A través de un comunicado, la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga) alertó sobre las medidas “extorsivas” que siguen siendo aplicadas a los productores y trabajadores del campo. Entre estas, destacaron el tema de las guías de movilización, lo que retrasa trámites tradicionales para la comercialización de productos.
Para Fedenaga y sus agremiados, este escenario solo entorpece al sector productivo del país, trata a los productores como contrabandistas y no garantiza la disminución del contrabando de extracción.
TalCual junto a El Tiempo de Anzoátegui, Correo del Caroní de Bolívar, La Mañana de Falcón, El Impulso de Lara, La Nación de Táchira y Yaracuy al Día se unieron para ofrecer testimonios y detalles de cómo las restricciones e irregularidades en el acceso a los carburantes no mejoran y cuánto afectan y merma aún más la calidad de vida de los habitantes de un país que se mueve a punta de combustible.
Un juez federal de Estados Unidos rechazó retrasar el juicio previsto para el próximo 27 de junio contra la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén, conocida como la “enfermera” de Hugo Chávez y que responderá por tres delitos relacionados con lavado de dinero.
La abogada Marissel Descalzo había solicitado esta semana a la corte en Fort Lauderdale, al norte de Miami, retrasar el juicio unos días debido a asuntos personales y al “voluminoso” expediente.
Sin embargo, el juez a cargo, William P. Dimitrouleas, negó esa petición y además adelantó del 24 al 22 de junio una audiencia previa al juicio, en el que Díaz Guillén enfrenta cargos de “conspiración para cometer blanqueo de capitales” y “blanqueo de capitales”.
Bracho envió una carta a la comisión en la que informaba que no podía comparecer por razones de fuerza mayor, sin precisar los motivos, lo que provocó que la mayoría estuviese de acuerdo en volver a citar a la ingeniera y hacer presión para no generar más demoras en un proceso que pidió la AN en noviembre del año pasado, cuando acordó reestructurar la compañía con sede en Colombia por escándalos de corrupción.
Ya en septiembre del año pasado, la comisión de Contraloría de la AN2015 había recomendado a Guaidó destituir a Rodríguez Laprea –que según Ismael León (diputado 2016-2021) fue postulado por AD- e iniciar una depuración de la directiva, pero los choques internos en el G4 llevaron a que la comisión especial de la que Pirela es parte, emitiera un informe en noviembre que enfilaba las responsabilidades en contra de la entonces presidenta de Monómeros, Carmen Elisa Hernández –promovida por VP.
La dupla se fue acercando al entorno más íntimo del fallecido presidente hasta que, para el año 2010, ya prácticamente no había distancias: ella era la enfermera de cabecera del mandatario y él dirigía el Departamento de Seguridad del palacio presidencial.
La presidenta de la junta administradora ad hoc de Pequiven, Diana Bracho, admitió que en febrero de este año esa junta designó a dos directivos principales de Monómeros y cinco suplentes, sin notificar a la Asamblea Nacional electa en 2015.
Así lo reconoció la funcionaria designada por el Parlamento en diciembre de 2019, durante una interpelación de la Comisión de Contraloría de la AN-2015, que se extendió por cuatro horas.
En ese lapso, los diputados Ismael García (VP), José Luis Pirela (Fracción 16-J), Ismael León (Alianza del Lápiz) y Marco Aurelio Quiñones (VP) interrogaron de manera incisiva a Bracho sobre diversas situaciones irregulares que ellos mismos han denunciado públicamente en el funcionamiento de Monómeros.
El pasado 29 de mayo se realizó la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. El izquierdista Gustavo Petro y el populista Rodolfo Hernández fueron los candidatos más votados y disputarán la segunda vuelta el 19 de junio.
La participación activa de los ciudadanos, especialmente de colectivos vulnerables, es fundamental para combatir la corrupción en los países del continente americano, coincidieron este martes activistas y políticos durante un panel organizado en el marco de la IX Cumbre de las Américas.
«La corrupción mata», fue una de las expresiones esgrimidas en el evento organizado por el Instituto Republicano Internacional, que contó, entre otros invitados, con el viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios de República Dominicana, Jatzel Román.
«El otro día supimos que el ministro de Medioambiente de mi país fue asesinado por un amigo que quería aprovechar su posición» señaló Román tras recordar el asesinato de su compañero de gabinete, Orlando Jorge Mera, en su oficina el pasado lunes.
Aun así, según Román, la lucha contra la corrupción no debe recaer exclusivamente en la Justicia y se deben articular medidas para prevenir esta lacra que afecta «a todos los países de la región», pero especialmente a «países autoritarios, como es el caso de Venezuela y Nicaragua».
