Ronna Rísquez: El crimen organizado se ha colado en la política y en los partidos
La magnitud de la corrupción en Venezuela no tiene precedentes. De hecho, hay una “súper red” de corrupción con el concurso de al menos 9.000 personas o empresas que opera desde hace años en Venezuela, de acuerdo con una investigación actualizada de la fundación especialista en crimen organizado Vortex en conjunto con Transparencia Venezuela.
Esta red tiene una estrecha vinculación con el crecimiento en el país del crimen organizado que maneja volúmenes de dinero equivalentes a por lo menos 21% del Producto Interno Bruto. Transparencia Venezuela resalta que las actividades criminales han cobrado fuerza con el correr de los años, al punto de encontrarse actualmente entre las principales industrias del país.
“Solo el contrabando de drogas, oro, combustible y las actividades ilegales en puertos y aduanas reportan anualmente más de $9,400 millones a organizaciones criminales amparadas por funcionarios corruptos”, señaló el informe de Transparencia Venezuela que recoge las conclusiones de una investigación de 10 meses.
En entrevista para ConLaLupa.Com la periodista venezolana Ronna Rísquez, experta en crimen organizado, conversó acerca de la vinculación de la corrupción con el crecimiento exponencial que ha tenido el crimen organizado en el país en los últimos años.
En Venezuela el crimen organizado tiene una estructura robusta que se ha consolidado a la sombra del poder político ¿Cuál es la relación entre el crecimiento del crimen organizado en el país y la corrupción?
Es una relación simbiótica, en la que el crimen organizado y la corrupción se alimentan mutuamente. Una parte no puede vivir sin la otra. El crimen organizado vive gracias al apoyo, la participación y la protección de funcionarios de instituciones del Estado. Su crecimiento solo es posible con estas “alianzas”.
Transparencia Venezuela y especialistas en la materia han identificado por lo menos nueve bloques criminales de delincuencia organizada en el país, una de las más importantes son las megabandas criminales. Las llamadas zonas de paz, decretadas por el gobierno de Nicolás Maduro en 2013, resultaron un factor determinante para el crecimiento de estas. Hoy en día, ¿Cuál es la relación de este bloque criminal (megabandas) con el poder político y/o gubernamental?
No hablaría de nueve bloques criminales. En realidad lo que hay son grupos armados no estatales que se pueden clasificar como: megabandas, colectivos, sindicatos mineros, pranato, guerrilla, carteles, autodefensas campesinas y paramilitares (Rastrojos y Clan de Golfo solo en la frontera). Y por otro lado hay economías ilícitas como: narcotráfico, minería ilegal, contrabando, trata y tráfico de personas, entre otros.
La relación entre las megabandas y el poder político es muy fuerte, y es lo que ha permitido y facilitado el crecimiento y la consolidación de estas organizaciones. No es posible que un grupo como el Tren de Aragua logre expandirse nacional e internacionalmente sino cuenta con el apoyo o la permisividad de funcionarios de los gobiernos regionales y nacional y de las FANB. Que algunas cárceles del país funcionen como base de operaciones de estos grupos armados no estatales solo es responsabilidad directa de los ministerios de Servicio Penitenciario y Defensa que tiene la seguridad externa de las prisiones con la GNB.
Un ejemplo importante de esta relación fue el supuesto pacto entre la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez y la megabanda de El Koki, que ha sido denunciado por medios.
¿En el caso específico de las bandas criminales que actúan en las minas del estado Bolívar, se ha logrado establecer una línea de acción (complicidad) entre ellas y entes del estado? ¿Con cuáles entes?
Diversas investigaciones publicadas por periodistas han denunciado la relación entre las estructuras criminales que operan en Bolívar y los gobernadores de esa entidad. Quizás el más mencionado es Henry Rangel Gómez. Este vínculo de complicidad y alianza también involucra a miembros de las FANB, que ocupan cargos de alta jerarquía y a funcionarios policiales.
