Armando.info: Este negocio se cobra en especies
Una investigación de:
Un ruido animal: eso fue lo que escucharon los dos agentes de la Policía Nacional Bolivariana del estado Portuguesa, en los Llanos occidentales de Venezuela, cuando se acercaron a auxiliar a un camión cava detenido a un costado de la autopista José Antonio Páez, la noche del 18 de octubre de 2022. Ordenaron al piloto y al copiloto que abrieran la puerta posterior del vehículo. Cuando apuntaron al interior con las linternas, la sorpresa no pudo ser mayor. El cargamento estaba conformado por 62 animales silvestres: nueve loros reales; 31 guacamayas (cuatro cara seca, dos azul-amarilla, 21 bandera o escarlata, cinco rojas y 18 verde militar), un rey zamuro y dos osos hormigueros gigantes o palmeros.
Los 62 animales silvestres viajaban dentro de 11 cajas de madera y tres cajones sellados con orificios, en un recorrido de más de 800 kilómetros por carretera, equivalentes a unas 13 horas dentro de la cabina posterior de un camión sin ventilación.
No se trataba de un alijo cualquiera. Entre este conjunto de fauna cautiva, el oso palmero y la guacamaya verde están catalogadas como especies en peligro de extinción, según el Libro Rojo de la Fauna Venezolana (2020). Su grado de vulnerabilidad también es reconocido por el recién lanzado Sistema Venezolano de Información de Diversidad Biológica (Svidb) del Ministerio de Ecosocialismo (Minec). Además, desde 1996, ambas especies, junto al rey zamuro y las guacamayas bandera y roja, forman parte de la lista oficial de los animales vedados para la cacería, de acuerdo al decreto 1.485.
Aquella noche de octubre, los dos policías nacionales de Portuguesa no sospechaban que habían descubierto el primer eslabón de una presunta cadena internacional de tráfico de fauna silvestre, identificada por el Ministerio Público, que involucra a una empresa privada y a las autoridades en materia ambiental en Venezuela.
El tráfico de fauna silvestre en Venezuela es una de las mayores amenazas a la diversidad biológica de uno de los 10 países con mayor biodiversidad del planeta, alertan organizaciones ambientales. Se trata del cuarto comercio ilícito global más grande después del narcotráfico, la trata de personas y los productos falsificados, según la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, acrónimo de Immigrations and Customs Enforcement) del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) de Estados Unidos.
“El motor central del tráfico ilegal de animales silvestres radica en la demanda”, reza la reciente campaña de la organización conservacionista Provita. Y es cierto: en el mercado negro internacional aumentan las solicitudes de especies vivas para venderlas como mascotas exóticas, así como la demanda de sus subproductos como pieles, plumas, cuernos y dientes, para convertirlos en abrigos de lujo, joyas extravagantes, trofeos o simples ornamentos.
El Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales (Ovdha) alerta sobre el creciente tráfico ilegal de fauna silvestre. En su informe de abril de 2022, la organización examina las razones de este fenómeno: por un lado, la crisis humanitaria compleja lleva a las personas a capturar y vender animales silvestres como medio de subsistencia y, por el otro, está el aumento de la demanda de grupos criminales organizados con conexión internacional, que se enriquecen con el negocio del transporte y comercialización de especies.
Especies amenazadas
“En Venezuela no se conoce la verdadera magnitud del tráfico de especies porque la data prácticamente no existe. Pero hay evidencias de que sí ocurre y es creciente. Constituye un problema global que se ha convertido en una de las principales causas de destrucción de especies, en particular las amenazadas”, afirma Alejandro Alvarez Iragorry, director de Clima21.
Los 62 animales, entre mamíferos y aves, decomisados en Portuguesa en octubre de 2022 provenían de la Finca La Birmania, situada en Abejales, municipio Libertador del estado Táchira, donde funciona el Zoocriadero Alazán. Iban a ser trasladados hasta al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado La Guaira, con destino final en República Dominicana. Con su incautación, el decomiso del camión y la detención de los tripulantes, Edixon Román Arana y José Manuel Carpio, se destapó un cúmulo de irregularidades que contribuyen al “desequilibrio y amenazas a la supervivencia de especies”, según reza la Ley de Protección a la fauna silvestre, a la que apeló el Ministerio Público.
La guía de movilización de los animales, firmada por la Dirección de Diversidad Biológica del Minec, que mostraron los conductores a los policías y fiscales ambientales de Portuguesa, no concordaba con la cantidad de especies transportadas. Como credenciales adicionales, Edixon Arana, uno de los dos conductores del camión, portaba sendos carnés de empleado del Zoocriadero Alazán y del Instituto Nacional de Parques (Inparques), adscrito al Minec.
Sólo cinco guacamayas rojas llevaban los reglamentarios anillos identificativos con el nombre de Zoocriadero Alazán. Los 57 animales restantes no portaban ninguna marca de identificación, como aros, grapas o aretes metálicos, que el Minec asigna de acuerdo a la especie sometida al plan de manejo y aprovechamiento comercial.
Ante la inexistencia de instrumentos identificatorios, el técnico ambiental del Ministerio Público encargado del caso determinó que el loro real, las guacamayas azul, cara seca, tricolor y verde militar, así como el rey zamuro y el oso palmero, eran de procedencia ilegal. Es decir, los animales serían producto de la caza furtiva y, por lo tanto, debían ser asumidos como contrabando.
En la audiencia de presentación, celebrada el 21 de octubre de 2022 en un tribunal de Acarigua -junto a su ciudad gemela de Araure, la zona urbana más grande de Portuguesa-, Arana y Carpio fueron imputados por los delitos de Caza Ilícita y Contrabando Agravado en la modalidad de Extracción de la Fauna Silvestre, contemplados en la Ley Penal del Ambiente y Ley de Contrabando, respectivamente. Cada delito implica penas de tres a cinco años de cárcel. A ambos empleados del Zoocriadero Alazán le dictaron medidas cautelares sustitutivas de libertad bajo régimen de presentación ante el tribunal cada 30 días.
La “mercancía animal” incautada en Portuguesa pertenecía al Centro de Cría de Especies de Fauna Silvestre y Exótica Alazán, representado por Inversiones Alazán GAC C.A, empresa privada registrada en 2017 en Táchira, que estableció una “alianza comercial” con el Minec, según el expediente que maneja el Ministerio Público sobre este caso. En sus apariciones públicas y reseñas de la prensa oficialista, difundidas entre 2021 y 2023, no se detalla en qué consiste este acuerdo entre un privado y el Estado con aparentes intenciones conservacionistas.
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