La crisis por escasez de gasolina en Venezuela ha impactado notoriamente a productores y comerciantes de los estados andinos (y del resto del país) durante las últimas semanas, quienes han perdido cosechas de verduras y frutas por no poder trasladarlas hasta otras entidades para su venta.
Pueden pasar hasta un mes sin gasolina e incluso no pueden acceder al diésel subsidiado que ofrece el Estado y en el mercado negro tiene un precio prohibitivo.
Varios productores agropecuarios denunciaron, a través de videos difundidos en las redes sociales, que tuvieron que botar sus cosechas de cambures, tomates y zanahorias por no contar con el combustible necesario para transportarlas a los mercados.
En uno de los videos publicado se observa cómo un agricultor arroja al río decenas de racimos de cambures; asegura que estuvo cuatro días buscando gasolina por diferentes medios y no logró surtir su vehículo.
“Esto da dolor. Es la triste realidad del campo venezolano”, expresó Morales. El productor pidió que el video se hiciera viral para que llegara a las autoridades competentes.
En el otro video, grabado en Carache, Trujillo, otro productor lanza cestas de tomates a un río. “Esto está demasiado barato y no da para llevarlo hasta el mercado de Coche”, dice.
Un productor de Mérida fue detenido de acuerdocon la información oficial del Señor Fiscal, quien lo acusó de violentar la ley de Precios Justos, al desechar cantidades de zanahorias, la acusación es que cuando un grupo de personas destruyen grandes cantidades de alimentos, causan zozobra en la población y atentar contra la seguridad agroalimentaria del pueblo.
Liberado el productor de zanahorias el efecto buscado se logró: que a nadie se le ocurra un acto de este tipo por cuanto “lo pongo preso”. El argumento es: No importa que no puedan llevar su mercancía por falta de combustible, eso es secundario. Esa persona quedó bajo investigación. Sólo saben sembrar miedo. Tienen pavor a la verdad.
El supuesto Fiscal General de la República, muestra su falta de imparcialidad, ya que a quien debe investigar ante la falta de gasolina y diésel, y dictarles órdenes de captura es a los altos funcionarios responsables de esta debacle petrolera, imputándolos entre otros delitos, de atentar contra la seguridad agroalimentaria de los venezolanos. Los productores no necesitan que los «priven de libertad», sino que se atiendan las demandas de gasolina y diésel.