María Gabriela Hernández: “La declaración jurada de bienes se convirtió en un recurso de persecución”
Diputada a la Asamblea Nacional electa en 2015 por el estado Monagas, considera que la Contraloría General de la República no vigila la acción pública y mucho menos la utilización de los recursos. En su opinión, al órgano contralor poco le importa examinar las declaraciones juradas de bienes de los altos funcionarios, lo que sí pareciera interesarle es la utilización de este mandato legal como un instrumento de persecución política
Por tercera vez este año se le ha prorrogado a los diputados de la Asamblea Nacional y al resto de los funcionarios públicos de alto nivel y de confianza presentar la Declaración Jurada de Patrimonio o de bienes, que por ley deben entregar en los primeros 30 días en el cargo. ¿Por qué cree que se toma esta decisión reiterada? ¿La Controlaría no se está tomando en serio su función?
La Contraloría General de la República, producto de la desinstitucionalización democrática, no sirve a la Nación. Es decir, no hace contraloría, no vigila la transparencia de la acción pública y mucho menos le hace seguimiento a la utilización de los recursos públicos. La dictadura convirtió a la Contraloría en una figura para usarla como instrumento de persecución política cuando le interesa y no solo contra opositores, pero fundamentalmente contra éstos. En consecuencia, poco hace o poco le importa examinar las declaraciones juradas de los altos funcionarios. Por eso la importancia suprema de recobrar la institucionalidad democrática, la separación de poderes y el Estado de Derecho. En definitiva, la declaración jurada de bienes, siendo un medio para la transparencia de gestión, se convierte en un recurso de persecución.
¿Un instrumento de la democracia que se utiliza para atacar a quienes se oponen al régimen?
La rendición de cuentas, declaraciones juradas de bienes, informes anuales de gestiones son instituciones de la democracia para asegurar la transparencia y el cumplimiento de los deberes constitucionales legales y reglamentarios de los funcionarios públicos. La obligación de presentar una declaración jurada de patrimonio, por ejemplo, antes, durante y después de culminar un período de una gestión es vital para la transparencia. Sin embargo, efectivamente estos instrumentos de la democracia se utilizan en Venezuela para criminalizar a quienes piensan distinto.
“La cultura de la corrupción no es algo que desaparece o se corrija de la noche a la mañana. Es un arduo trabajo que compete a todos los sectores de la sociedad”
María Gabriela Hernández
Con estas prórrogas, el ente contralor prácticamente le está enviando un mensaje a los funcionarios públicos y a la ciudadanía en general de que poco le importa si se cumple o no la normativa que rige la actuación de transparencia en la gestión pública. ¿Cree que eso repercute en los valores ciudadanos?
Absolutamente. Además se muestra el desprecio por el bien y la cosa común. El ciudadano se siente burlado y despreciado por el Estado. Cuando observamos que el Estado premia con altos cargos, reconocimientos e intentos de extraerlos de la justicia internacional a quienes han robado el alimento, la medicina y los servicios, pues es peor el asunto. La cultura de la corrupción no es algo que desaparece o se corrija de la noche a la mañana. Es un arduo trabajo que compete a todos los sectores de la sociedad.
¿Cómo se pueden ir logrando avances en ese sentido?
Es necesario mucha educación en la familia, en la escuela y en todo el tejido social con mucho intento de transparencia desde la gestión pública, aunado a los factores de justicia, castigo y sanción moral para quienes incurran en actos de corrupción. Para lograr esto en lo inmediato hay que restituir nuestra Constitución, el Estado de Derecho y de justicia. Así como rescatar la independencia de poderes y la democracia. Solo de esta forma iremos poco a poco adecentando la gestión pública y dando directrices a la actuación del ciudadano para que éste no incurra en el círculo mortal de la corrupción.
Los diputados a la Asamblea Nacional electos en 2015 han recibido el golpe de las instituciones controladas por el chavismo en una especie de cacería de brujas que ahora incluyó la inhabilitación política de 28 parlamentarios precisamente debido al tema de la declaración jurada de bienes, pero ha prorrogado tres veces la presentación de ese requisito a los diputados de la AN chavista ¿Hay leyes para la oposición y otras para el chavismo?
