Rita Coello: en la lucha contra la corrupción es necesario ejercer presión con las herramientas disponibles
La dinámica en las distintas regiones del país es totalmente diferente a lo que sucede en la región capital de Venezuela. Los habitantes de estados apartados de los centros de poder, que generalmente se ubican en Caracas, a veces deben caminar solos en reclamos de sus derechos y la falta de transparencia de las autoridades. Poco se sabe de cómo actúan los gobiernos locales, que al igual que el gobierno central, no entrega cuentas a quienes los eligieron. Pero, no siempre en las regiones están solas y hay organizaciones con Transparencia Venezuela que tienen capítulos regionales que van de la mano con la gente.
Rita Coello, es la coordinadora regional de Transparencia Venezuela en Mérida, allí lidera varias iniciativas para empoderar a la sociedad civil y promover condiciones, procedimientos y factores para prevenir y disminuir la corrupción.
A mediados de noviembre organizaciones de la sociedad civil del estado Mérida que forman parte de la Coalición Anticorrupción exigieron información acerca del presunto uso de fondos y bienes públicos en actividades de carácter electoral o de proselitismo del partido de gobierno en la entidad andina, recibieron respuesta?
Efectivamente, el día 16 de noviembre acudimos a la sede regional del CNE y a la sede del Consejo Recreacional de Mérida-Coremer, para entregar solicitudes de información, respaldadas por más de 20 organizaciones que integran la Coalición Anticorrupción en Mérida. Ya se cumplieron los 20 días hábiles que contempla nuestro marco jurídico para que fueran respondidas las peticiones por parte de las instituciones consultadas y aún no tenemos respuesta. En el caso de la solicitud realizada al CNE regional, solicitamos información sobre el control que, según sus funciones, deben ejercer para vigilar el origen y manejo de los fondos de las organizaciones políticas, esto en ocasión de la reciente juramentación de activistas del PSUV a principios del mes de noviembre y sobre la que ciudadanos denunciaron el uso de recursos públicos, lo cual no está permitido según la Ley contra la Corrupción y el Código de Ética de Servidoras y Servidores Públicos. En el caso de Coremer, solicitamos información sobre el uso de la Plaza de Toros Román Eduardo Sandia para el citado acto político. En este sentido, procederemos a introducir los respectivos reclamos, tal como se establece en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, para procurar las respuestas a las que tenemos derecho.
Esta no es la primera vez que el partido de gobierno usufructa bienes públicos en actos políticos. Durante años el TeatroTeresa Carreño estuvo secuestrado para actos del PSUV. En las regiones, por no tener casi cobertura de los medios, la situación suele desconocerse en el resto del país. Cómo es la situación en Mérida con el uso de bienes públicos
-No es diferente a lo que ocurre, seguramente, en el resto del país. Observamos el uso de instalaciones públicas para proselitismo político, sedes de poderes públicos –como alcaldías o la gobernación-, de instituciones (como el caso de Coremer), uso de vehículos de uso público para trasladar personas para actos de campaña -como también fue denunciado en ocasión de los actos de juramentación del partido de gobierno en la ciudad-. Aparte, observamos el abuso de la imagen de candidatos y gobernantes en espacios públicos, lo cual tampoco está permitido. Por ejemplo, en el mes de agosto hicimos un monitoreo en varias avenidas y espacios públicos de la ciudad de Mérida para contabilizar la aparición de la imagen del actual alcalde y gobernador y encontramos en una plaza 14 avisos con la imagen del alcalde o en una avenida, 11 avisos con la imagen del gobernador. No tenemos conocimiento del origen de los fondos para pagar este tipo de publicidad excesiva. El Código de Ética de las Servidoras y Servidores Públicos en su numeral 9 del artículo 6, señala que está prohibido “utilizar recursos del órgano o ente en donde presta sus servicios, para identificar bienes, obras o vestimenta de servidoras o servidores públicos, con su nombre, imagen, símbolos, seudónimo o eslogan con el fin de promocionar su gestión”. Esta prohibición parece ser desconocida por los funcionarios y gobernantes que hemos tenido en la ciudad y en el país.
¿Ustedes creen que el CNE regional les responderá, tomando en cuenta que en Caracas se han hecho denuncias similares y el ente electoral no toma ninguna medida. Funciona la denuncia?
Honestamente no guardamos grandes expectativas, la mayoría de nuestras peticiones no son respondidas. Pero siempre otorgamos el beneficio de la duda y esperamos una respuesta. Como ya mencioné, a estas alturas lo que procede es el reclamo y esperar nuevamente el lapso de 15 días que establece la ley para que respondan. Es importante ejercer presión con las herramientas con las que contamos como ciudadanos. Si no ejercemos nuestro derecho a exigir acceso a la información pública o nuestro derecho a denunciar delitos de corrupción, de alguna forma estamos contribuyendo a que el clima de impunidad continúe y que los gobernantes no se sientan presionados a ejercer sus funciones con transparencia y con apego a las leyes, como es su deber. En relación a si funcionan o no las denuncias, siempre insistimos en que los delitos de corrupción no prescriben y una denuncia bien hecha, es un elemento que luego puede contribuir a la sanción de los corruptos. Transparencia Venezuela ofrece el canal de denuncias Dilo Aquí, que es una aplicación descargable en un teléfono inteligente, pero también ofrece un correo electrónico (denuncia@transparenciave.org) y un número telefónico que están disponibles en la página web de la organización.
¿En estas situaciones cuál debe ser el papel del ciudadano?
