¿Cómo termina el dinero de Petróleos de Venezuela en las cuentas de procesados por la justicia estadounidense?
En 2017, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) contrató a un dudoso grupo para detener el deterioro de las relaciones con el gobierno de Donald Trump. A la vuelta de unos meses, el clima bilateral había empeorado aún más, y el dinero pagado por la estatal venezolana terminó en los bolsillos de individuos procesados por la justicia de ese país.
El nombre más importante de la lista es sin duda David Rivera, un ex congresista de Florida por el partido Republicano. La primera semana de diciembre, este hombre de origen cubano fue apresado en Atlanta, luego de ser imputado por el incumplimiento de una ley estadounidense que obliga a registrar ante el Departamento de Justicia a todas las personas que intentan ejercer algún tipo de influencia en ese país, en nombre de agentes foráneos.
La detención de Rivera fue precedida por una sucesión de litigios civiles, en los que la estatal petrolera venezolana intentaba -al menos de manera formal- resarcir el daño ocasionado a sus arcas por lo que considera un incumplimiento del contrato firmado con Rivera durante la era Trump.
Estos juicios revelan que una parte importante del dinero entregado al ex legislador engrosó las cuentas de Raúl Gorrín Belisario, un empresario de medios venezolano íntimamente ligado al gobierno de Nicolás Maduro, que aparece como investigado en numerosos expedientes por lavado de dinero en EEUU. En uno de ellos figuran en calidad de coacusados Claudia Patricia Díaz y Adrián Velásquez, quienes fueran la enfermera de cabecera y escolta de Hugo Chávez. Ambos fueron hallados culpables en una corte de Florida por el blanqueo de capitales procedentes de sobornos en el aprovechamiento del régimen de cambio diferencial que imperó en Venezuela desde 2003.
Además de Gorrín, varios millones de dólares fueron entregados a Hugo Perera, un hombre de origen cubano convicto por tráfico de drogas para el extinto cartel de Cali. Luego de purgar ocho años en una prisión estadounidense, Perera registró empresas dedicadas al desarrollo de proyectos inmobiliarios en Florida.
En Venezuela, Perera y otros fueron noticia a finales del siglo pasado, a propósito de una pesquisa del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional, sobre una presunta legitimación de capitales a través del llamado Casino del Mar y del lujoso condominio The Hills. Ambas empresas de Margarita.
Perera nunca fue detenido por esta investigación. Luego de los allanamientos de la GN, los promotores de The Hills se vieron involucrados en diversas demandas. Hoy en día, solo quedan ruinas en la hermosa colina de Pampatar donde alguna vez fueron mostradas las casas a los ricos y famosos de la época.
Registro de lobistas
Los primeros indicios de lo que había sucedido fueron aportados en una demanda civil que intentó PDV USA contra una compañía de Rivera, Interamerican Consulting, el 13 de mayo de 2020, es decir, 34 meses después de la firma del contrato que, según la estatal venezolana, había sido incumplido.
Según el acuerdo laboral, Rivera recibiría cincuenta millones de dólares por sus gestiones para mejorar “la reputación y posición de largo plazo” de Pdvsa en EEUU.
Los pagos se harían en seis fracciones a lo largo de los seis meses siguientes.
En esos días, Pdvsa era el foco de varios casos de corrupción, como los desfalcos de Roberto Rincón y Abraham Shiera. Además, se había determinado que esta empresa era “instrumental” en la consecución de diversos propósitos políticos, tanto adentro como afuera del país. Uno de ellos era el presunto financiamiento a movimientos subversivos, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
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