Cuando un Estado se desfigura y desmantela la institucionalidad que sirve al ciudadano todo puede suceder, desde que no te reciben una correspondencia, no te resuelven un litigio, no se halla justicia, no se consiguen indemnizaciones o reparaciones hasta alcanzar la violación sistemática de derechos humanos. En este contexto se castiga al que denuncia, al que evidencia, al que manifiesta. Ese sistema de caos y anarquía le sirve a la dictadura porque así el régimen aísla al ciudadano, lo incomunica, lo desinforma y allí es presa fácil para la sumisión total. Por eso es importante la protección que el sistema internacional pueda seguir proveyendo a activistas políticos y humanitarios en Venezuela mientras recobramos la libertad, el Estado de Derecho y de justicia. Pero insisto, en este contexto los mecanismos de la democracia se utilizan para criminalizar y perseguir a quienes piensan distinto y eso ha sucedido con los funcionarios públicos electos en el año 2015, entre los que me incluyo. Hemos denunciado en muchas instancias los acosos y cómo la dictadura se convierte en una permanente amenaza a la democracia, la libertad y la paz, un tema de gran importancia para nosotros y los venezolanos en general que han visto mermar sus libertades ciudadanas.
“La persecución internacional de la corrupción es vital en un mundo interconectado. Se le puede hacer seguimiento a las redes de corrupción y de esa manera se crea un sistema de información para detectar o frenar las actividades ilícitas”
María Gabriela Hernández
¿Usted entregó su declaración jurada? ¿Cómo fue esa dinámica de presentar cuentas durante la gestión de la AN de 2015? ¿Cuál es para usted la importancia de este requisito en un contexto donde se persigue a la oposición? ¿Cómo evitar que esta norma legal no se convierta en un “castigo político”?
La responsabilidad de un funcionario público es individual. Cada parlamentario, por su alta investidura, debe informar a través de la Contraloría los bienes patrimoniales de su propiedad anualmente, y eso es información pública. Esta obligación es una forma de procurar que los servidores públicos sean transparentes. La obligación de presentar la declaración jurada de patrimonio es una parte de la transparencia que debe tener todo funcionario electo o designado para con la ciudadanía a la cual sirve. Durante todos los años he realizado mi declaración de bienes ante la Contraloría de forma online. No tenemos instituciones, no hay un Estado de Derecho como lo establece la Constitución, no hay órganos judiciales ni tampoco Fiscalía y por lo tanto no tenemos justicia. Esto es una declaración compartida por la Organización de Naciones Unidas. En la medida en que fortalezcamos los valores democráticos más robusta será la cultura de un correcto uso de los bienes públicos.
“Si la persona pierde confianza y control del Estado, el poder que ha cedido para servir al bien común se tergiversa y se vuelve en contra del propio ciudadano”
María Gabriela Hernández
¿Cómo evitar que esta obligación de declarar el patrimonio o los bienes sea convertido en un castigo político?
La única forma de garantizarlo es que recuperemos la democracia y con ella el Estado de Derecho y de justicia. Así perfeccionamos día a día nuestra condición de ciudadanos y de servidores públicos trabajando con la honradez y la transparencia que les debemos a los ciudadanos con respecto a nuestros deberes públicos.
¿Cómo afecta al ciudadano la falta de transparencia en la rendición de cuentas de los funcionarios en cargos públicos?
El ciudadano, al no saber qué hace el funcionario público porque no informa de su actuación, no actúa con transparencia, va perdiendo la confianza en el Estado y en la política. De esa forma se desmotiva de ser un participante contendiente y se desconecta finalmente. Eso es catastrófico. El Estado existe en tanto y en cuanto lo consienta el ciudadano para asegurar la protección de su norma fundamental: la justicia y la paz. Si la persona pierde confianza y control del Estado, el poder que ha cedido para servir al bien común se tergiversa y se vuelve en contra del propio ciudadano.
