Armando.info: El ‘Paseo Millonario’ te lo da la policía en Caracas hasta el Helicoide
Una investigación de:
A la práctica delictiva del secuestro extorsivo la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) la ha convertido en una industria, informal pero boyante. Agentes de una brigada motorizada de ese cuerpo de seguridad cazan fortunas mediante el chantaje a jóvenes de clase media en el este de la capital venezolana, a los que planta drogas para acusarlos de posesión ilegal. La guarida donde se retiene a los rehenes y se cobran los rescates, en dólares, funciona a plena luz del día en el icónico edificio que también aloja a la policía política.
A. nunca pensó que después de salir del colegio de su hijastro terminaría esposado, de una mano, con un acusado de homicidio y, al mismo tiempo, de la otra, con alguien señalado por robo. Tampoco pensó que alguna vez entraría detenido al Helicoide, aquella estructura diseñada por dos arquitectos alemanes y un venezolano durante la exaltación desarrollista del perezjimenismo para ser un centro comercial que, casi 70 años después, sirve hoy como una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, policía política), así como para algunas brigadas del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), y que funciona además como el mega calabozo de presos políticos de la autodenominada Revolución Bolivariana. Un recinto del horror.
Pero A., que no había cometido delito alguno, fue a dar allí el miércoles anterior a la reciente Semana Santa de 2023. Fue el comienzo de una travesía por las catacumbas de la intimidación y del chantaje.
La CPNB tiene su sede administrativa dentro de las instalaciones del Helicoide y comparte el recinto con la policía política. Crédito: Yuri Cortez/ AFP
Su rutina cotidiana incluye llevar a su hijastro al colegio y luego ir a clases de natación, un día a día que transcurre dentro de los límites del municipio Baruta, uno de los cinco que constituyen Caracas. Ese miércoles salió junto a su esposa, como de costumbre, del colegio del niño, tras dejarlo en la mañana, pero fueron detenidos por cuatro funcionarios que los interceptaron a bordo de dos motos en la zona de Bello Monte. Pertenecían a la séptima brigada motorizada de la Policía Nacional Bolivariana.
Tras el abordaje, los funcionarios les pidieron sus papeles: licencia, carnet de circulación del vehículo y cédula de identidad. Uno de los hombres revisó los asientos del carro. La mujer de A. sacó su celular e hizo un intento fallido de grabar. El uniformado dijo: “Listo, encontramos marihuana”. Señaló un bolso de natación que estaba mojado y mostró enseguida una pequeña bola verde en sus manos. Le arrancaron de las manos el celular a la pareja de A., y los hicieron montarse a ambos en el carro con dos funcionarios adentro para obligarlos a manejar a un lugar que no revelaron de primeras.
El Helicoide resultó ser el destino final para el paseo.
La edificación aloja desde hace algún tiempo unas oficinas de la CPNB, la principal fuerza de seguridad civil en el ámbito nacional, conformada en 2009.
El organigrama de este cuerpo policial se ha ido expandiendo. Incluye seis divisiones de vigilancia y patrullaje con presencia en diversas áreas: Aeroportuaria, Portuaria y Aduanas, Ferroviaria, Subterránea y de Teleférico, Espacios Acuáticos, Policía Turística, Custodia Diplomática y Policía Ambiental. También tienen divisiones aparte para cubrir Vías Rápidas; Tránsito Terrestre; una Policía de Migración; otra Comunal; para el Orden Público; la de Atención a la Víctima; División contra las Drogas y División Canina.
Una brigada motorizada de la CPNB en Caracas se dedica a extorsionar jóvenes desde noviembre del año pasado. Imagen tomada de la cuenta Twitter de Néstor Reverol.
También tiene una División de Inteligencia Estratégica, otra dependencia con funciones similares y paralelas a las que ejerce el Sebin, con el fin de prevenir delitos o adelantarse a hechos, según informa el cuerpo de seguridad en su página web. Y una Unidad de Operaciones Especiales, para prestar apoyo táctico a otros cuerpos de seguridad.
A. quedó detenido en la CPNB. Lo metieron dentro de una de las celdas y le esposaron mano con mano con el señalado por homicidio y con el señalado por robo, los Dimas y Gestas del viacrucis particular de A.
A la pareja de A. la dejaron sentada en una escalera al lado de la celda, esposada a las barandas de una escalera. A. no alcanzaba a verla.
Ella recuerda el cinismo peligroso de sus captores. También los apellidos que mostraban en sus uniformes. “¿Fumas marihuana para tener relaciones más ricas?”, le preguntó un funcionario de apellido Sánchez y que, como rasgo llamativo, tenía los ojos verdes. Ella no le respondió. Le repitieron una y otra vez que pensara a quién llamar para que les acercara 10.000 dólares, o serían presentados a Fiscalía por posesión de estupefacientes.
Ella dijo que su hijo saldría al mediodía del colegio y alguien tenía que buscarlo. Sólo la dejaron llamar a su suegra con el teléfono en altavoz para pedir que lo buscara, bajo vigilancia y amenaza de represalias si acaso revelaba que estaba detenida.
A. le silbaba y ella le respondía igual. Fue la única forma por la que consiguieron comunicarse. Así supieron que ambos seguían en el mismo lugar y estaban bien.
