Rafael Uzcategui: No hay normalidad posible si en el país se siguen vulnerando los derechos humanos
Los organismos de inteligencia del Estado venezolano, tanto civiles como militares, funcionan como estructuras bien coordinadas y eficaces para la ejecución de un plan, orquestado desde los niveles más altos del gobierno, para reprimir y someter a torturas la disidencia, mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad, según el tercer informe de la Misión de determinación de los hechos de la ONU publicado el martes 20 de septiembre.
Según la Misión “hay motivos razonables para pensar que Nicolás Maduro junto con un cercano círculo de colaboradores podrían tener responsabilidad en la comisión de crímenes contra los DD. HH. y otros tratos crueles (torturas, violaciones sexuales, aislamiento, entre otros) contra personas detenidas, a través de funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar y el Servicio Bolivariano de Inteligencia”.
Conlalupa.com conversó con Rafael Uzcategui, coordinador del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), acerca de este informe, la importancia de la Misión y otros temas vinculados con la defensa de los derechos humanos y la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) que vive el país.
-El más reciente informe de la Misión de determinación de los hechos es contundente con respecto a la responsabilidad de la cadena de mando en las torturas a opositores venezolanos, algo que han venido denunciado las ONG durante los últimos años. ¿Esperan las organizaciones civiles alguna actuación al respecto por parte de la justicia venezolana
-Una de las conclusiones importantes de este informe es que hasta ahora los anuncios que se han hecho en materia de reformas del sistema de justicia y de supuestas investigaciones de alguno de los casos más emblemáticos en derechos humanos no ha reducido la impunidad ni ha garantizado el debido proceso, y ese resultado es muy importante en este momento en que está en disputa el término complementariedad. Es decir, (se discute) si la Corte Penal Internacional debería abordar los casos venezolanos porque las autoridades dentro del país no pueden o no tienen la capacidad ni la voluntad de investigar y sancionar a los responsables. El gobierno de Maduro dice que sí, y ha estado intentando convencer a la comunidad internacional de que sí lo puede hacer, pero este informe ratifica que los esfuerzos no han sido suficientes.
Yo creo que esto debería preocupar seriamente a las autoridades venezolanas porque los mecanismos están escalando en la presión sobre nuestro país y esto se va a convertir en un insumo para que la Corte Penal Internacional decida cuáles son los casos concretos que se van a investigar dentro de esa instancia. Yo creo que las autoridades venezolanas están a tiempo de iniciar un proceso real de reforma del sistema de justicia y de investigar y sancionar a los responsables de los delitos de lesa humanidad. Esto es, como lo calificó la Federación Internacional de de D.D.HH., la última oportunidad que tiene el gobierno venezolano para rectificar en materia de derechos humanos.
–¿Ante la gravedad de los delitos de lesa humanidad denunciados, y aún más importante, documentados por la Misión, cuáles deberían ser los pasos de la sociedad civil?
-Este informe aparece en un momento muy importante, justo cuando el gobierno está intentando imponer una nueva hegemonía, en esta ocasión la del silencio. Las autoridades intentan promover que se pase la página sobre lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos años y que la sociedad venezolana aproveche las bondades del nuevo modelo económico basado en la dolarización. Nosotros entendemos que la población necesita la certidumbre de que mejorará su calidad de vida, pero no podemos dejar de lado la necesiaria justicia por la violación de derechos humanos , porque de eso no podemos hablar en pasado pues el informe de la Mision ratifica que se siguen violando derechos humanos.
La sociedad venezolana tiene que seguir convencida de la necesidad de un cambio en el país, que probablemente no sea a corto plazo, pero no hay normalidad posible si no tenemos democracia, no hay normalidad posible en el país si se siguen vulnerando los derechos humanos.
Creo que hay que seguir levantando la mejor información posible, a pesar de los valiosos testimonios que la Misión ha recibido, hay muchas cosas que no se saben. La gente tiene que vencer el miedo y saber que hay mecanismos para preservar la confidencialidad de su testimonio y que se toman todas las medidas para preservar su identidad y seguridad.
Sabemos que hay funcionarios a los que la conciencia les pesa y por eso los invitamos a que se pongan del lado de la democracia y que cuenten lo que ha sucedido, porque las violaciones de los derechos humanos no prescriben y si ellos siguen siendo parte de ese entramado de abuso de poder, finalmente van a terminar siendo responsables.