Los ciudadanos tienen el derecho de conocer la gestión pública. ¿Considera que esa declaración jurada debe ser de libre acceso dentro en contexto de un gobierno abierto? ¿O esa información solo la debe conocer el Estado?
Como diputada considero que debe ser abierto. No puede ser una vergüenza mostrar tu riqueza o tu ausencia de bienes. Lo que sí puede significar una vergüenza es que no muestres capacidad de servir con o sin recursos, porque entonces no sirves para desempeñar una gestión. Si esto no lo puedes cumplir entonces no te hagas funcionario público.
La declaración jurada de patrimonio es una herramienta legal que posee el Estado venezolano para evitar los hechos de corrupción. Además, a través de ella se puede verificar si hay algún tipo de enriquecimiento ilícito. Su incumplimiento es sancionado con multas pecuniarias de entre 50 y 500 unidades tributarias. ¿Usted cree que eso es suficiente?
Nada es suficiente para castigar la corrupción, lo que sí queda claro es que la cultura de la corrupción mata. Cuando un funcionario cree que no hace diferencia haciéndose de un dinero o bien público debe saber que cuando lo hace le está quitando la oportunidad a un niño en cualquier parte de la República de recibir sus vacunas al nacer, por ejemplo, o a una madre la posibilidad de sus nutrientes para amamantar, o a un joven su oportunidad para trabajar y estudiar.
En este tema hay que rescatar la importancia de que el ciudadano común entienda que muchas veces con sus actos pudiera estar impulsando o dándole más oxígeno a la corrupción…
La Nación es igual a un ecosistema donde todos estamos relacionados y lo que un funcionario público o un ciudadano (que también puede caer en la cultura de la corrupción) hagan de modo indebido va a afectar todo el ecosistema social, lo pervierte y lo destruye. Hay que trabajar para sanear nuestra sociedad y eso empieza por restablecer la Constitución, el Estado de Derecho y de justicia. También cada ciudadano desde el seno familiar hacer lo propio, acatando las normas sencillas de convivencia social, y siendo participantes de la política con actitud crítica constructiva.
Usted ha dado cuenta de las crecientes protestas en Venezuela por fallas de servicios públicos precisamente por inversiones que no se hicieron y por fallas en obras que se ejecutaron a medias o no se completaron, configurando un entramado de corrupción y de ganancias súbitas de muchos funcionarios, información que por supuesto no se ve reflejada en una declaración jurada de bienes, ¿Qué opinión tiene sobre este punto?
Aunque no se vean reflejados en las declaraciones juradas de bienes los funcionarios envueltos en la incultura de la corrupción no solo no pueden ocultar el dinero robado sino que lo muestran sin ningún rubor ni consecuencias morales ni legales. La ausencia de Estado de Derecho y de Justicia y el afán de destrucción de las formas republicanas por parte de la dictadura favorecen estás situaciones en detrimento de la nación y de los más vulnerables.
¿Cómo mejorar la transparencia y combatir la corrupción? ¿Dado los altos índices de corrupción no cree que deben implementarse mecanismos más efectivos?
Siempre he señalado que debe prevalecer la cultura de la transparencia en el Estado y de honradez al ciudadano. Debe haber, dentro de un sistema de derecho idóneo, un mayor castigo pecuniario y sanción moral. Ahora bien, la persecución internacional de la corrupción es vital en un mundo interconectado. Se le puede hacer seguimiento a las redes de corrupción y de esa manera se crea un sistema de información para detectar o frenar las actividades ilícitas.
María Gabriela Hernández
María Gabriela Hernández del Castillo es abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello con especialización en Derecho Constitucional, Derecho Procesal, Derecho Mercantil y Derecho Laboral. Coredactora de la Constitución del estado Monagas. Miembro de la organización civil Súmate y del Movimiento de Expresión Ciudadana. Diputada a la Asamblea Nacional, electa por el estado Monagas. Presidenta de la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. Del 2016 al 2019 fue presidenta de la Subcomisión de Cambio Climático. Desde 2018 vicepresidenta del Parlamento Amazónico
