela se ha caracterizado por tener básicamente dos clases sociales: la del ciudadano de a pie, que lucha diariamente por sobrevivir a la crisis económica generada por el chavismo, y la élite de la burbuja que disfruta de un país “premium”. Eso lo saben muy bien los integrantes del clan de Nicolás Maduro, quienes ahora apuestan a crear espacios para que esa élite, en gran medida compuesta por “enchufados”, pueda derrochar dinero y, a su vez, le dé sustento al eslogan de “Venezuela se arregló”.
Uno de esos lugares es la Posada Isla Piscina, ubicada en la isla que lleva el mismo nombre y que se encuentra dentro del Parque Nacional Mochima. El origen oscuro y confuso de la estancia turística contrasta con las aguas cristalinas que la rodean.
Recientemente fue presentado el primer Atlas de Impunidad mundial durante la Conferencia de Seguridad de Múnich. El atla confeccionado por el Eurasi Group y el Chicago Council on Global Affairs, es una investigación exhaustiva que rastrea el abuso del poder en cinco dimensiones sociales.
Venezuela -advierte el Atlas- es un país especialmente afectado por la impunidad. Ocupa el puesto 11 en el Atlas, lo que refleja un nivel de impunidad superior al de Haití (15º) y al de Nicaragua (38º), en gran medida como resultado del régimen autoritario de Nicolás Maduro, que ha intensificado la represión incluso mientras adopta un enfoque más pragmático de la economía.
Un total de 45 partidos comunistas y obreros de todo el mundo suscribieron una declaración conjunta para condenar los supuestos planes de la administración de Nicolás Maduro de intervenir al Partido Comunista de Venezuela (PCV).
«Condenamos enérgicamente los planes dirigidos a asaltar por medios fraudulentos su Dirección Política, ya sea a través de una ilegal intervención administrativa (vía Consejo Nacional Electoral) o judicial (vía Tribunal Supremo de Justicia), lo cual configuraría una clara, indebida y abusiva injerencia en la vida interna del PCV», afirmaron las organizaciones integrantes del Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros (EIPCO) en la misiva publicada este domingo 26 de febrero.
Ante la Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional de este 23 de febrero, la junta directiva ad hoc de Pdvsa rindió cuentas.
.Con respecto al balance de la protección de activos de la petrolera venezolana en el exterior del país, sobre lo cual, Horacio Medina, Presidente de JA Ad Hoc Pdvsa, señaló que hasta la fecha al menos 40 millones de dólares han sido ejecutados en gastos de litigios y aclaró “no existe posibilidad que desde Citgo ni desde la Juanta Administradora de Ad Hoc, podamos producir pagos que no este bajo la figura de una licencia autorizada por Ofac”.
La Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA, por sus siglas en inglés) calificó como “grave” la situación de los profesores de las universidades públicas en Venezuela.
“Esta alerta corresponde al deterioro de sus salarios y condiciones de trabajo, no pueden ejercer adecuadamente sus labores académicas”, detalló el informe que fue compartido el sábado 25 de febrero. De acuerdo con la LASA, la escasa remuneración afecta directamente a la libertad académica y el derecho a la educación de los estudiantes universitarios, lo que podría comprometer el desarrollo científico y social del país.
La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) llamó a una marcha nacional el lunes 27 de febrero, y a un paro de actividades por 48 horas a partir del martes 28. Las protestas por mejores salarios ha sido una constante desde el 9 de enero de este año. Inicialmente convocada por docentes de educación básica, también se han sumado los profesores universitarios y el sector salud.