Un total de 49.387.866,43 dólares, fue la cifra que el pasado 27 de marzo aprobó la Asamblea Nacional (AN-2015); como su presupuesto especial para cubrir diversos gastos este año 2023.
Estos fondos están en cuentas bajo custodia del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, certificadas por la Junta ad hoc del Banco Central de Venezuela, encargado de administrar los activos de la República recuperados de la administración de Nicolás Maduro.
De manera que la Comisión Delegada Legislativa —órgano que Estados Unidos reconoce como el parlamento legítimo del país—, ejerciendo las funciones de presidente encargado, le corresponde ahora responder por todos los presupuestos ejecutados año a año, y por los resultados de la protección de los activos de la República en el exterior.
Es así que el monto del presupuesto en millones de dólares cubre el funcionamiento de la AN-2015 y de otros órganos heredados del extinto gobierno interino, como las juntas ad hoc del Banco Central de Venezuela (BCV), Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y las representaciones diplomáticas que la oposición mantiene, aunque disminuidas, en algunos países.
Este presupuesto conocido sólo en partidas globales, tiene que dar el ejemplo y cumplir con las mismas obligaciones que exige la ley a cualquier órgano del Poder Público: contabilidad exacta de gastos, facturas de pago, transparencia, confiabilidad y publicidad.
La pregunta necesaria:
¿Qué sentido tiene mantener económicamente un Asamblea Nacional (2015), si las elecciones presidenciales están fijadas y aceptadas para el año 2024, ya no existe usurpador, y el rescate de la democracia se realizará mediante elecciones, exigiéndose el cumplimiento de las normas de la Constitución?
La justificación es haber asumido la protección de los activos de la República en el exterior, aun cuando esa función no es de su competencia; logró de esta forma el manejo de todos los recursos, sin cumplir las labores propias como parlamento.