Luego también han sido frecuentemente denunciadas las masacres por “cambio de gobierno” entre grupos armados o para desplazar y sustituir por otros grupos criminales a los ya existentes, estos cambios siempre de alguna manera avalados o impulsados por la FANB.
Con el fin de facilitar los negocios, los grupos del crimen organizado corrompen a ciertos elementos del Estado -en particular, a las fuerzas de seguridad y al poder judicial- ¿En cuál estructura de los poderes públicos es más clara esta relación?
Debido a los temas que investigo, he identificado que la relación de corrupción es más clara entre funcionarios de los cuerpos de seguridad y las FANB. Sin embargo, esto no significa que en el Poder Judicial no exista corrupción asociada a los grupos de crimen organizado.
El crimen organizado ha mostrado interés en infiltrar la arena política (o partidista) en muchos lugares de la región, en el caso de Venezuela ha logrado colarse a la arena política a través de los partidos? ¿Hay casos identificados?
Definitivamente el crimen organizado se ha colado en la política venezolana y en los partidos, principalmente en el partido de gobierno. Vive con y de la política. Hay casos que van desde la designación del presidente de la República, varios de sus ministros y el líder del PSUV, Diosdado Cabello, como presuntos narcotraficantes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Adicionalmente hemos visto como alcaldes y parlamentarios han sido detenidos dentro y fuera de Venezuela por vínculos con el narcotráfico, el contrabando de combustible, el cobro de coimas y el lavado de dinero.
Venezuela es un centro criminal importante de América Latina, un país de tránsito para alrededor de 200 toneladas de cocaína colombiana con destino a EE.UU. y Europa ¿Sin ser tan poderoso como el crimen organizado de México, el llamado cartel de los soles retrata la relación entre el estamento militar y el crimen organizado?
El cartel de los soles es una manera de identificar a militares y funcionarios del gobierno que supuestamente se dedican al narcotráfico. Pero no es un cartel que cumpla con las características de este concepto, quizás esa sea una de las razones por las que no tiene tanto poder como los carteles mexicanos.
Estos son más bien grupos operando por separado, que sí tienen una característica importante, sus miembros son los líderes políticos, según lo denunciado por autoridades de EEUU.
La corrupción en Venezuela ha permeado a los ámbitos más insospechados a través del crimen organizado. Un ejemplo es el caso del béisbol que ustedes en la ARI investigaron. ¿Cuánto de crimen organizado y cuanto de corrupción hay en la forma en que actúa la delincuencia en estos casos?
La posibilidad de que el crimen organizado haya penetrado el béisbol, está relacionada con el hecho de que el gobierno no ha hecho mucho para controlar, limitar y evitar las acciones del crimen organizado. En ocasiones parece que las facilitara al no combatirlo, el permitir que ciertas operaciones no tengan control, como es el caso de las academias de béisbol, que no están reguladas, ni supervisadas por ninguna institución del Estado. Operan con una gran libertad en un país donde todo es controlado y regulado por las instituciones del Estado
Esta falta de supervisión sobre las academias pudiera facilitar la acción del crimen organizado, además de que las autoridades no combaten la extorsión.
La periodista señaló en un conversatorio organizado por Connectas que “Venezuela se ha convertido en una especie de plataforma para el crimen organizado en la región. Hay una intención de control social, político y se utilizó el exterminio de personas para lograr esto. Pero ¿cómo se pueden hacer políticas públicas si tenemos unas estadísticas sistemáticamente ocultadas?”.
Ronna Risquez
Es periodista de investigación, graduada en Comunicación Social en la Universidad Central de Venezuela, con más de 20 años de experiencia en la cobertura de temas de violencia, seguridad ciudadana, crimen organizado y Derechos Humanos. Fue editora de las páginas de política y crimen del diario El Nacional y directora de investigación del medio digital Runrun.es, donde creó el Monitor de Víctimas, una plataforma de periodismo de datos finalista del Data Journalism Awards 2018. Fue finalista al Premio Gabriel García Márquez de Periodismo 2016 y formó parte del equipo de periodistas que trabajó en el proyecto de investigación Panama Papers.
