¿Qué es el CLAP y qué hay detrás?

Cuando se menciona la palabra CLAP muchos piensan que se trata sólo de la bolsa o caja de alimentos, la cual se distribuye casa por casa a las familias que estén registradas en un sistema que administra el régimen. Pero CLAP son las siglas de los “Comités Locales de Abastecimiento y Producción”, una forma de organización popular que junto al Ministerio de Alimentación promueve que las propias comunidades sean quienes abastezcan y distribuyan los alimentos. Los CLAP forman parte de la Gran Misión de Abastecimiento Seguro y Soberano, programa que se inició el 3 de abril de 2016.

Ahora bien, los jefes de calle escogidos por la comunidad conocen bien a quiénes les corresponde controlar por sector la entrega de los productos. Se evidencia del testimonio a continuación de una beneficiaria de la parroquia La Piedad Norte, en Cabudare, el compromiso emocional de dominio sobre quienes reciben el programa “Esto nunca va a alcanzar para todos, por eso siempre se favorece al que ayuda, apoya, al que va cuando hay que estar con el presidente, y no es porque sea político, sino porque esto llega es por él, entonces hay que ser agradecido”.

Detrás de este programa social que parece loable la corrupción en la compra de los alimentos que contienen los CLAP se expresa en contratos con sobreprecios a empresas recién creadas o empresas extranjeras que importan productos de mala calidad y dejan grandes beneficios económicos a sus propietarios que suelen estar vinculados con funcionarios de alto nivel. La organización Transparencia Venezuela registró hasta enero de 2020 más de 50 investigaciones de Gran Corrupción en este sector.

Un ejemplo lo constituye el escándalo reciente en torno a la compañía Lácteos Los Andes C.A., expropiada en 2008 por Hugo Chávez, y que debía incluir la leche en polvo en la bolsa o caja del CLAP tras las denuncias de la leche proveniente de México de baja calidad y con sobreprecio. Desde hace meses el producto no era incluido, así como tampoco llegaba a otros programas sociales que tenía entre sus mandatos al ser asumida por el Estado.

Un estudio realizado por Transparencia Venezuela titulado “Empresas propiedad del Estado”, da cuenta de los desembolsos a Lácteos Los Andes en medio de la borrachera petrolera. En 2011 y 2012 recibió $50,78 millones del Fondo para el Desarrollo Nacional (Fonden), que funcionó como una caja chica del gobierno. En 2015 le asignaron $18,5 millones para un proyecto en una planta que no estaba activa, y  otros $297.000 del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela, financiado también por el Fonden. Entre 2014- 2015 recibió Bs. 331.298.160 del Fondo Especial Ezequiel Zamora, cuando aún la moneda nacional gozaba de cierto poder. Pero en 2015, tal como lo muestra el Informe Empresas Propiedad del Estado, de Transparencia Venezuela, la producción de leche pasteurizada cayó por debajo de los niveles de 2007; es decir antes de la estatización; y la producción total de leche mostraba una caída de 49% en relación a 2012, año en el que se obtuvo el mejor registro: 109.809 toneladas. Lácteos Los Andes corrió así con la misma suerte de las compañías que cayeron en manos del Estado empresario impulsado por Hugo Chávez.

En 2019, cuando la producción de leche estaba prácticamente en cero, un coronel del Ejército asumió la conducción de la empresa. Se trata de Luis Piligra Jiménez, quien había ejercido importantes cargos en entes vinculados con los ministerios de Industrias, Hábitat y Vivienda, y en Bolipuertos.

El fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab, anunció el 14 de mayo de 2021 la detención del coronel Piligra Jiménez por encabezar una extensa trama de corrupción en la compañía estatal: “Dicho funcionario estaba siendo investigado (…) desde hace varias semanas por existir indicios de actividades de enriquecimiento ilícito, ya que este ciudadano comenzó de manera vertiginosa a poseer bienes valorados en altísimas sumas de dinero sin temor a nada, creyendo que podía gozar de una impunidad, que obviamente no la tiene”.  Denuncio que el detenido ostentaba una vida tan escandalosa de mostrar y exhibir yates, aviones, vehículos de alta gama y apartamentos de lujo.

Todas esas propiedades fueron incautadas y se detectó una red de empresas de maletín en las que figuraban amigos, familiares y presuntas amantes de Piligra Jiménez como representantes legales y accionistas. A esas compañías, constituidas en tiempo récord, les compraba con sobreprecio todos los insumos necesarios para la actividad en Lácteos Los Andes.

Esta relación de hechos obliga a investigar dónde está el dinero que recibió la empresa socialista “de propiedad social”, no simplemente estatal, sino como la califica el régimen “aquella que garantiza el bienestar de la sociedad”, pues se ofreció que rendiría frutos sociales y que sería preparada para ser entregada a la comunidad para su administración. Nunca ocurrió ese traspaso, sí se produjo la utilización de la infraestructura y de los empleados hasta quebrar la empresa por estar en manos de funcionarios corruptos que se hicieron más que millonarios y cuyas redes de complicidad podrían quedar impunes. Si los ciudadanos no exigimos trasparencia pública para que toda acción del Estado sea de conocimiento público no avanzaremos en la lucha contra la corrupción.