Primero Justicia judicializado

Primero Justicia judicializado

El partido Primero Justicia integrado por  Henrique Capriles y Julio Borges pasó a manos del diputado a la Asamblea Nacional José Brito quien dentro de las filas de la tolda aurinegra lo acusan de traicionar a la oposición y negociar con el régimen de Nicolás Maduro.

Luego de un recurso que él mismo solicitó junto a Conrado Pérez, el Tribunal Supremo de Justicia designó a José Brito como presidente «ad hoc» de Primero Justicia. Según la sentencia de la Sala Constitucional del máximo tribunal,  se le autoriza a usar la tarjeta de PJ y administrar los bienes del partido político.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó además “llevar adelante el proceso de reestructuración necesario de la organización con fines políticos ‘Movimiento Primero Justicia’, presidida por el ciudadano José Dionisio Brito”, según el extracto de la  sentencia publicada en la página web del Tribunal Supremo de Justicia.

También se le ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) “de manera provisoria, abstenerse de aceptar cualquier postulación para procesos electorales que no sea acordada conforme a los procedimientos de rigor, por la Junta Directiva Ad Hoc”.

El pasado 15 de marzo, Brito le había solicitado al TSJ aclarar el estatus legal de la tarjeta de Primero Justicia, intervenida judicialmente el 16 de junio de 2020.

Este dictamen llega en un momento donde Venezuela vive un complejo momento electoral, y en el cual aún quedan por decidirse otras acciones intentadas ante el TSJ que podrían cambiar el panorama de cara a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.

Como se recordará el tribunal supremo de Venezuela ordenó igualmente este año la suspensión de los efectos de las elecciones primarias opositoras en la que resultó electa María Corina Machado y la ratificación de su inhabilitación, decisiones que fueron objetadas por la Organización de Naciones Unidas (ONU) quien las calificó con evidencia de “las graves dificultades que existen para garantizar que las próximas elecciones presidenciales se desarrollen de conformidad con el derecho a participar en los asuntos públicos previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, apuntó en marzo de este año Marta Valiñas, presidenta de la Misión de la ONU.

Hasta ahora el fallo completo de la Sala Constitucional se desconoce ya que no ha sido publicado en su página web.

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