Lexys Rendon: «Tener organizaciones sociales que no sean críticas es la perfección para un Estado autoritario»
El gobierno de Nicolás Maduro ordenó hace algunas semanas una reestructuración dentro la Cruz Roja Venezolana. Está nueva acción, dentro de un contexto autoritario que lleva más de 20 años en el poder, puede que no sorprenda. Sin embargo, no deja de asustar a quienes están dentro de organizaciones civiles.
A principios de agosto, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ordenó la destitución inmediata del entonces presidente de la Cruz Roja Venezolana, Mario Villarroel, quien ocupó el cargo por más de cuarenta años.
Villarroel fue acusado de supuestos actos de acoso y malos tratos los cuales están siendo investigados por la Fiscalía General. También se han mencionado casos de corrupción dentro de esta organización que ofrece servicios de salud dentro de diversos contextos.
Hay que recordar que la Cruz Roja es un movimiento internacional de carácter humanitario, que se sostiene a través de convenios internacionales con Estados y organizaciones internacionales.
Para hablar de esta intervención y de cómo involucra a las organizaciones civiles venezolanas, Conlalupa.com consultó a Lexys Rendon, activista en derechos humanos, coordinadora del Laboratorio de Paz..
¿Qué lectura se le puede dar de lo sucedido en la Cruz Roja Venezolana?
Es una nueva actuación por parte del Estado venezolano vinculado a un carácter autoritario, no democrático, hegemónico, que además no garantiza la independencia de las organizaciones y que recurre al TSJ, a la normativa, al Ministerio Público, que sabemos que no son independientes para actuar contrario a lo que debería ser la garantía de la Constitución Nacional y de los estándares internacionales en materia de derechos.
¿Es algo nuevo o ya hay antecedentes? ¿Cuál podrías nombrar?
Esto no es nuevo, es una práctica recurrente del Estado venezolano, donde hace uso de instituciones que no son independientes, sino que hay un uso hegemónico del poder y las instituciones están al servicio del Ejecutivo.
El TSJ, como el Ministerio Público, como el Consejo Nacional Electoral (CNE), han actuado recibiendo órdenes y al servicio de lo que son las necesidades del Ejecutivo en materia de control.
Esto había sucedido con una organización, digamos, gremial, que fue la Federación Campesina Bolivariana de Venezuela, quienes también fueron intervenidos en su junta y fueron colocadas personas más vinculadas al proceso de gobierno. Hay otros antecedentes ya más vinculados a partidos políticos: tenemos más de una decena de partidos que han sido intervenidos en sus juntas directivas y que estas han sido sustituidas por juntas denominadas ad hoc, con dirigentes que tienen, digamos, un perfil mucho más vinculados al partido de gobierno o al gobierno nacional.
El TSJ, a través de la sala Constitucional, ya había desconocido en anteriores ocasiones la junta directiva del Partido Acción Democrática y del Partido Primera Justicia y Voluntad Popular. Y a ellos también les había reemplazado sus juntas directivas, colocando personas que perseguían estas nuevas juntas vinculadas a sus fines. Esto también lo vimos ahora con el Partido Comunista de Venezuela, donde se ordena la intervención, aunque esto es posterior a la intervención de la Cruz Roja, es un patrón que ya se había estado manifestando desde hace tiempo.
Es decir, hay antecedentes claros del uso del TSJ en actuaciones no cónsonas con la Constitución y con los estándares de garantía del derecho de las organizaciones sociales, políticas o de otra índole a tener autonomía para la decisión de sus juntas directivas y para la actuación correspondiente en cada una de estas organizaciones.
Así como el gobierno en Venezuela lleva más de 20 años, que espacios como la Cruz Roja tengan el mismo presidente por tantos años consecutivos ¿qué dice? ¿Eso es el reflejo de un Estado corrupto?
Creo que eso es contrario a unas prácticas democráticas, sin embargo son parte de los estatutos que poseen las organizaciones. Yo no puedo hacer algún juicio interno sobre lo que ha sido el mecanismo para que esta persona permanezca en el poder, porque son parte de las decisiones que se han tomado el interno. Pero sí, mi criterio, viniendo de la sociedad civil y como persona defensora de derechos humanos, es que las propias organizaciones, todas ellas tienen que tener alternabilidad en los cargos de poder, en sus cargos directivos, y estos deberían tener un tiempo limitado para la permanencia en el mismo.
Esta alternabilidad permite la democracia interna y también permiten que otras voces puedan incorporarse en planificaciones y hacer carrera y hacer planificaciones a largo plazo, independientemente de la persona que esté.
Por otro lado, creo que para nadie era un secreto que el Estado estaba de acuerdo con que esto se mantuviera porque habían ya denuncias de que habían unos vínculos importantes de esta persona con, digamos, funcionarios y funcionarias del Estado venezolano, incluso del TSJ, donde se utilizaban estos mecanismos para ejercicios de poder o malversación de fondos, etcétera.
Son denuncias que no fueron investigadas en su momento, que todavía deben ser investigadas, pero que también denota una complicidad por parte de algunos funcionarios del Estado que tenían muy buenas relaciones con esta persona y que, a pesar de que estas denuncias se producían, nunca hubo una investigación.
Entonces ¿A qué se debe que ahora haya esta intervención?
Entendemos que tiene que ver con algunas necesidades propias del Estado para controlar de manera mucho más directa la Cruz Roja, que está vinculado a fondos internacionales, está vinculado al tema electoral, está vinculado a la posibilidad de acceder a algunos dineros para, a través de la Cruz Roja, ponerlos a disposición del sector salud o de otros sectores.