El ciudadano debe estar activo y entender su rol protagónico en el logro de los cambios que todos deseamos. Eso implica: hacer un esfuerzo por conocer sus deberes y derechos, también informarse sobre las obligaciones de los funcionarios para poder cumplir un rol contralor con conocimiento de causa y con responsabilidad, y también es muy importante la articulación en organizaciones y redes para crear sinergias de control. Como ya mencioné, utilizar las herramientas que son facultadas por ley. En el caso de las denuncias, es importante asesorarse sobre cómo deben hacerse y, sobre todo, animarse a hacerlas. Es recomendable no actuar en solitario, sino buscar apoyos de organizaciones y de otros ciudadanos, para que las acciones tengan más fuerza.
¿Cuáles son los retos del Transparencia Venezuela, capítulo Mérida, para seguir visibilizando la corrupción en la región?
Tenemos un trabajo de más de 15 años en Mérida, que nos ha permitido desarrollar los proyectos y propuestas de la organización a nivel local sin mayores contratiempos. Sin embargo, queremos seguir ampliando nuestra audiencia, todavía tenemos mucho por hacer en materia de formación en los temas que forman parte de la lucha anticorrupción, sensibilizar a la ciudadanía para que asuma un rol más activo, especialmente en la exigencia de gestiones transparentes a nuestros gobernantes, ampliar nuestro acompañamiento a las instituciones públicas para que los funcionarios sean más conscientes de sus responsabilidades y aquí incluimos no solo a las alcaldías del estado, concejos municipales o la gobernación y sus dependencias, sino también instituciones educativas como la Universidad de Los Andes, por ejemplo e, incluso, consolidar nuestro mensaje en las organizaciones de la sociedad civil que hacen vida en la ciudad.
¿Está finalizando el año, cuál es su balance de la organización que representa en Mérida?
Es positivo. Siendo un equipo pequeño, de solo tres personas, pudimos desarrollar actividades para todos los proyectos que impulsa la organización hacia diversas audiencias, incluso estudiantes de escuelas y liceos públicos; muchas de estas actividades no fueron planificadas por el equipo, sino que son producto de solitudes que nos hacen miembros de organizaciones e, incluso, funcionarios de alcaldías, concejos municipales y el consejo legislativo del estado, porque nuestra labor es cada vez más conocida. Por primera vez participamos en la primera consulta pública de la Ley de Infogobierno del estado y tuvimos la oportunidad de hacer llegar nuestras observaciones y sugerencias a los legisladores, que esperamos fueran tomadas en cuenta, sin embargo, ya es un hito importante para nosotros en el estado. Aunque sabemos que aún falta mucho por hacer, sentimos que hemos logrado hacer llegar nuestro mensaje y es lo que deseamos seguir haciendo.
En las regiones han pasado cosas positivas como por ejemplo que gestiones anteriores a la actual alcaldía del municipio Libertador del estado Mérida utilizaron la plataforma en línea ofrecida por Transparencia Venezuela para la consulta pública de algunos de sus presupuestos. Cuéntenos de esta experiencia
Desde hace algunos años hemos ofrecido a las alcaldías –principalmente- un software diseñado para facilitar el proceso de diagnóstico del presupuesto participativo, la rendición de cuentas y el acceso a la información sobre compras y contrataciones, con el objeto de incentivar el uso de las tecnologías en la gestión para mejorar su transparencia y la participación ciudadana. Las dos gestiones anteriores de la alcaldía del municipio Libertador, utilizaron la plataforma para el proceso de presupuesto participativo y para la rendición de cuentas. En el caso del diagnóstico del presupuesto participativo, fue utilizada tres veces durante la gestión del alcalde Alcides Monsalve y, según nos lo manifestaban los funcionarios responsables del uso del sistema, se sintieron satisfechos porque pudieron lograr mayor participación ciudadana en este proceso de la que habrían logrado solamente con las asambleas de ciudadanos presenciales. Consideraron que era una plataforma muy amigable y que les facilitaba el trabajo, por lo que podemos afirmar que fue una experiencia positiva.
Hace cuatro años se aprobó en el municipio Rivas Dávila del estado Mérida la Ordenanza de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Le han hecho seguimiento, ¿se cumple?
Esta Ordenanza fue aprobada en noviembre de 2018, por iniciativa del alcalde Nilson Peña, quien introdujo la propuesta al Concejo Municipal. Con la Ordenanza del municipio Rivas Dávila, son 4 instrumentos de este tipo aprobados en el estado, aparte de Campo Elías, Rangel y Libertador. Durante la gestión del alcalde Nilson, pudimos realizar un seguimiento más periódico sobre su cumplimiento, aunque por temas logísticos, no pudimos hacer una consulta en el sitio y con actores diversos, como hubiésemos querido. Sin embargo, existía la voluntad de hacer cumplir la ordenanza desde el gobierno local. Con el cambio de gestión el pasado año, no hemos establecido contactos que nos permitan hacer un seguimiento mas actualizado, pero sin duda es una de las tareas que tenemos pendiente. Lo que podemos decir, de manera general, es que este tipo de ordenanzas requieren un proceso de difusión y formación a nivel interno, porque hemos encontrado que los funcionarios –incluso, del propio Concejo Municipal- suelen desconocer su existencia y mucho menos, su contenido y eso es fundamental para favorecer su cumplimiento. En el caso de los funcionarios de Rivas Dávila dimos capacitación el año de aprobación de la ordenanza y esperamos que ese personal esté poniendo en práctica lo aprendido aunque haya cambiado la máxima autoridad.
Rita Coello
Lic. en Administración de Empresas- ULA. MBA en Administración de empresas-Universidad Autónoma de Madrid. Docente universitaria-ULA. Asesora en gerencia general y mercadotecnia en organizaciones públicas y privadas. Investigadora en temas de gestión pública y gobierno abierto.
