Alí Daniels: “En Venezuela la justicia tiene dos caras, la peor y la mala”
La Asamblea Nacional finalmente designó al nuevo Tribunal Supremo de Justicia, que de acuerdo con expertos, de nuevo en realidad tiene muy poco. Para muchos el recién nombrado TSJ es una representación amplia de los distintos grupos de poder del chavismo, que comenzó a gestarse desde el mismo momento en que el gobierno, en voz del propio Nicolás Maduro, anunció una “reforma” del sistema judicial. Ali Daniels, profesor de derecho internacional humanitario y director de la ONG Acceso a la Justicia, conversó con nosotros acerca de las implicaciones y las consecuencias que tendrá la forma en que se nombró al máximo tribunal y cómo afectará la impartición de justicia.
12 de los 20 magistrados designados el martes 26 de abril, vienen del anterior período; lo que significa que 60% de los jueces del máximo tribunal repetirá. La mayoría de los que fueron reelectos vienen de las salas Constitucional, Penal, Político Administrativa y Electoral.
De los 20 magistrados, 16 tienen vínculos con el chavismo que se aprecian en su recorrido por la política nacional o en su actuación en cargos públicos. De estos, destaca Tania D’Amelio, ahora exrectora del CNE.
— La gente en general suele pensar que la forma en que se elige al TSJ no es con ellos, que la reforma del Sistema Judicial no es con ellos ¿Cómo le afecta a la población, a quien está esperando una sentencia en la cárcel o a quién tiene un juicio en contra el Estado por violación de sus derechos la forma en que se eligió el máximo tribunal?
—Le afecta y mucho. En Venezuela la violencia del Estado no es solo contra los opositores o los dirigentes políticos. La violencia del Estado es algo cotidiano diario y la mayor expresión es la humilde alcabala, todos sabemos lo que pasa ahí y cómo los ciudadanos comunes somos sus víctimas de manera cotidiana. Si hubiera un sistema judicial imparcial e independiente, al que uno pudiera recurrir a denunciar, ese problema se habría acabado; pero como justamente en Venezuela los tribunales no protegen a los ciudadanos, estos no tienen a donde ir. Vamos a ver otro caso cotidiano, si uno quisiera ir en contra de las tarifas de Fospuca, que a primera vista lucen excesivas, en un país normal un tribunal diría ‘estas tarifas cómo es que se disparan de esta manera, tienen que explicarme cómo se calculan’, pero lamentablemente en Venezuela estas situaciones no ocurren, porque los tribunales no están para proteger a los ciudadanos. No estoy hablando de Maduro, ni del Ministro de la Defensa, no, estoy hablando que nos afecta en las cosas cotidianas y si hubiera un Poder Judicial que protegiera los ciudadanos esas cosas no ocurrirían y siguen pasando porque los tribunales no están para protegernos.
— ¿Cuál es la cara de justicia en Venezuela?
— En Venezuela la justicia tiene dos caras, la peor y la mala. La peor es la de represión y la persecución y la mala es la de la justicia ordinaria, la justicia de los pobres en la que si usted no paga no va a tener el resultado que debería tener. En ambos casos eso se ha agravado por el hecho de que la justicia se ha convertido en una pirámide. Los jueces, en uno y otro caso, no deciden sino que cumplen órdenes. Unos para cumplir los objetivos de represión y los otros para cumplir lo que quienes le dan las órdenes han cobrado por temas de corrupción. Entonces, si voy a un tribunal es porque voy obligado, no porque yo quisiera, esto debido a que no hay confianza en ellos. Es esencial que se entienda que lo que ocurre en el Tribunal Supremo tiene una enorme repercusión en la ciudadanía, porque precisamente deja desvalido a los que deberían ser sujetos de protección.
El camino que llevó a los cambios
El profesor Daniels pone en contexto el camino recorrido para llegar a este resultado y explica que “de enero del año 2021 a enero de este año la Asamblea Nacional aprobó 39 leyes; de esas, 12 han sido o están relacionadas con el sistema de justicia, la última de las cuales es la del TSJ, 11 fueron aprobados en septiembre del año pasado”.
— ¿Por qué reforman ese paquete de 12 leyes vinculadas al sistema de justicia?
— Bueno, justamente porque venía el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. El hecho de que las leyes hayan empezado a aprobarse en septiembre nos está hablando de que hubo una programación para que coincidiera con la visita del Fiscal y decirle ‘mire aquí estamos haciendo cambios, mejoras al sistema de justicia’, que son las palabras que usa siempre Maduro, como si este fuera un sistema que funcionara y va a mejorar. Y en realidad, cuando uno va al fondo del asunto, son reformas vacías, no solo la del Tribunal Supremo, todas. Le pongo un ejemplo, se reforma en septiembre del año pasado el Código Orgánico de Justicia Militar; básicamente, para señalar que se prohibía el enjuiciamiento de civiles por parte de tribunales militares; sin embargo, tres meses después, en diciembre de ese mismo año, salió una sentencia del 9 de diciembre en la que se ratificó que un tribunal militar sí podía juzgar a un civil siempre y cuando motivara la decisión. Es decir, lo que da la norma reformada lo quita la Sala Constitucional.
— En esta reforma precisamente la Asamblea Nacional estableció que la Sala Constitucional no puede cambiar leyes, con lo que también cierra la puerta a la interpretación.
— Es verdad que la reforma establece la prohibición de que el TSJ legisle, sin embargo la misma Sala Constitucional, en una sentencia en respuesta a un recurso en contra de la reforma, señaló que ese cambió no impide la interpretación, siempre que no cambien la Ley. Así que es lo mismo, la van a poder cambiar, pero le ponen otro nombre.
