Armando.Info: Diputado o contratista, según convenga
Una investigación de:
Parlamentario oficialista y proveedor del Estado, a José Leopoldo Matos las formas le tienen sin cuidado. Su empeño por encarnar simultáneamente a la revolución socialista y a la iniciativa privada, sin reparar ni en restricciones legales ni en coherencias ideológicas, equivale a procurar la cuadratura de la arepa. En todo caso, su relato de éxito como empresario del agro se tambalea, sostenido apenas sobre deudas y generosas asignaciones públicas.
El 30 de julio de 2017, José Leopoldo Matos obtuvo en las urnas su primer cargo de elección popular: una curul en la írrita Asamblea Nacional Constituyente que Nicolás Maduro patrocinó e hizo instalar en 2018. Tres años después, el 6 de diciembre de 2020, Matos lo logró de nuevo, pero esta vez como postulante a una curul de diputado a la Asamblea Nacional chavista por la lista del estado Guárico, en la región de los Llanos centrales de Venezuela, del partido Patria Para Todos (PPT), parte del bloque oficialista Gran Polo Patriótico.
Desde aquel 2017, la vida partidista y parlamentaria de Matos (67) ha estado marcada por tres características invariables: una es su lealtad al chavismo-madurismo; otra, que ni antes ni después ha dejado de ser empresario contratista del Estado; y la tercera, que no esconde ese papel de proveedor del Estado, aunque contravenga la normativa venezolana.
Los instrumentos legales que, empezando por la Constitución vigente -la “de Chávez”, de diciembre de 1999-, prohíben de manera explícita que un servidor público, máxime un diputado, haga negocios con el Estado, parecen letra muerta no solo para Matos, sino para los medios oficialistas que a menudo difunden sus actividades empresariales.
Tener al Estado en su portafolio de clientes es el oficio de José Leopoldo Matos. Para ello se ha valido de una empresa que fundó en 2006, Silos Mantenimiento de Cereales, C.A. (Silmaca). Con esta, al menos desde 2016, a través de alianzas estratégicas y acuerdos de los que queda constancia en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), Matos ha puesto su producto estrella, la harina de maíz Doña Goya, en las cajas y bolsas del programa Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el principal programa de asistencia social y clientelismo del régimen.
La tensa dualidad de Matos como hacedor de leyes y empresario revolucionario ha quedado normalizada en los medios estatales. Pero hay otro costado controvertible de esa figuración, que documentos obtenidos por Armando.info ahora ponen de relieve: Matos acumula deudas tanto con los bancos del Estado venezolano como con financistas privados. Mientras el dueño de Silmaca -y de un escaño parlamentario de Guárico- recibe, por un lado, loas de la propaganda oficial como prueba viviente del éxito de las políticas económicas y de la alianza de la autodenominada Revolución Bolivariana con el empresariado patriota, por el otro ha gozado de ventajas poco comunes, como créditos más que blandos del Estado y una morosidad apenas tolerada.
Sírvase pagar
José Leopoldo Matos no es solo un diputado de bajo perfil -desconocido, podría decirse sin más- en medio de la grey parlamentaria del chavismo. Aún las confederaciones agrarias saben poco de él. Ciertamente, su trayectoria de empresario tampoco es dilatada. Casi en simultáneo con el arranque de la Revolución, fundó sus compañías en Valle de la Pascua, estado Guárico.
Entre 2005 y 2006, registró Tracto-Llano, C.A., dedicada a la comercialización de tractores y repuestos; Droguería Popular, C.A.G., C.A., para la distribución de medicamentos; y Silos Mantenimiento y Almacenamiento de Cereales, C.A. (Silmaca), productora de harina de maíz.
En varios espacios televisivos, Matos ha hablado del éxito de la distribución de la harina Doña Goya y, en suma, de la solvencia de su empresa: según repite, Silmaca es un ejemplo de cómo capear una adversidad económica como la venezolana. Pero hay números que ponen en entredicho sus aseveraciones publicitarias.
Una fuente relacionada con Silmaca explica que, puertas adentro, la realidad es distinta. La harina solía ser distribuida por la gubernamental Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal), un ente que no necesariamente se destaca por sus exigencias de calidad. Aun así, “la harina producida por Silmaca, que solía ser vendida bajo la marca Doña Goya, tiene un veto en Cuspal debido al incumplimiento en los estándares de calidad para el consumo humano”, asevera la fuente.
Por separado, algunos comentarios en redes sociales sustentan la afirmación de la calidad ínfima de la harina Doña Goya. “Es de mala calidad. La harina que viene en las bolsas Clap es mala. ¿Creerán que los beneficiarios de la bolsa no somos dignos de recibir calidad?”, comentaba una usuaria de Twitter en agosto de 2021. “(De) la harina Doña Goya nos dan la amarilla, y bien mala que es también”, añadía alguien en la misma red en febrero de 2022.
Para leer la investigación periodística completa:
