Los ciudadanos y su rol en el combate de la corrupción
La lucha contra la corrupción no solo le compete a las autoridades, sino que involucra al ciudadano común y para ello es necesario que comience a canalizar las denuncias, sepa identificar los hechos y se empodere de los términos apropiados para hacerlo. Mauricio Pernía, coordinador de Transparencia Venezuela y la Coalición Anticorrupción Grupo Táchira, opina que aun cuando falta mucho camino por recorrer ha habido ciertos avances. Que se haya comenzado a visibilizar que la corrupción hace daño a los derechos humanos es uno de ellos.
En el Índice de Percepción de la Corrupción, Transparencia Venezuela ha identificado unos focos o categorías. ¿En qué áreas fundamentales se refleja con más ahínco en detrimento de los ciudadanos?
El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional ha revelado cómo Venezuela en los últimos diez años ha descendido en la clasificación. Por diversas razones cada año cambian algunos criterios de evaluación en los distintos países, pero siempre se deja una línea gruesa: Si la gente tiene la posibilidad de acceder a la información pública y si esta además permite la evaluación de la gestión. De modo tal que en este índice lo que se observa es cómo la ciudadanía ve la gestión pública nacional, regional o local. Y Venezuela evidencia no tener un gobierno abierto, del cual se espera que tenga mecanismos para eliminar los incentivos a la corrupción, garantizar la independencia de los poderes, es decir que haya un contrapeso, fortalecer los sistemas de investigación y justicia para erradicar la impunidad e incorporar medidas anticorrupción especificas en el sector que se centra en servicios públicos. En Venezuela debido a las emergencias decretadas se ha flexibilizado el tema de la contratación pública a tal punto que los controles son débiles, son bastante reducidos y esto hace que el acceso a la información, sobre la ejecución de obras, se precarice aún más.
Ese tema de la gestión pública es fundamental, sobre todo por la opacidad en el manejo de la información de obras
Así es. De hecho, gran parte de lo que uno puede evaluar como ciudadano, y quizás gran parte de la labor de las organizaciones de la sociedad civil, es precisamente visibilizar esta realidad: Las dificultades que hay en Venezuela para acceder a la información oficial y además de que esta pueda ser evaluada. Las diversas reformas de la Ley de Contratación Pública terminan no dando transparencia en el modo en que se otorgan obras, servicios o suministros al Estado. En el caso de los severos cortes de energía eléctrica en las provincias es casi imposible hacerle un seguimiento a esa gestión porque no hay acceso a la información pública.
Cada vez más hay una falta de información pública para cosas tan vitales como la llegada de la vacuna contra el Covid-19
La llegada de la vacuna es otro ejemplo de desinformación de los ciudadanos. Se desconoce el criterio para su aplicación. Lo que está ocurriendo en el mundo, en gran parte en América Latina donde muchos ministros han tenido que renunciar o son investigados por la llamada “vacunación VIP”, en Venezuela no se está discutiendo. De hecho, se habla con mucha libertad de que los funcionarios están entre los primeros. Los criterios para conocer quiénes serán los beneficiados deberían tener acceso público y además permitan una retroalimentación para que la ciudadanía también pueda ofrecer sus aportes para las oportunidades de mejora.
Los organismos internacionales comienzan a perfilar la corrupción como un elemento fundamental en el deterioro institucional. ¿Qué opina al respecto?
Una de las realidades que durante años no se lograba visualizar, de manera específica, era el daño que la corrupción les hace a los derechos humanos. Hoy queda claro eso, y Venezuela es un ejemplo muy importante en esta materia a nivel global. Es decir, cómo la corrupción no permitió la dotación de hospitales, la construcción o reparación de los mismos, de insumos y equipos médicos.O cómo la corrupción privó a la ciudadanía venezolana de tener una mejor infraestructura y funcionamiento en el sector educativo. Nosotros tenemos una clara relación entre la vulneración de nuestro derecho a la salud, a la educación y servicios públicos por causas de la corrupción. Podemos agregar que la corrupción tiene un impacto directo en el ejercicio de la democracia. La democracia pierde legitimidad frente a la ciudadanía en la medida en que se percibe que hay impunidad en aquellos que no hacen bien su gestión o terminan involucrados en actos de corrupción. Entonces, si sumamos violación de derechos humanos y la alta vulnerabilidad y la lesión a las consideraciones democráticas, las personas terminan desacreditando las virtudes del ámbito democrático. De modo tal que un daño muy grave que se le hace a la convivencia social es la corrupción y la impunidad. Digamos que en toda sociedad hay niveles de corrupción, pero cuando no se castiga y además se premia el nivel de afectación social es mayor.
