El pasado viernes 11 de agosto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dictó sentencia mediante la cual admitió y resolvió el recurso de amparo interpuesto dos días antes, por un grupo de personas que buscaban un supuesto resguardo del “derecho de participación” en el Partido Comunista de Venezuela (PCV).
Luego de conocer el contenido de esta “sentencia” se constata la finalidad de la acción, que no fue otra que tomar por asalto la organización y control del partido; lo que se prueba al designar una junta ad hoc conformada por personas que, se dice, no forman parte de la organización política.
Está a la vista que el único objetivo de usar el TSJ (Sala Constitucional) fue arrebatarle al partido la personalidad jurídica y subordinar la organización y sus símbolos a la política antipopular de Nicolás Maduro.
La responsabilidad de esta maniobra mercenaria, de acuerdo a declaraciones de la dirección originaria del PCV, ha sido urdida por el propio Maduro y el PSUV.
Utilizar al poder judicial para fines electorales del régimen, prueba el nexo que existe entre corrupción y derechos humanos.
La manera en que los solicitantes de la acción de amparo obtuvieron del TSJ el asalto judicial del partido PCV, usurpando el control del partido, fue recibir el poder para que el partido participe como organización política en elecciones venideras, y se le garantice sus plenos derechos sobre sus símbolos, colores y tarjeta, u otro concepto propio de la organización.
El antecedente más inmediato de las malas relaciones del régimen con el PCV viene del acompañamiento a los gremios en las demandas de mejoras salariales y han denunciado una corrupción desbordada en el alto Gobierno, llegando hasta solicitar una investigación que incluya al propio Nicolás Maduro.
Por su parte, voceros oficialistas del PSUV han acusado al PCV de confabularse con la oposición y con Estados Unidos para debilitar a la revolución.
Declaró Henry Parra, designado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), “que la intervención judicial del partido tiene como objetivo organizarlo, ya que algunos miembros de la junta directiva anterior eran antichavistas.”
Así se muestra la corrupción judicial, cuando las autoridades del PCV nombradas por TSJ, son parte del acomodo electoral del régimen, el cual sigue su curso.