En alerta, 125 organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en temas de derechos humanos en Venezuela, demandan que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, renueven el mandato de su Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM).
La razón principal de esta demanda, es para asegurar que se continúen reuniendo evidencias sobre las graves violaciones de derechos humanos, a los que ahora se agregan las violaciones de los derechos políticos, sociales, económicos y culturales.
Las siglas FFM corresponden a un órgano temporal no judicial, acordado en el marco del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, que creó este mecanismo para evaluar el estado de los derechos humanos en Venezuela.
La primera Misión de determinación de los hechos identificó: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014.
En el 2020, concluyó que había motivos suficientes para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad. que “autoridades de alto nivel tenían conocimiento de esos delitos” y “jefes y superiores sabían o debían haber sabido de esos delitos y … no tomaron medidas para impedirlos o reprimirlos”.
En su segundo Informe, la Misión documentó la falta de independencia judicial y la impunidad por las violaciones de derechos humanos, y manifestó que el sistema judicial de Venezuela funcionaba como un mecanismo de represión en lugar de garante de derechos.
La urgencia de este planteamiento está en que en septiembre del 2022 concluye la segunda misión, de allí este llamado a renovar la continuidad de su trabajo.
Por eso, la urgencia de renovar el trabajo de la Misión es la falta de cumplimiento de las recomendaciones por parte del régimen político, la impunidad, los presos políticos, la ausencia de garantías a los derechos, la falta de mecanismos internos de reparación a las víctimas y el no permitir el escrutinio internacional.
Otra de las razones alegadas por este grupo de organizaciones que trabajan con víctimas, es que en 2023 la Misión continúe en Venezuela, dado el caso ante la Corte Penal Internacional (CPI), por cuanto ella realiza un trabajo que tiene impacto ante la comunidad internacional.
Además, los perpetradores de las violaciones continúan eludiendo la investigación y rendición de cuentas.
Con elecciones presidenciales para 2024 y elecciones legislativas y regionales para 2025, Venezuela encara un periodo electoral que siempre ha resultado en picos de la política de represión del gobierno.
La FFM puede tener un papel crucial de alerta temprana, monitoreando y documentando patrones de represión, que parecen ahora más silentes y ofensivos contra la ciudadanía. Ese reporte podría mitigar el riesgo de un deterioro en la situación de derechos humanos y alertar a la comunidad internacional en el caso de que ocurriera.