La corrupción es un grave problema que afecta a la sociedad nacional y mundial y no es exclusivo de nuestro tiempo. La dificultad está en que constituye un problema ético, y dependiendo de sus proporciones se transforma en un problema político.
La tesis del Estado Botín, que se aplica en Venezuela (reconocida internacionalmente por países democráticos)se explica, por la corrupción generalizada y desbastadora de las instituciones, al ser consideradas éstas como un trofeo para la clase gobernante, que se siente con derecho a saquear las arcas del Estado y apropiarse de todo, significa la violación de los derechos humanos de las personas que habitan el país, y además produciendo hechos delictivos que trascienden las fronteras del mismo Estado.
La corrupción es el acto de corromper. Lo llamamos comúnmente sobornar a alguien con dádivas o de otra manera, pervertir a alguien, afectando sea cosas, personas, instituciones y a la sociedad en general. Puede darse en cualquier contexto, siendo la más visible la vinculada a la función pública.
Ciertamente, los delitos que cometen los funcionarios en ejercicio de un cargo público, para conseguir un beneficio o provecho ilegítimo, es una demostración de que están violando los principios del deber, basados en la integridad y la honestidad.
Es por eso que, las transparencias en la gestión de las funciones asignadas al funcionario público se establecen en beneficio de los ciudadanos, y de allí la obligación de rendir cuentas; lo que hace que se le exija al funcionario guardar una conducta ajustada a la ley y a parámetros y cánones éticos, que garanticen la limpieza de su gestión.
De manera que la corrupción se sitúa en el abuso del poder; pues cuando funcionarios investidos de autoridad lo hacen, están vulnerando o negando los derechos de las personas, incluso cuando amenazan con negarlos, no respetarlos o no hacerlos respetar. La corrupción aparece como uno de los mayores obstáculos en el cumplimiento de estas obligaciones.
Así lo ha sostenido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la resolución 1/17 adoptada el 12 de septiembre de 2017 en la que reitera que “…la lucha anticorrupción guarda una relación inequívoca con el ejercicio y disfrute de los derechos humanos.”
Entonces, el Estado Botín venezolano no garantiza los derechos humanos consagrados en la Constitución, ni siquiera los fundamentales, así lo reconoce públicamente cuando acepta la existencia de la corrupción generalizada e igualmente la ruina del Estado. Todos factores que tienen bajo amenaza los más elementales derechos humanos de cada persona en Venezuela.