–La Misión exigió o recomendó el cese de las torturas y que los responsables sean investigados y procesados de acuerdo con la ley. ¿A quién va dirigida esa petición, a la CPI, a la justicia venezolana o la comunidad internacional?
-Yo creo que a todos los actores. En el caso venezolano tenemos una comisión para prevenir y sancionar la tortura que está liderada por el defensor del pueblo, el señor Alfredo Ruiz, cuyo silencio ha sido escandoloso al permitir que estas situaciones ocurran, asi que él debería tomar cartas en el asunto. En segundo lugar, a las autoridades venezolanas para que cese este tipo de prácticas.
A partir de la publicación de los primeros informes algunos indicadores mejoraron y eso demostraba que tenía que haber voluntad política para tomar decisiones, por ejemplo las ejecuciones extrajudiciales, aunque aún persisten, han disminuido en 50%, desde el inicio del trabajo de la Misión. Esto ratifica que es una orden que alguien tiene que dar para que las autoridades actúen de una forma menos abusiva.
Yo creo que en el caso de las torturas, tratos inhumanos crueles y degrantes por su puesto que hay maneras detenerlos, Y por último, el llamado está dirigido a la comunidad internacional, porque existe el temor de que la situación venezolana sea normalizada y seamos vistos como una crisis sin resolución o una crisis olvidada y que este monitoreo internacional, que hasta ahora nos ha servido para contener la violación de derechos humanos, se fije en otros país que también tienen situaciones complejas.
La situación sería muchísimo más grave si los organismos internacionales no estuvieran trabajando sobre Venezuela. El gobierno tiene una campaña muy activa para que los organismo internacionales no sigan en el país, están intentando decirle al mundo que tienen un acuerdo de trabajo con el Alto comisionado para los DD.HH. de la ONU y con la Corte Penal Internacional y que no necesita más elementos porque por solo puede resolver las diferentes situaciones. Este informe ratifica que necesitamos que la misión se mantenga y que son necesarios nuevos mecanismos para seguir incidiendo sobre la situación venezolana.
-¿Cuál debe ser el papel de la comunidad internacional ante esta situación. Da la impresión que la crisis venezolana salió del concierto de temas de la comunidad internacional, a qué otros mecanismo habrá que apelar para que la situación venezolana no sea olvidada?
-Tenemos que seguir movilizados y organizados y seguir denunciando esto en el espacio público, si esto desaparece de la conversación pública por su puesto va a ser mucho más difícil para la comunidad internacional seguir la situación de los venezolanos. Todo el mundo te comenta que la mayor atención sobre Venezuela ocurrió en el año 2017, cuando todos los venezolanos estábamos en la calle exigiendo un cambio. Eso nos recuerda que si no somos nosotros los que visibilizamos la situación va a ser mucho más difícil para la comunidad internacional ayudarnos.
En segundo lugar, tenemos que seguir presionando para que estos mecanismo (Investigación de la CPI, Oficina del alto comisionado de DD.HH. de la ONU, Misión de determinación de los hechos), sino que también aumenten sus competencias y aumenten sus presupuestos. Deberíamos mejorar la respuesta internacional con los migrantes venezolanos. Hay que plantear que hasta ahora los mecanismo han sido insuficientes para atender crisis democráticas en diferentes países, porque el mal ejemplo de Venezuela está siendo continuado por otras naciones de la región (Nicaragua, México, El Salvador y etc). Como no ha habido un alto costo político ni mecanismos internacionales que ayuden a cambiar la situación, se necesitan nuevas herramientas.
Provea va a seguir insistiendo en la necesidad de aumentar las sanciones individuales contra los violadores de derechos humanos y que aumenten la cantidad de funcionarios sancionados, porque estamos seguros de que les afecta y les preocupa. Las sanciones contra el país son un discurso que les permite justificar su ineficiencia, pero lo que les preocupa realmente es que los señalen de manera individual.
-Además de ser específicos con la responsabilidad de la cadena de mando en las torturas y tratos crueles, en el informe identifican por lo menos 17 casas de torturas, en Caracas
-Hemos recibido casos de diferentes personas que nos han dicho que han sido trasladadas durante las primeras horas de su detención a un sitio que no estaba identificado de manera oficial, es decir una casa o un centro clandestino. Ahí lo riesgoso de esa desaparición temporal es que en ese momento son más probables todas las situaciones de torturas y tratos crueles y degradantes, es una situación de absoluta orfandad. Habíamos tenido información acerca de centros clandestinos en Caracas y también en el interior del país, lo que nosotros saludamos es que esto se haya podido sistematizar y que un ente con el prestigio de la Misión de determinación de los hechos de la ONU haya podido hacer la denuncia, porque esto le eleva el costo político del abuso de poder.
