Las sanciones financieras que en 2017 la administración de Donald Trump impuso sobre Venezuela y luego las petroleras en 2019, no han logrado el efecto deseado que era propiciar un cambio de gobierno. Más bien han tenido consecuencias indeseadas sobre la población, como ha sido reiterado por expertos, al agudizarse la emergencia humanitaria y, por su puesto, sobre la industria petrolera, cuya gestión ha estado signada por una mayor opacidad durante este período.
“Las consecuencias de las sanciones fueron inmediatas”, asegura Francisco Monaldi, director del Programa de Energía para América Latina del Instituto Baker de la Universidad Rice en Houston. Recordó que antes de las sanciones Petróleos de Venezuela (Pdvsa) producía alrededor de 1,3 o 1,4 millones de barriles y, al implementarse las medidas, cayó a 800.000 a 900.000 barriles. Luego, en el año 2020, vinieron las sanciones secundarias, que “complicaron muchísimo las cosas”.
El gobernador del estado Trujillo, Gerardo Márquez, se sumó a las fuertes críticas en contra del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), asegurando que “en el sistema judicial hay un cartel que juega con la libertad de los detenidos”.
Tal Cual difundió las declaraciones de Márquez, quien celebró la proximidad de la designación en la AN un nuevo TSJ con magistrados nuevos, de otro nivel, para de verdad acabar con algunas mafias que se habían enquistado en el Poder Judicial. «Hay que decirlo. Yo no tengo temor”.
Desde enero de 2020 al día de hoy, la Asamblea Nacional electa en 2015, presidida por Juan Guaidó y cuyo mandato fue prorrogado por decisión de su plenaria hasta diciembre de 2022, dejó de publicar la asistencia de sus diputados a las sesiones del pleno y de la Comisión Delegada.
No hay una explicación oficial —jurídica o política— para la decisión de suspender la publicación de tal información de carácter público. Para 2020 todavía estaba vigente el período constitucional de cinco años de esa AN y la oposición en torno a Guaidó conservaba 100 curules en su poder; esa cantidad, sin ser los dos tercios con los que había ganado en 2015, era más que suficiente para sesionar y tomar decisiones.
Los señalados vendían el combustible a una empresa privada dedicada a la producción avícola a 0,90 dólares el litro, y usaban huellas dactilares de terceros para justificar la venta de la gasolina o el diésel.
Pdvsa enfrenta un nuevo impuesto sobre sus unidades holandesas luego de perder un juicio a favor de Bariven, una empresa fundada por un empresario que fue a prisión en Estados Unidos por pagar sobornos a funcionarios venezolanos: la cifra se trata de 52,6 millones de dólares.