La Asamblea Nacional oficialista tenía preparado con anticipación el proyecto de Ley para acompañar “la lucha del poder contra la corrupción de los Poderes Públicos” llamada “Ley Orgánica de Extinción de Dominio”.
Ella tiene por objeto ponerle la mano, o “recuperar bienes y efectos patrimoniales originados por actividades ilícitas o destinados a éstas”, suprimiendo los derechos y atributos del dominio (propiedad) y transferirlos a favor de la República, mediante una “sentencia”, señalando que se hará sin contraprestación ni compensación alguna.
Una de las finalidades de esta Ley es destinar esos bienes para “…financiar las políticas públicas nacionales de protección y desarrollo del pueblo venezolano.”
Nada más demagógico que afirmar que será el pueblo el beneficiario económico, de los muebles, inmuebles, incluyendo acciones, títulos, valores y activos digitales, así como las ganancias, frutos, productos, rendimientos o permutas de dichos activos sean de personas naturales o jurídicas.
Dice la ley que ella entra en vigencia desde su publicación en Gaceta Oficial, pero se aplica a los procesos en curso ¿?…es decir se aplica retroactivamente.
¿Cuál será el destino de los bienes declarados en extinción de dominio?
La administración y destino de estos bienes lo llevara una Oficina de Bienes Recuperados, Incautados y Decomisados, habilitada para vender, conservar en su patrimonio y destinarlos:
- a la actividad administrativa,
- a garantizar el adecuado funcionamiento de servicios públicos de calidad y
- a recuperar, mantener y ampliar la infraestructura pública o dotar a organismos de seguridad lo que requieran, para cumplir sus operaciones.
Todo lo que el Gobierno hará con los bienes recuperados en la operación Caiga Quien Caiga será «mostrado al pueblo» prometió Maduro.
Esta ley afecta a todos los ciudadanos al consagrar la colaboración, la retribución y protección a quien suministre información (recuerda a los patriotas cooperantes) y contribuya de manera eficaz a la obtención de pruebas para extinguir el dominio de bienes, y le darán una retribución equivalente a un porcentaje del producto que obtenga el Estado al venderlo.
En pocas palabras, todo queda dentro de la Administración Pública a sabiendas del oficialismo que la corrupción campea.