No debería ser así, debería ser la actuación interna, de la directiva interna, la que permita garantizar un cambio en la Junta Directiva, una investigación por las acusaciones que estas personas tenían en materia de maltrato laboral o de corrupción, no solamente su directivo, sino algunas personas que le acompañaron, que sea la Fiscalía del Ministerio Público la que pueda asumir las denuncias y las demandas personales contra estas personas, garantizando el debido proceso.
Pero esto no puede significar la toma y la intervención de una organización autónoma y menos de estas características, ya no solamente porque sea una organización humanitaria, sino por su propia afiliación internacional con organismos internacionales como la Federación y por la importancia que tiene para el país.
¿La corrupción estatal también está dentro de estos espacios no gubernamentales?
Creo que queda claro que una situación donde una organización había estado siendo denunciada, no solamente por personas que estaban trabajando y laborando dentro de la institución, sino personas a las que se les había violentado el derecho al servicio de salud por peticiones o supuestas peticiones de dinero o supuestas priorizaciones con relación a la atención y a los servicios denunciados por algunas personas con anterioridad y por bastantes años y que esto no haya sido tomado en consideración por ninguna de las instituciones, empezando por el Ministerio Público, sino que se le haya dado largas al punto de que esto ya era absolutamente público y notorio y que de un momento a otro, cuando pasa algo que desconocemos, pero que afecta a los intereses de un proceso bastante viciado entre lo que había sido la acción de la Cruz Roja, según las denuncias que se establecieron allí, que deben ser investigadas en profundidad por el Ministerio Público.
Esto nunca fue tomado en consideración, lo que dice que habían también supuestas relaciones bastante cómodas por parte de algunos funcionarios del Estado y las instituciones del Estado con este manejo irregular y estas acciones de violencia que se establecían o que fueron denunciadas como presuntas acciones por parte de la directiva y de la Cruz Roja.
Cuando esto ya no funciona, por algunas razones que desconocemos, entonces se interviene también de manera violenta y no legal y no democrática y violentando derechos que afectan no solamente a la organización, sino que sientan un precedente bastante peligroso para el resto de las organizaciones de sociedad civil. Así que lamentablemente lo que ocurrió con la Cruz Roja que devino en esta intervención ilegal, no consona con los estándares, es que había realmente una relación de complicidad y corrupción mutua, según denuncian propias personas a lo interno, entre el Estado y la institución y las personas que allí laboraban desde hace mucho tiempo y que hasta hace poco eran bastante, digamos, útiles a lo que había sido la actuación con relación a su vinculación al Estado.
¿Cómo y para qué el chavismo corrompe este tipo de espacios que se supone son no gubernamentales?
Para un Estado autoritario, que es un Estado que está vinculado a una ideología política y que cree que la sociedad civil no debería ser independiente, sino que el Estado es el pueblo, el Estado es el gran depositario de la verdad, de las actuaciones que van a darle justicia, libertad y felicidad al pueblo, es común que no permita el funcionamiento de organizaciones que pudieran estar en contra de ese pensamiento, de esa ideología que el fin último es la consecución de una felicidad, de un paraíso, de la perfección sociopolítica económica.
Por lo que actúa para que cualquier organización que pudiera ser autónoma, independiente, crítica y que pueda garantizar su propia independencia de actuación, le es adverso, sobre todo si esto va en contra de los intereses promulgados desde el Estado o porque de alguna forma se convierte en un muro de contención para el dinero que necesita o para la actuación humanitaria que necesita o la actuación civil o la actuación social, etcétera.
Entonces en un Estado como el nuestro, la intervención de las organizaciones no gubernamentales, sobre todo si tiene denuncias por violaciones a derechos humanos o si tiene este tipo de actuaciones que son contrarias a los derechos humanos o que tiene este tipo de necesidades de dinero por razones electorales o por otro tipo de razones o incluyendo también situaciones de corrupción interna, requiere de organizaciones de sociedad civil que le sean afines, que no cumplan el rol que establecen los estándares y la democracia, porque no son esos sus principios los que los mueven, sino que estén al servicio de la posibilidad de que el Estado pueda seguir manteniéndose al interno del poder, en el poder. Entonces la idea de tener organizaciones sociales y organizaciones civiles y organizaciones políticas que no sean críticas, sino que apoyen el proyecto, que giren en torno a un proyecto común, que es el que se establece desde arriba, es la perfección para un Estado autoritario. Y por eso vemos que en otros países donde también hay ideologías políticas similares, el ataque contra la autonomía, la independencia, la adopción contralora de organizaciones no gubernamentales y organizaciones de sociedad civil, son tan atacadas y son tan criminalizadas.
Y nuestro país no es contrario a esto. Esto es una forma de apropiarse de un espacio de sociedad civil que también ejerce una crítica y una mirada frente a lo que es el cumplimiento de los estándares en materia de derechos humanos a nivel internacional y a nivel nacional, por lo que mientras más controlado sea, menos crítica y menos visibilidad de las cosas que no se hacen bien se pueden decir o se pueden conocer dentro y fuera del país y por lo tanto pueden ejercer un uso más hegemónico del poder para lo que son sus fines, ya sea la permanencia en el mismo o cualquier actuación de carácter ideológico que quieran llevar a cabo.
Lexis Rendón
Lexis Rendón es socióloga, activista en derechos humanos, coordinadora del Laboratorio de Paz e integrante de la Red Latinoamerica Antimilitarista. También es investigadora y colaboradora de Provea. Se especializa en Derechos humanos, derecho a la paz, derecho a defender derechos, derechos asociativos, derechos de pueblos y comunidades indígenas
