Al soborno se le llama también cohecho, coima o mordida. Es un delito que consiste en que una autoridad, funcionario público, particular o empresa, acepta o solicita un “regalo” ya sea económico o material, a cambio de “favores” para realizar un acto o no realizarlo.
Este delito es una modalidad de fraude que se ha convertido en un problema social que ha marcado a todos los sectores, desde el más pequeño como un funcionario policial que recibe pagos, a cambio de no levantar una infracción de tránsito, hasta empresas extranjeras como el gigante minero suizo Glencore, quien fue declarado culpable el año pasado por 700 millones de dólares, durante más de 10 años, por sobornar a funcionarios en varios países, entre ellos Venezuela.
La corrupción es más que un problema gubernamental, por cuanto los ciudadanos también corrompen las leyes para su propio beneficio, incentivados por la ineficiencia, ausencia y abandono de los servicios públicos.
Por ejemplo, pagar una multa suele ser bastante difícil y muchos desconocen cómo se hace. Lo usual es que la infracción se resuelva después de que el infractor le pregunta al policía «¿cómo podemos resolver esto?», y entre los dos llegan a una suma satisfactoria.
Así funcionan las cosas en Venezuela, tanto en lo público como en lo privado. «El sistema venezolano te impide hacer las cosas por el camino legal». «Donde hay una cola», «hay un riesgo de corrupción. Y en Venezuela todo es una cola». dice la directora de la Organización Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas.
Nadie puede decir que la corrupción en Venezuela es un problema nuevo, ha estado presente desde siempre. Lo nuevo, sin embargo, es la dimensión que ha cobrado durante el período autoritario iniciado por Chávez y continuado por Maduro y las gravísimas consecuencias que ello importa para el pueblo de Venezuela.
No se puede continuar en este estado de necesidad de la población, en que, por el desespero de los ciudadanos de tramitar oportunamente documentos o recibir la prestación de servicios vinculados a la salud o a la educación, se vean obligados a confiar en gestores que agilizan los procesos, a pesar de que no es un recurso legal.
Para combatir el soborno debe establecerse la cero tolerancia y concientizar, educar, y comprometer a la alta gerencia pública y privada y la existencia y el cumplimiento de un régimen sancionatorio que sea ejemplarizante.
La denuncia es un mecanismo que nos permite protegernos y proteger la entidad de los hechos de corrupción, visto que hacerlo oportunamente es la vía que permite identificar y sancionar los casos de corrupción.
Si se es víctima de actos de corrupción los ciudadanos deben denunciarlos, para ello se necesita que se les de la tranquilidad y que los canales de denuncia garanticen la confidencialidad.