Tal Cual: Junta interventora de la Sunacrip lleva tres meses de silencio y alarma de eliminación
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Técnicas de análisis de direcciones en la blockchain permitieron determinar que un puñado de transacciones vinculan a la Sunacrip con mercados ilegales rusos que operan en la darknet, además de retiros de dinero incluso tras la intervención ordenada por el Gobierno
La incertidumbre se cierne sobre la comunidad criptográfica venezolana que creció en el último lustro gracias a las políticas y reformas legales implementadas por el chavismo para promover su criptoactivo, el petro, que ahora quedó en el olvido.
Este 17 de junio se cumplen tres meses de la instalación de la Junta Interventora de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), una instancia creada por Nicolás Maduro para reformar el organismo tras un escándalo de corrupción que explotó en el seno del círculo más íntimo del exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, arropando a su mano derecha Joselit Ramírez, hasta entonces superintendente de criptoactivos.
La laberíntica red de operaciones criptográficas que efectuó la Sunacrip con fondos extraídos de la industria petrolera para evadir sanciones facilitó el extravío de al menos 3.000 millones de dólares de las billeteras manejadas bajo la autorización de Ramírez. En consecuencia, acabó tras las rejas como uno de los primeros trofeos exhibidos por el chavismo en su nueva «lucha anticorrupción». Del paradero de El Aissami, otrora figura clave en la cúpula chavista, no se sabe nada.
El trabajo de Anabel Pereira Fernández, presidenta de la junta interventora, consistía en poner orden dentro de la institución, pero tres meses después de su nombramiento, la labor de su equipo es un misterio más allá de acciones silenciosas que se conocen por la afección directa a la comunidad criptográfica.
El apagado de las granjas de minería criptográfica y la desactivación de las casas de cambio de criptomonedas autorizadas fueron las primeras señales de un panorama adverso para los actores del ecosistema cripto, que ahora no descartan la eliminación de la Sunacrip una vez que la junta interventora culmine sus labores.
Juan Blanco, director de BitData Consultores, sostiene que hay bases sólidas para creer que la Sunacrip podría desaparecer en los próximos meses y que todo el ecosistema de las criptomonedas en el país quede bajo el control de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), que desde inicios de año empezó a supervisar las transacciones con criptoactivos en el país.
A juicio de Blanco, la Sudeban siempre debió haber supervisado las operaciones con criptoactivos, puesto que las empresas que trabajan con monedas digitales ofrecen instrumentos bancarios y las transacciones involucran tanto divisas como bolívares.
«El Estado, en su organización, debió haber hecho esto desde los inicios de la Sunacrip, depender de la Sudeban como un servicio bancario, porque por allí pasan bolívares y dólares. Quien debe cubrir eso es la Sudeban», argumentó.
En el caso de que se cumpla esta predicción y la Sudeban asuma las funciones de la Sunacrip, los inversores y empresarios del sector esperan una mejor fluidez comunicacional, pues el hermetismo con el que se ha manejado la institución en los últimos meses genera una incertidumbre que aleja a cualquier capital interesado en operar en Venezuela.
Minería de criptomonedas en crisis
Debido a este contexto, durante el último trimestre muchos operadores han abandonado el país y se han instalado en otros lugares de la región, especialmente los mineros de criptoactivos, que habían encontrado una suerte de paraíso en Venezuela gracias a los bajos costos del servicio eléctrico.
En 2019, en el marco del lanzamiento del petro, la ilegítima y extinta asamblea constituyente dio forma a un marco jurídico para esta industria con el Decreto Constituyente sobre el Sistema Integral de Criptoactivos, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.370, de fecha del 9 de abril de 2018. Este documento establecía la creación de la Sunacrip y le otorgaba la autoridad para crear las normas que regirían al sector.
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