«Una de las realidades que durante años no se lograba visualizar era el daño que la corrupción les hace a los derechos humanos. Hoy queda claro eso, y Venezuela es un ejemplo muy importante en esta materia. Es decir, cómo la corrupción no permitió la dotación de hospitales, la construcción o reparación de los mismos, de insumos y equipos médicos. O cómo la corrupción privó a la ciudadanía venezolana de tener una mejor infraestructura y funcionamiento en el sector educativo»
Mauricio Pernía
¿Usted considera que la corrupción ha influido en la emergencia humanitaria que vive el país en estos momentos?
«La corrupción tiene un impacto directo en el ejercicio de la democracia. La democracia pierde legitimidad frente a la ciudadanía en la medida en que se percibe que hay impunidad en aquellos que no hacen bien su gestión o terminan involucrados en actos de corrupción»
Mauricio Pernía
Bueno, son temas complejos. Por supuesto que decir que hay un elemento que incide más que otro dependen de ciertas etapas. Venezuela vive una alta vulnerabilidad desde el punto de vista financiero, desde la caída de los precios del petróleo y a esto se unen las variables propias de cómo se atiende una Emergencia Humanitaria Compleja como la que tenemos. Si se plantea una correlación entre los casos de corrupción visto en materia de compra de equipos para el Servicio Eléctrico Nacional, que no hubo reparación oportuna, o que la máquina que se adquirió era inadecuada o sencillamente ese dinero no se utilizó para las inversiones eléctrica, vemos que la corrupción no permitió ese desarrollo. Esto hace que los sectores del tejido industrial del país que demandan ese servicio para producir bienes y servicios se vengan abajo y no puedan satisfacer las necesidades de la gente. Hay múltiples aristas en las cuales evidentemente la corrupción tiene un impacto. Pero lo que antes no lograba entrar en la ecuación, de manera clara, hoy en día es algo palpable: cómo la corrupción incide en la calidad de vida al verse, por ejemplo, el deterioro de las carreteras y puentes porque las obras e inversiones no se ejecutaron.
En las sanciones tanto de Estados Unidos y Europa hay una orientación en castigar las prácticas corruptas, ¿es esto suficiente o se necesita más?
El número de personas comprometidas con la opacidad es tan alto que el medio para cometer corrupción puede ser suplantado por otro. Entonces, esas medidas pueden tener un impacto grandilocuente en el sentido noticioso, pero en la práctica la estructura de corrupción tiene modos de escapar, de saltar los obstáculos y asegurar su vigencia. Por eso es un tema que nos atañe a todos.
Estados Unidos ha dicho que tiene el compromiso de luchar contra la corrupción en Venezuela. ¿Cuáles cree usted que son los mecanismos que pudieran ponerse en acción para que se cumpla ese objetivo?
Bueno, en este caso, que Estados Unidos lo diga para nosotros resulta relevante, pero más allá de eso hay un compromiso global en la lucha contra la corrupción. Se trata del país destinatario de muchas inversiones venezolanas, gran parte de su compromiso es restituir bienes públicos, determinados por la justicia, recuperar activos de la nación. Mucha de la ayuda fundamental es evitar que entren al sistema financiero recursos producto de la corrupción.
¿Usted cree que la gente, el ciudadano común, ya comienza a identificar la corrupción como responsable del deterioro de su calidad de vida?
Hay un movimiento que se ha gestado dentro de la Coalición Anticorrupción que ha permitido divulgar la información para que la ciudadanía pueda vincular de modo claro y preciso cómo la corrupción ha deteriorado la salud, la infraestructura, los servicios públicos. Esto nos ha asegurado que la gente pueda, además de tener una opinión lo mejor formada posible, advertir situaciones que den lugar a actos corruptos. Entonces, en la medida en que las personas saben que se pueden eliminar los incentivos a la corrupción o visibilizar una acción corrupta, eso favorece. Por ejemplo, hay actividades que están reservadas para un grupo específico de ciudadanos como la materia aduanera que se dedica a importación y exportación que tiene su propia opinión de cómo se gestiona esto. Pero hay servicios que son generales como el Saime, registros y notarías donde las personas quedan atrapadas en un sistema de gestión con procedimientos complicados, pero en lugar de quejarse prefieren hacer propuestas. La gente tiene un mayor criterio y lo hemos percibido. Sin embargo, no significa que la ciudadanía plena levante las banderas anticorrupción. Falta mucho camino por andar. En muchos países, estamos hablando de 60 fiscalías en el mundo, hay investigaciones sobre el dinero venezolano. Pero aquí no se refleja eso. Al estar la ciudadanía apartada de estos temas puede que no logre relacionar las carencias de energía eléctrica, las fallas de conectividad o la falta de insumos médicos con la corrupción, lo puede evidenciar más con disputas políticas más que con el acto corrupto en sí.
