Trabajadores públicos se movilizan este lunes 27 de febrero para continuar con el reclamo de un mejor salario, pues aseguran que los aproximadamente cinco dólares que devengan no son suficientes para cubrir sus necesidades y mucho menos las de sus familiares.
Entre pitos y consigas se realiza la protesta, que comenzó desde Plaza Venezuela y espera llegar hasta el centro de Caracas. Una de las consignas que gritan los trabajadores es «¿Cuál revolución? Este gobierno es hambre, miseria y corrupción«.
Entre los manifestantes se encuentran trabajadores de la educación, sector salud, jubilados y pensionados. Los gremios aseguran estar cansados de no contar con un sueldo que les permita cubrir sus gastos.
Un total de 261 muertes “atribuibles” a los habituales cortes de energía eléctrica que sufre Venezuela fueron documentadas en 2022 en centros de salud pública de este país, según un informe presentado por una ONG.
“Es un valor que deberíamos tener en cero o muy cerca de cero“, cuestiona la Encuesta Nacional de Hospitales, estudio hecho por la ONG Médicos por la Salud, considerada como referente ante la falta de cifras oficiales.
El partido Primero Justicia (PJ) anunció este viernes, la expulsión de Argelio Riera, alcalde del municipio Simón Bolívar, en Zulia. Según informaron, la decisión se debe a presuntas prácticas «no transparentes» y «manejo indebido de fondos públicos» durante su gestión.
«La información que recibimos es que sus prácticas en la gestión no son transparentes. Existen casos de manejo indebido de los fondos públicos, que deben ser destinados a darle solución a los problemas del pueblo del municipio Simón Bolívar», agregó la tolda amarilla.
Ante la Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional de este 23 de febrero, la junta directiva ad hoc de Pdvsa rindió cuentas.
.Con respecto al balance de la protección de activos de la petrolera venezolana en el exterior del país, sobre lo cual, Horacio Medina, Presidente de JA Ad Hoc Pdvsa, señaló que hasta la fecha al menos 40 millones de dólares han sido ejecutados en gastos de litigios y aclaró “no existe posibilidad que desde Citgo ni desde la Juanta Administradora de Ad Hoc, podamos producir pagos que no este bajo la figura de una licencia autorizada por Ofac”.
El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le presentó al Congreso de su país la primera evaluación sobre la lucha antinarcóticos desde que asumió la presidencia el presidente Gustavo Petro, así lo reseñó El Tiempo.
En esa evaluación, conocida en primicia por El Tiempo, señaló que Colombia debe mantener un robusto programa de erradicación forzosa de cultivos de coca, expandir la erradicación voluntaria y aumentar las operaciones de interdicción de cocaína y precursores químicos si es que quiere alcanzar la paz.
El reporte, por supuesto, evalúa a otros países de la región. En el caso de Venezuela, sostiene que hay preocupación por el aumento de los cultivos ilícitos en su territorio, algo que está convirtiendo a esta nación no solo en punto de tráfico sino de producción de drogas.
La Policía de Miami reportó que el venezolano José Manuel González Testino, a quien las autoridades de justicia de Estados Unidos acusaron por un caso de corrupción relacionado con Pdvsa, fue encontrado muerto junto con su hijo dentro de su residencia.
El hecho ocurrió la noche de este miércoles 1 de marzo, cuando los agentes se apersonaron a la residencia de González Testino, un apartamento en Coconut Grove, ubicada en una zona exclusiva de la bahía de Biscayne.
A poco más de un mes de aprobarse en primera discusión, la Ley para la Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en Venezuela, en la Asamblea Nacional (AN) de 2020, aún no comienza su consulta pública.
El polémico texto legal de 17 artículos, presentado por el jefe del Bloque de la Patria en el Parlamento, Diosdado Cabello, en la cámara, sin pasar previamente por la Comisión de Política Interior, señala en el artículo 15 que un juzgado puede ordenar la disolución definitiva de una ONG si determina que realiza actividades políticas y promueve o permite “actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República”.