Fíjate que hay presidentes de la región que creen en la narrativa oficial de que estos problemas han sido superados y que el gobierno ha tomado acciones al respecto, y este informe recuerda que la situación persiste y que se ha agravado.
Si no hay costo político por presión internacional y los países afines no elevan sus alertas esto se mantendrá. A diferencia de Daniel Ortega, Nicolás Maduro sigue siendo sensible a cómo lo ve la comunidad internacional. Es por eso que insistimos en hablarle a los sectores progresistas que sienten afinidad con el gobierno bolivariano para que eleven su voz y pongan los principios de la dignidad humana por encima de las ideologías.
– ¿Una de las conclusiones del informe es que Venezuela vive una crisis de derechos humanos, desde Provea cómo configuran esta crisis?
-Nosotros hemos asumido el término de Emergencia Humanitaria Compleja, que es el utilizado por las Naciones Unidas para describir situaciones como la venezolana. Es decir , graves crisis humanitarias que no son consecuencia de un conflicto armado ni de un desastre natural, sino de malas decisiones políticas que han colocado en riesgo la salud y el bienestar de la población. Pero además siempre lo hemos asociado con la falta de democracia en el país. Provea ha señalado que el gobierno de Nicolás Maduro se transformó en dictatorial a partir del año 2016, cuando decidió suspender dos procesos electorales pendientes sin ningún argumento legal.
Para nosotros ese fue un momento de mucha preocupación porque entendimos que se estaba buscando un mecanismo para ganar elecciones siendo minoría. Nosotros siempre hablamos de falta de democracia en Venezuela que agrava una situación de EHC, y es por eso que insistimos en que mientras no haya un cambio de modelo político y económico en el país, la situación de DD.HH. no va a resolverse.
El mandato de la Misión, que ha sido extendido dos veces, vence este mes. Una centena de organizaciones civiles lideran la petición de qué se extienda. ¿Por qué debe extenderse ?
-Todos los organismo internacionales que hoy trabajan sobre Venezuela tienen una forma diferente de abordar el conflicto. En el caso del Alto Comisionado de la ONU, hasta ahora ha tenido el mandato de mantener un diálogo con las autoridades para promover políticas en beneficio de los derechos fundamentales, y bueno a veces uno reciente el tono excesivamente diplomático del alto comisionado, pero tiene que ver con la obligación de mantener ese diálogo.
Por su parte, la Misión aborda la situación desde un sitio diferente como lo es la obligación de investigar, arrojar luces sobre lo que ha ocurrido y señalar responsabilidades, independientemente de si tiene o no un diálogo con las autoridades (que no lo tiene). La Misión ha producido estos informes contundentes y ha sido el mecanismo más importante que hemos tenido hasta ahora. Siendo así, se tiene que mantener (la Misión) para que siga dando a conocer el dramatismo de lo que ocurre en el país. Y además para seguir generando insumos que alimenten el expediente que está siendo conocido por la Corte Penal Internacional.
-Los tiempos de la justicia internacional son extremadamente lentos. ¿Este informe de la Misión podría acelerar o influir en las decisiones o actuaciones de la fiscalía de la CPI o generar consecuencias?
-La gente pudiera pensar que este es un informe más que va dormir el sueño de los justos y que no va a generar y no tendrá consecuencias. Ojalá estos mecanismos internacionales fueran lo expedito que necesita la crisis venezolana, cada día que pasa son 24 horas más de sufrimiento para los venezolanos, sin embargo cuando estos mecanismo comienzan a trabajar generan resultados tan contundentes como este y por otro lado, sí generan consecuencias.
Estos informes son un mecanismo importante de disuasión, seguramente muchos de los funcionarios que están siendo señalados deben estar muy nerviosos y hay funcionarios que no quieren verse reflejados en esos documentos.
Rafael Uzcátegui
Sociólogo, activista de derechos humanos, periodista y editor independiente.Coordina el área de investigación del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea). Amante de la música, el cine y los fanzines.
