Corruptómetro: Justicia venezolana es selectiva y opaca para investigar a corruptos procesados en EE.UU.
La lucha contra la Gran Corrupción que alardea el Ministerio Público venezolano se queda en palabras. El proceder en los casos que han comprometido millones de dólares del país dista mucho del trabajo “rápido, inmediato y casi automático” del que habla el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en sus declaraciones a la prensa. Pueden transcurrir varios años para que el sistema de justicia venezolano informe u ofrezca detalles del curso de investigaciones contra exfuncionarios que han estado involucrados en hechos corruptos y que han sido judicializados en Estados Unidos. O bien, pueden guardar silencio.
Cuando la Fiscalía venezolana anunció en mayo de 2018 que investigaban una trama de corrupción en perjuicio de Petróleos de Venezuela, que involucraba a los empresarios Roberto Rincón Fernández y Abraham Shiera Bastidas en la venta con sobreprecios de alimentos e insumos para el sector eléctrico, la justicia de Estados Unidos ya había construido un camino: los señalados tenían más de dos años colaborando con la Fiscalía, se habían declarado culpables de pagar sobornos a altos funcionarios de la filial de Pdvsa, Bariven, a cambio de recibir contratos y estaban a la espera de sus sentencias.
Este caso, que también incluye a varios ex altos funcionarios del Estado, dibuja perfectamente el patrón que ha aplicado el sistema de justicia venezolano en los casos de Gran Corrupción que, en su mayoría, tienen origen en la estatal petrolera. Es casi una norma: el inicio de las investigaciones en el sistema de justicia es selectivo, opaco y extemporáneo.
Entre mayo de 2019 y agosto de 2023, los tribunales de EE.UU. han dictado sentencias contra 10 involucrados en esta trama de sobornos que causó un daño a la nación que supera los USD 1.000 millones. Entre ellos se encuentran precisamente Roberto Rincón Fernández y Abraham Shiera Bastidas, vistos como los líderes del esquema de corrupción en el que conspiraron con funcionarios como el exviceministro de Energía, Nervis Villalobos Cárdenas, y el exgerente de Prevención y Control de Pérdidas, Rafael Reiter Muñoz, para lavar dinero a través de grandes operaciones financieras y compra de bienes. En total, según registros de Transparencia Venezuela, al menos 18 personas han sido investigadas en este caso en EE.UU.
Si se toma una mirada más global, se tiene que EE.UU. ha iniciado al menos 58 investigaciones, en las que están mencionadas 170 personas: 129 personas están vinculadas con lavado de dinero por hechos de corrupción con dinero público venezolano, 34 con narcotráfico, 5 con tráfico de armas y 2 con la violación de sanciones.
Del total de involucrados en las investigaciones de EE.UU., la Fiscalía General de la República solo ha anunciado públicamente investigaciones contra 22 personas: 14 señaladas por delitos asociados con corrupción, 2 vinculados con la obtención ilícita de divisas, otros 2 acusados por traición a la patria, 1 por contrabando de combustible, 1 por narcotráfico y otras 2 personas de las que no se tiene información sobre los delitos presuntamente cometidos. Ya es una práctica que las autoridades informen de manera incompleta el inicio de una investigación y que guarden silencio sobre los avances y los resultados. Esto incluye condenas y absoluciones.
El sistema de justicia de EE.UU. ha dictado 76 sentencias entre 2008 y 2023. Solo en este año, seis personas han sido condenadas: la enfermera y el edecán de Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián Velásquez, respectivamente (15 años); el exasesor legal de Pdvsa, Álvaro Ledo Nass (3 años); el exgerente de Citgo, José Luis De Jongh Atencio (4 años); el empresario Roberto Rincón Fernández (1 año y 6 meses); y el exgerente de Finanzas de la Electricidad de Caracas, Luis Carlos De León Pérez (1 año).
¿Pero por qué EE.UU. los procesa si la corrupción ocurrió en Venezuela?
