Venezuela es el país con mayor percepción de corrupción, pero con menos investigaciones concluidas judicialmente. Algunas en curso, no van más allá de acusaciones a funcionarios de bajo rango, particularmente en casos de personas que han cortado relaciones con Nicolás Maduro u otro alto funcionario, y pasan a ser sus enemigos quedando presos sin proceso.
En el caso de la operación oficial “caiga quien caiga”, el jefe de la señalada Banda Corrupta, no pudo ser ubicado pues desapareció junto con el cargo de Ministro y presidente de PDVSA.
No olvidemos que esta autocracia tiene 23 años en el poder. Los casos de Rafael Ramírez y de Tareck El Aissami son emblemáticos en este sentido. Calificados de delincuentes, pero sin juicio, lo cual los exime de lograr determinar sus responsabilidades. Es decir, son inocentes hasta que se pruebe lo contrario.
Es así como los recursos públicos constituyen el botín; y ello es posible porque existe un grupo de personas con control del poder político aprovechándose de los recursos públicos, de allí que el Estado venezolano no ha hecho ningún avance en la lucha contra la corrupción.
Cómo podemos negar, que la emergencia humanitaria que vive Venezuela es producto de la destrucción del esquema de producción, del sistema eléctrico, del abandono en la distribución de agua, la desatención a la salud y la alimentación.
Por ello el secuestro de la gran corrupción que tiene el país, muestra la situación de un sistema de justicia absolutamente controlado para hacer o decir lo que permita ocultarla y así simular que se persigue, pero en realidad lo que hace es esconder a quienes han robado recursos públicos mediante negocios fraudulentos, depósitos mal habidos en cuentas bancarias en el exterior y seguramente dólares enterrados hasta esperar el momento de “lavarlos”.
Requerimos acabar con los patrones de corrupción que se repiten: sobornos, sobreprecio, extorsión, aprovechamiento de información confidencial o privilegiada para hacer negocios y contratar amigos.
Sólo un sistema de gobierno abierto en el que no se acepte ni el amiguismo ni la corrupción, permitirá igualar a todos los ciudadanos para acceder y obtener un servicio público de calidad.
Ciertamente, las investigaciones son vitales en la lucha contra la corrupción. Requieren ser serias, profundas, con metodología comprobada y con verificación realizada por los órganos a quienes compete, apoyadas por organizaciones como Transparencia y otras instituciones quien aporta esos elementos. Hasta ahora esas investigaciones y aportes no han tenido eco en la institucionalidad estatal, pero los tribunales de otros países sí están abocados a hacer justicia.