Runrunes: DDHH Olvidados | Sobre Gabriel Blanco pesa el “delito” de ser sindicalista
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Fue el segundo cumpleaños que Gabriel tuvo sin libertad. En la noche del 6 de julio del 2022 los cuerpos de seguridad del Estado venezolano se acercaron a la casa de Gabriel Blanco, en la urbanización Carlos Delgado Chalbaud, en la parroquia Coche, al suroeste de Caracas, y lo conminaron a acompañarlos a la sede central del organismo para una «entrevista».
No hubo una orden de aprehensión o solicitud judicial para que la Dgcim fuera a casa de Gabriel. El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) registró que los funcionarios no mostraron ningún documento que involucrara a Blanco con alguna investigación en curso.
Tanto Gabriel como Diannet grabaron y denunciaron el intento de aprehensión arbitraria, los vecinos de Coche salieron a la calle para defenderlo. Sin embargo, los cuerpos de seguridad llamaron a los refuerzos y Gabriel empezó su capítulo como preso político el 7 de julio a las 12:49 a.m.
Juicios aplazados, pruebas inexistentes
«La audiencia preliminar fue el 26 de septiembre del año 2022. Aún continúa el juicio», dice Diannet. «Después de denunciar el intento de colocarles un defensor público, logramos que tuviese un abogado de su confianza».
Gabriel Blanco se graduó como trabajador social en la Universidad Central de Venezuela. Por más de cinco años se dedicó a la promoción y enseñanza de los derechos humanos y la igualdad de género. También es miembro de la Alianza Sindical Independiente (ASI), una de las asociaciones que ha encabezado los procesos de diálogo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en ese año y que constataron que en Venezuela no se cumple ningún derecho laboral.
Por protección de Gabriel y de Diannet, las ONG donde el activista trabaja no pueden ser mencionadas.
Según los activistas de Provea, dos días antes privaron de libertad a los sindicalistas Alcides Bracho y Emilio Negrín en Caracas. Los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) allanaron, sin orden judicial, las viviendas de los detenidos. En ninguno de los casos hay una orden de aprehensión clara.
Los tres sindicalistas están supuestamente conectados por una denuncia de un «patriota cooperante», un término que acuñó el gabinete de Nicolás Maduro para designar a los civiles que delatan comportamientos y mensajes críticos al chavismo en cualquier red social o comunitaria. Esa es la única información que manejan los abogados defensores sobre las acusaciones de «asociación para delinquir» y «conspiración» que tiene Gabriel y los otros líderes sindicales.
Los tribunales y ministerios no brindan más información.
«No hay pruebas de los delitos que le fueron imputados, y hasta la fecha han diferido las audiencias porque el patriota cooperante que denunció no aparece», reitera Diannet.
Un DDHH olvidado que se repite
Mientras Gabriel sigue bajo la custodia del Tribunal Especial Cuarto de Primera Instancia con competencia en terrorismo, Diannet y su familia busca visitarlo casi todos los días a la Yaguara.
Ella conoce muy bien lo vulnerable que es un preso político: estuvo retenida en el Helicoide, un centro de torturas identificado por la ONU, por 1 año y 12 días.
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