En la reunión del 25 de mayo, el fiscal impuesto por la extinta constituyente, Tarek William Saab, y la ministra Magaly Gutiérrez Viña se planteó “centralizar todas las solicitudes de nuestros fiscales (del MP) en la Dirección del Despacho” de la cartera de salud.
Saab planteó la necesidad de un registro digital de los médicos adscritos al Ministerio de Salud, para que las direcciones generales Contra Delitos Comunes y Contra la Corrupción “puedan consultar e interactuar con las diferentes direcciones de MPPS, cuando se denuncien hechos irregulares en centros de salud”.
Poco quedó de la rendición de cuentas que Elvis Amoroso, contralor general de la República impuesto por la cuestionada Constituyente, hizo ante la Asamblea Nacional hace un par de meses. Más allá de las amenazas a Juan Guaidó y al sector privado- específicamente contra los comerciantes, que ni son objeto de su competencia- Amoroso ofreció solo pinceladas sobre lo que hizo su despacho por la lucha contra la corrupción en Venezuela durante el 2021.
Así, Elvis Amoroso informó a los diputados que el año pasado sus subalternos en la Contraloría General de la República (CGR) realizaron 7.055 inspecciones directas a empresas, organismos públicos y obras en ejecución.
Según el contralor general Elvis Amoroso su despacho hizo también 21.540 actuaciones fiscales (auditorías y otros procedimientos) y analizó 234.979 declaraciones juradas de patrimonio presentadas por funcionarios públicos.
En una carta abierta dirigida a la Cumbre de las Américas 2022, que se celebra esta semana en la ciudad de Los Ángeles, California – Estados Unidos, los capítulos de la región que hacen parte de Transparencia Internacional, junto con su junta directiva y su secretariado, instaron a utilizar el encuentro regional para comprometerse con el abordaje de la crisis de corrupción, el retroceso democrático y la erosión de los derechos humanos sin precedentes que atraviesa el continente.
Los capítulos de las Américas señalan que “para construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo”, se deben tomar “medidas contundentes contra la corrupción y abrir un espacio para que la sociedad civil y las personas puedan exigir la rendición de cuentas a quienes se encuentran en el poder”.
Aseguran que los líderes de las Américas deben aprovechar la oportunidad para aplicar políticas que apoyen la lucha contra la corrupción, la democracia y los derechos fundamentales, áreas en las que los Compromiso de Lima, firmados en 2018, plantearon una visión de futuro, e incluyeron elementos tradicionales como la transparencia y la integridad pública, así como el desarrollo de políticas para mejorar la cooperación internacional y la equidad entre géneros y etnias.
También asegura que los números en 2021 arrojaron buen desempeño de la filial de Pequiven, que le rinde cuentas constantemente a la directiva ad hoc de la petroquímica y al Gobierno interino y recalca que el activo venezolano no está en peligro, porque entre otras medidas, aseguró, la deuda con los proveedores fue saldada.
En entrevista telefónica con Efecto Cocuyo informó igualmente que consignaron ante el Gobierno de Estados Unidos, a través de la Embajada para Venezuela en Bogotá, los requerimientos necesarios para que se proceda a la renovación de la licencia de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac), fundamental para la operatividad de la empresa.
Gutiérrez asumió un segundo mandato al frente del máximo órgano judicial con un historial de polémicas sentencias que, entre otras cosas, implicaron la anulación de las atribuciones constitucionales del parlamento opositor electo en 2015 y echaron por tierra las denuncias de fraude tras los comicios de 2013.
Mucarsel-Powell, de origen ecuatoriano, confesó que han recibido presiones para «hacer excepciones» con algunos países que no cumplen con estas condiciones y subrayó que, en cualquier caso, la decisión corresponde al Gobierno Biden.
El hemisferio «sufre regímenes autoritarios que vulneran los derechos humanos con comportamientos dictatoriales como en Cuba, Venezuela y Nicaragua», expresó tajante Mucarsel-Powell, nombrada en abril pasado por el presidente Joe Biden asesora para la Cumbre de las Américas, que reunirá del 6 al 10 de junio a mandatarios de la región en Los Ángeles (California).
El mandatario, principal aliado de Vladimir Putin en la región, empieza a cobrar los primeros frutos de la campaña de blanqueamiento promovida desde Caracas a través de sus socios y del Grupo de Puebla. El apoyo directo del presidente argentino Alberto Fernández, dispuesto a mirar a otro lado ante las violaciones de derechos humanos en Venezuela, es sólo un anticipo de lo que vendrá a través de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).