Corrupción política en la elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia​

La Asamblea Nacional de 2020 decidió que era el momento político para hacer una elección de todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Para ello aprobó una reforma de la Ley que rige al máximo tribunal con la que redujo el número de sus integrantes de 32 a 20.

La razón de esta decisión está a la vista: la crítica reiterada de organismos internacionales y de países democráticos por la falta de autonomía e independencia del Poder Judicial venezolano, en particular de la politización a favor del régimen, expresada en sus “sentencias” y en las órdenes a los tribunales para que decidan en un sentido u otro, dependiendo de los intereses políticos en juego. Eso significa que no hay justicia.

El apuro por lograr que el procedimiento de selección y elección fuera express se debió a la urgencia de tener instalado el nuevo tribunal antes de la segunda visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, dado el memorando de entendimiento firmado entre este y Nicolás Maduro; objetivo que no pudo lograrse por una razón: la corrupción política.

La corrupción política ocurre precisamente por la repartición de cargos de magistrados entre los diferentes partidos políticos. A través de ella el régimen debe asegurar nuevamente el control del TSJ, el cual desde ahora será ejercido por el presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020, dando la apariencia de cambio y al entregar algunos cargos de magistrado a otros partidos políticos que hacen vida en ese parlamento.

Los medios locales han reportado que son precisamente las divisiones internas dentro del chavismo y “las negociaciones” del oficialismo las que han retrasado la designación del nuevo TSJ que había sido prometida para hace dos semanas por Jorge Rodríguez, presidente de la AN 2020.

Esperemos a ver quiénes son los elegidos para tener en la mano la prueba de la corrupción política, que se concreta cuando los diputados desvían y violan expresamente la Constitución, al sustituir la representación popular de todos los electores por la representación partidista, prohibida expresamente en la Carta Magna.