— Pero eso es más discrecional
—Si, efectivamente es más discrecional. En todo caso la Sala Constitucional va a poder seguir legislando de otra forma, diciendo por ejemplo ‘esta es la aplicación de la norma tal’. Y la forma que consiguió el oficialismo para poner una especie de límite es que si una sala innova o interpreta una norma, siempre la sala Constitucional confirma o revoca lo que dice la norma.
— Háblenos de la reforma que se hizo en enero a la Ley del Tribunal Supremo de Justicia. A partir de esta nueva Ley ¿Puede considerarse espuria la designación de los magistrados?
— En primera instancia esta Ley tiene muchas novedades, no solamente la disminución del número de magistrados de 32 a 20, que todavía nadie explica la razón de esa disminución. Otro cambio importante, que está en la disposición transitoria de la ley, es que los magistrados a los que no se les haya vencido su período pueden ser reelecto, eso trajo como consecuencia que dos jueces (Malaquías Gil y Gladys Gutiérrez) tendrán un período de 24 años, porque fueron designados originalmente en 2010. Su período será infinitamente superior al de cualquier funcionario público electo de este país, que en principio tiene períodos más cortos y pueden ser reelectos. Ya por ahí, hay un manifiesto fraude constitucional, porque hay una norma expresa (artículo 268 de la Constitución) que dice que un magistrado va a ejercer su cargo por un período “único” de 12 años y no hay que ser abogado para entender la norma, porque está es clarísima. Además, se realizaron otra serie de reformas, como por ejemplo que dos cargos que antes eran nombrados por el TSJ, ahora son designados por la Asamblea, que son el Inspector General de Tribunales y el Director de la Escuela de la Magistratura.
— ¿Cuál es la intención de estos dos cambios?
— En el caso del Inspector de Tribunales es quitarle poder a los magistrados de la Comisión Judicial, porque se dieron cuenta de que el TSJ estaba acumulando poder, y además podría facilitar la destitución de jueces, porque ya no quedarán como que lo hacen de forma discrecional, sino a través de la Inspectoría. Y ahí están nombrando a la persona de más alto perfil político, Gladys Requena; una persona que hasta el día de la elección era diputada del PSUV. Ahí la pregunta es que si una persona que fue diputada, vicepresidente de la extinta Asamblea Nacional Constituyente y miembro del Comité de Postulaciones puede velar, al día siguiente de su elección, por la imparcialidad e independencia de los jueces. Y luego está el otro cargo, el de Director de la Escuela de la Magistratura, uno entiende la importancia de esto cuando se da cuenta de que cuando se establecen la competencia del TSJ, una de ellas es nombrar jueces a través de los concursos, que por cierto no se hacen desde 2003; y el encargado de organizar los concursos es la escuela de la Magistratura, así que tendrán también el control de quién entra como juez al sistema judicial. Al final estos cambios son para dar apariencia de institucionalidad, pero repitiendo las pautas de discrecionalidad y evasión de las normas constitucionales.
— Volviendo nuevamente a las razones de la reforma, algunos analistas y expertos coinciden en señalar que con estos cambios el gobierno intenta legitimar su defensa ante la CPI, en cuanto a que el sistema judicial es independiente y que está haciendo lo necesario para administrar justicia a las víctimas de las protestas de 2017 e intentar detener la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ¿Esta es la única razón o hay algo más allá?
— Un cambio de la magnitud de lo del TSJ, obviamente no puede obedecer a un solo objetivo. Debemos recordar que buena parte del máximo tribunal estaba constituido antes de que Maduro llegara al poder, por lo que había una representación importante de facciones distintas al madurismo, entonces se aprovechó la oportunidad de este cambio para hacer ajustes dentro del oficialismo representado en el sistema judicial. Y de hecho, estamos convencidos de que el retraso que hubo, luego de que se entregaron los listados, se debió a las tensiones internas que se pusieron de manifiesto con las declaraciones de los diputados Pedro Carreño y Diosdado Cabello y del dirigente chavista Elías Jaua manifestando su inconformidad con lo que estaba pasado. Así que como ven hubo un conjunto de razones por las cuales se tomaron estos cambios en el TSJ.
— ¿Maduro aprovechó esta reforma para homogeneizar su representación en el TSJ?
— Así es, recordemos que el Tribunal Supremo es nada más y nada menos quien aprueba los antejuicios de mérito para los altos funcionarios del Estado, que es un escenario en el que el gobierno no quiere estar. De todos los poderes públicos ese es el que más podría hacerle daño al gobierno y ellos han querido mantenerlo bajo control. Quieren evitar que como consecuencia de las divisiones internas del chavismo el TSJ cambie.
— ¿Esta sexta reforma judicial se hace de espaldas a lo que establece la Constitución? — Sí, porque, entre otras cosas, la Constitución establece que las leyes deben ser consultadas y la Ley Orgánica del TSJ no ha sido consultada ni con la Academia, la sociedad civil, ni con los colegios profesionales. Solo hubo una discusión interna en el seno del oficialismo y a eso no se le puede llamar una consulta popular. La reforma de una ley de tanta trascendencia como lo es esta, debió estar precedida de una discusión muy profunda y no haber sido aprobada de forma express.
Alí Daniels
Es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, tiene una especialización en derecho administrativo en esa universidad y estudios de doctorado en derecho administrativo en la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello en derecho internacional humanitario y derechos humanos desde hace más de 15 años. Tiene publicaciones en derecho militar, bancario y administrativo. Se desempeñó en la década de los noventa y hasta 2010 como director para Venezuela de una empresa transnacional en procesos de informatización en ámbitos públicos y privados, así como abogado litigante y asesor en derecho bancario, financiero, constitucional y administrativo.