Aunque los hechos de corrupción se originaron en territorio venezolano, parte del dinero ilícito transitó por el sistema financiero estadounidense. Según registros de Transparencia Venezuela, EE.UU. ha decomisado 403 bienes: cuentas bancarias, caballos, yates, vehículos, relojes, inmuebles.
Entre los sentenciados por el caso Bariven, figura el exgerente de Pdvsa, Alfonso Eliezer Graviña Muñoz, sentenciado a 5 años y 10 meses de prisión en 2020, a quien le decomisaron USD 590.446, que fue el monto establecido en el acuerdo de culpabilidad. Su nombre no aparece en la lista de los 22 investigados que públicamente han sido señalados por el Ministerio Público. Tampoco el del empresario Fernando Ardila Rueda, a quien le confiscaron un yate valorado en más de USD 70.000 y USD 4,3 millones. Ni el del empresario Juan Carlos Castillo Rondón, cuyo monto decomisado asciende a USD 1 millón.
Pero la cantidad de bienes que Rincón Fernández y Shiera Bastidas debieron entregar a la justicia estadounidense es más grande. En el caso del primero, EE.UU. decomisó USD 51.251.219,23. Mientras que al otro contratista se le decomisó un total de USD 18.290.830,82: USD 6.266.708,2 en bienes ubicados en esa jurisdicción y USD 12.024.122,62 depositados en cuentas de bancos suizos. También consignaron USD 978.939,23 de la venta de un yate propiedad de ambos.
Estados Unidos ha investigado a 170 personas, de las cuales 76 han recibido sentencia: 68 personas se han declarado culpables y han colaborado con la Fiscalía para rebajar la pena y develar las tramas en las que participaron.
¿A qué hora llega la justicia en Venezuela?
En declaraciones a la prensa, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, ha mencionado órdenes de aprehensión y solicitudes de extradición en pocos casos de Gran Corrupción. Lo hizo en 2018, para judicializar a Rincón Fernández y a Shiera Bastidas; luego en abril de 2023, a propósito de la trama de corrupción Pdvsa-Cripto, volvió a hacer mención de este caso al decir que “ratificaba” el petitorio a EE.UU. Durante esta alocución del 5 de abril de 2023, se mostró una imagen en la que el Ministerio Público solicita al Juzgado 6° de Primera Instancia en Funciones de Control el inicio de una extradición, sin que apareciera públicamente el nombre del requerido. El documento aparece fechado en septiembre de 2022. No obstante, al revisar las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en su página web, no está publicada ninguna decisión referente a alguna solicitud de extradición de Rincón Fernández o Shiera Bastidas.
En esa misma rueda prensa, apareció el nombre de Rafael Reiter Muñoz, quien se encuentra en España y es investigado por un tribunal de Texas desde agosto de 2017 por lavado de dinero proveniente de Pdvsa. En su argumento, Saab aseguró que los testimonios de Rincón Fernández y Shiera Bastidas lo señalaron de ser “el instigador” de las tramas de sobornos como enlace de Rafael Ramírez para adquirir bienes y transferir altas sumas a paraísos fiscales. Al mismo tiempo, destacó que Reiter Muñoz tenía orden de aprehensión en Venezuela, sin precisar que el Juzgado 27° de Primera Instancia en Funciones de Control la había decretado ese mismo día, a petición de la Fiscalía.
Aunque al menos desde agosto de 2018 el paradero de Reiter Muñoz era público, la justicia venezolana acordó solicitar su extradición el 21 de junio de 2023, casi cinco años después. Según la Fiscalía, está vinculado únicamente con el Grupo Salazar que participó en un esquema de lavado de dinero de Pdvsa en la Banca Privada de Andorra y que comprometió USD 4.200 millones. Nada se habló de la acusación que hizo el Distrito Sur de Texas por el caso Bariven, ni de la presunta vinculación del exfuncionario en el caso de Antonini Wilson y la maleta que contenía USD 800.000 presuntamente para financiar la campaña presidencial de la argentina Cristina Fernández de Kirchner.
Leer la investigación periodística completa:
