Viaje a la fosa de la desvastación del Arco Minero
Durante la pandemia del COVID-19 se acrecentó la destrucción del megaproyecto de minería impulsado por Nicolás Maduro al sur del país para la explotación de oro y otros minerales estratégicos como alternativa financiera ante la arruinada industria petrolera.
Mediante un recorrido de más de 800 kilómetros por cuatro municipios mineros del estado Bolívar se identificaron al menos 41 empresas mixtas y alianzas entre privadas y Estado que forman parte de la corporación responsable del arrase minero en un territorio controlado por bandas criminales organizadas en convivencia con fuerzas militares y grupos guerrilleros.
La inoperancia e improvisación en la cadena de producción aurífera propician un mayor desastre ambiental en la Amazonía venezolana, revela un investigación periodística realizada en alianza entre los medios Runrunes y Correo del Caroní con apoyo de Transparencia Venezuela.
Punto de partida
Un par de bombillos mortecinos alumbra el traqueteo de un molino artesanal en medio de la noche. Tres hombres sin cascos ni guantes operan las máquinas que procesan un lote de tierra cargada de oro a pocos metros de la Troncal 10, la carretera que une a los principales pueblos del Arco Minero del Orinoco, al sur del estado Bolívar en Venezuela. Cerca de la pequeña estructura rústica, resaltan las torres de una planta industrial de cianuración de oro iluminada por potentes reflectores. Pero entre sus altos silos no hay movimiento de camiones ni obreros.
Al amanecer estallan los colores de la devastación minera. A lo largo de la principal arteria vial del Arco Minero del Orinoco, en terrenos donde alguna vez hubo árboles y gramíneas, ahora quedan barriales, hoyos y charcos. Pululan los letreros y muros con rótulos de empresas desconocidas al mismo tiempo que se instalan nuevas plantas de cianuración y molinos artesanales para procesar el oro. Los ríos Yuruari y el Cuyuní, que circundan los poblados mineros, pasaron a ser canales de sedimentos arcillosos. Niños y adolescentes piden propinas a los transeúntes para bachear la carretera que perdió por completo el asfalto en algunos de sus tramos. Sobre la deteriorada ruta, containers con víveres de Brasil y camiones que transportan toneladas de arenas auríferas hasta los complejos industriales, dejan en el aire una bruma espesa que dificulta la respiración. Mineros artesanales, que cargan a sus espaldas bateas de madera para cernir el metal dorado, caminan al borde de la vía rumbo a algún barranco o mina a cielo abierto bajo el control de bandas criminales conocidas en la región como sindicatos o sistemas. Hileras de casuchas con paredes de plástico y cartón piedra, que venden desde empanadas chiclosas, gasolina en botellas plásticas de refresco hasta minutos de internet satelital en una región sin conexión ni telefonía local, se suman a los crecientes poblados improvisados que se extienden por el paisaje.
La pandemia no detuvo la destrucción en el Arco Minero del Orinoco, sino que la profundizó. Mediante un recorrido de 850 kilómetros por la Troncal 10, que atraviesa los municipios Roscio, El Callao y Sifontes del estado Bolívar, el equipo periodístico de Runrun.es y Correo del Caroní constató en directo el impacto de la actividad aurífera en la región tras 24 meses de la pandemia del COVID-19. Lejos de mermar la explotación minera, durante una cuarentena marcada por intermitentes restricciones de movilidad y una aguda escasez de combustible en la región, las secuelas de la caótica política extractivista empeoraron con respecto a la cobertura anterior registrada.
La señal más visible del avance del megaproyecto de minería decretado por Nicolás Maduro en 2016 y que ocupa 111.846 kilómetros, casi 12% del territorio nacional, es la aparición de empresas y plantas industriales (públicas y privadas) a orillas de la carretera, cuyo desempeño productivo se mantiene bajo secreto oficial. Las instalaciones, con grandes muros y letreros con sus nombres rotulados, empezaron a ser levantadas en plena pandemia.
De las 41 empresas identificadas en el engañoso mapa corporativo del Arco Minero del Orinoco, la dirección de los dos mayores complejos industriales ha sido vinculada con la familia presidencial o funcionarios públicos; de 75 por ciento del total (31 de 41) se desconoce el proceso de contratación pública: si fueron asignadas a dedo o se presentaron en concursos oficiales. Apenas seis aparecen inscritas y habilitadas para contratar con el Estado. No se tiene la certeza de cuántas se mantienen operativas y ninguna rinde cuenta pública de su desempeño productivo.
La investigación abarca seis capítulos:
Arco minero, corporación de la molienda que devela las isteriosas alianzas estratégicas, empresas mixtas y compañías privadas participan en la explotación del oro en el estado Bolívar
Escandalo asesinato y presión: Las empresas (aun) más turbias del arco minero. Este capítulo trata acerca del conjunto de empresas que operan en el Arco Minero han estado vinculadas a casos de corrupción, detenciones y muerte por sicariato
En busca de oro grupos armados invaden y acorralan comunidades agrícolas. Bandas criminales conocidas como sindicatos o “el sistema” controlan las minas ubicadas en territorios indígenas dentro del Arco Minero
La promesa opaca del Arco Minero: Pobreza y discriminación se instalan en el cinturón minero. El oro no beneficia a las desasistidas comunidades mineras.
Un trapiche ambiental llamado Arco Minero, deforestación acelerada y contaminación de los ríos con mercurio y residuos de la minería atentan contra la Amazonía venezolana
Cuánto oro sale del Arco Minero, El gobierno venezolano no rinde cuentas sobre la producción en el Arco Minero. Se calcula que 70% del oro extraído se fuga de contrabando
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