Esto nos lleva a pensar que se habla de la corrupción a gran escala, la que se produce desde el Estado. Pero hay una corrupción que ha penetrado en la sociedad ¿qué opina de esto?
En Venezuela se han dado los patrones de Gran Corrupción que incluso las investigaciones de carácter académico así lo reflejan. Hay un patrón de Gran Corrupción evidente. Eso, por supuesto, tiene una interlocución y un desarrollo en la ciudadanía con los elementos de pequeña corrupción o microcorrupción y parte de un principio: la impunidad. La gente relaciona impunidad con la apertura para evitar la norma. Hay un elemento cultural, la Coalición Anticorrupción que suma más de 800 organizaciones a nivel nacional tiene un mandato: un No rotundo a todo acto de corrupción, porque gran parte de lo que ocurre es que nos podemos sentir atraídos por este comportamiento. La corrupción es muy atractiva. Cuando tienes necesidad de acceder a algún servicio del Estado el que no participa en la corrupción o queda de último no recibe el servicio, y si nadie está visiblemente sancionado hay una invitación para que eso siga ocurriendo. Creemos que el daño que hace la impunidad es tan alto que no permite que las personas correlacionen eso con su calidad de vida. En Venezuela no está mal visto el nepotismo, la gente se puede quejar en voz baja, pero eso no significa que haya una indignación que conlleve a una campaña para la dimisión de esas personas. Insisto, la discusión y formación ayudará a la madurez de la ciudadanía.
¿Qué puede hacer un ciudadano común para no quedar atrapado en la corrupción?
Allí se ponen los esfuerzos. La formación implicará que las comunidades organizadas empiecen a entender que su calidad de vida está relacionada con el modo en que haga sus exigencias, que, por ejemplo, no haya nepotismo en las alcaldías, que no haya conflictos de intereses o que haya una sanción moral y social a los vecinos involucrados en hechos de corrupción. No digo que sea general, pero incluso se llegan a aplaudir estos actos. En muchos países si a un funcionario público de alto relieve se le encuentra que tuvo plagios en su tesis de postgrado renuncia de inmediato porque entiende que hubo un acto de falta de integridad. En Venezuela eso es aplaudido porque finalmente se graduó. Tenemos que generar un gran movimiento por la integridad.
¿Ha tenido experiencia en conversaciones o foros de alguien admita que no sabía que determinado hecho o acto cotidiano es corrupción?
Los que están en actos de corrupción son personas también de la comunidad y muchas veces se entiende que no entrar a ese mundo resultaría una desventaja; entonces, si alguien necesita salir del país entiende que debe contactar un gestor para que lo ayude con el pasaporte y no va a tener mucho miramiento al momento de hacerlo. Ahora, eso habla precisamente de este reto, que es atacar la impunidad y por eso insistimos que la formación genere mecanismos de defensa legales para que el ciudadano se empodere de un lenguaje para etiquetar cualquier acto de corrupción. No es que todo el mundo va a comenzar a hablar de peculado, malversación, etcétera, sino que pueda ir teniendo algunas precisiones, que cuando esté, por ejemplo, en una cola de gasolina y unos carros se coleen la persona denuncie y sepa que se trata de un tráfico de influencia. Más que enfurecerse es conocer los canales para denunciar ese hecho.
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Mauricio Pernía
Mauricio Pernía es abogado y se desempeña como coordinador de Transparencia Venezuela y la Coalición Anticorrupción Grupo Táchira. Es miembro activo del Proyecto Políticas Ambientales y Mineras de la Universidad Simón Bolívar (Colombia) y tiene experiencias en materia impositiva y tributos especiales del sector minero.
Es profesor en Derecho Administrativo, Derecho Público, Gerencia Pública y de Instituciones Políticas. Es coordinador-fundador del Grupo de Estudios de Derecho Público e Instituciones Políticas de la Universidad Católica del Táchira. Es Investigador del Grupo de Estudios Fronterizos en Inprosistemas del Norte, Colombia
Su investigación actual está orientada al estudio de consultas populares en actividades mineras