Pasó una hora y los uniformados, en número de ocho, dieron otra orden a la mujer: tenía que llamar a su suegro y decir que A. estaba detenido, sin dar más detalles ni decir dónde estaba. Así lo hizo. Otra vez bajo la misma coacción y con el teléfono en altavoz.
Al pasar un rato, los funcionarios se comunicaron directamente con el padre de A. desde el teléfono de su esposa. Se alejaron. Ella no pudo escuchar qué decían, pero en una hora llegaron su suegro y un primo de la familia. Los separaron y ambos hablaron con funcionarios diferentes. Tras salir del interrogatorio, el primo avisó que tenía que buscar 5.000 dólares para que la pareja pudiera quedar en libertad.
Algo más que ‘pa’l fresco’
Que un funcionario de seguridad en Venezuela cometa un delito no impresiona. En particular, las extorsiones de uniformados se han convertido en práctica frecuente en cualquier parte del país, sobre todo aquella especie en la que los funcionarios piden dinero en efectivo para “soltar” al desafortunado ciudadano al que han dado la voz de alto. Pero de aquella estampa de soborno light y folklórico, la brigada motorizada de la CPNB saltó a un esquema brutal y de escala industrial que funciona en la propia sede donde ese organismo comparte oficinas con el Sebin.
Lo que ocurre dentro del Helicoide es un modus operandi que contempla los delitos de secuestro y extorsión, explica el abogado penalista Joel García. La metodología aplicada es clara: retienen a las personas, las llevan a un lugar desconocido y luego las hacen llamar a un familiar para que sean liberadas a cambio de dinero. Un rescate.
La ubicación de las oficinas dentro de El Helicoide revela además una necesaria complicidad, o vista gorda al menos, de los distintos cuerpos policiales que allí funcionan. Para llegar a la sede administrativa de la Policía Nacional se transita una subida en espiral que lleva casi a la cúspide de la edificación. Entre esa oficina y las del Sebin solo se interpone un Simoncito, una guardería del Estado para los hijos de los funcionarios de este cuerpo de seguridad que se llama “Apascacio Mata”. Se trata de una mueca irónica: el plantel recuerda con su nombre a un emblemático agente de tránsito de la desaparecida Policía Metropolitana de Caracas, durante los gobiernos de la democracia puntofijista, que se distinguió durante su carrera por la formalidad en el uniforme y su conducta incorruptible. Su leyenda apunta a que fue capaz de parar una caravana presidencial y multarla por violar normas de tránsito.
No hay manera de que los detenidos lleguen a ese lugar sin que los jefes policiales conozcan que estuvieron allí y el motivo. Además, la ley establece que quienes lleguen allí deben ser presentados ante la Fiscalía una vez están en el lugar, y más si es por tenencia de drogas.
“Hay una complicidad necesaria en los jefes. Cuando llevas a alguien a un despacho policial no lo metes en un cubículo y ya, sino que tienes que reportar en calidad de qué llega esa persona”, explica García.
Lo que durante los operativos estos policías exhiben ante sus víctimas como la marihuana incriminatoria, que en realidad les han sembrado, según permiten comprobar fotos obtenidas por Armando.info y las descripciones de las víctimas, no representa ni un gramo de peso. Para poder imputar a una persona por posesión ilícita de drogas debe llevar consigo no menos de 20 gramos, según la Ley contra las Drogas promulgada en 2010.
Aún así, los funcionarios logran su objetivo intimidatorio de infundir terror. Les dicen a las víctimas que pueden decir que encontraron la cantidad que sea, y esa es parte del esquema extorsivo. Todo es verosímil en un país con tan escasa confianza en el sistema de justicia.
“Estamos en una anomia total”, sentencia García.
El cuerpo de funcionarios de la CPNB se creó en 2009, pero su génesis se comenzó a gestar desde que se reformó la Constitución en 1999, bajo la premisa de que sería el cuerpo de seguridad ciudadana con mayor presencia y poder en el país y que conviviría armónicamente con las policías estadales y municipales, así como con la policía científica y los organismos de inteligencia. A la postre lo que hubo fue la creación prolífica de brigadas adscritas a ese cuerpo policial que a menudo replican las funciones de otros cuerpos y han pasado por decenas de jefes y cambios de nombre con una constante: las denuncias de violación a los principios de defensa y protección de la ciudadanía.
Una de ellas fue las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un comando del CPNB creado en 2016 a manera de cuerpo élite de comandos y que llegó a convertirse en una brigada de exterminio, famosa por su autoría en cientos de ejecuciones extrajudiciales. Por ejemplo, según cifras recabadas por Monitor de Víctimas, sólo entre mayo y noviembre del año 2017, en el Área Metropolitana de Caracas se registraron 403 homicidios en los que participaron los cuerpos de seguridad del Estado. De estos, 124 (31%) fueron atribuidos a las Faes, que a su vez son las responsables de 62% de las muertes cometidas por la CPNB.
Para el año 2022, ese grupo de exterminio cambió de nombre por Dirección Contra Delincuencia Organizada (DCDO), pero el rebranding no hizo que la CPNB dejara de estar en el ranking de homicidios.
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