La razón por la que Nicolás Maduro hace cambios en las instituciones constitucionales de justicia, está a la vista. Los cambios responden al temor que tiene el mandatario a que continúe avanzando el proceso judicial ante la Corte Penal Internacional.
A ese temor se suma la crítica reiterada de organismos internacionales y de países democráticos ante la falta de autonomía e independencia del Poder Judicial. Ellos han comprobado cómo ha sido la politización del Tribunal Supremo de Justicia a favor de quien habita Miraflores. En Venezuela no hay Justicia, noticia reiterada y comprobada.
Es así como la inconstitucional reforma de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia, parece responder al compromiso del Memorándum de Entendimiento entre la República Bolivariana de Venezuela y la Fiscalía de la Corte Penal internacional, suscrito en Caracas el 3 de noviembre del año 2021, en el cual se dice que Venezuela interpreta que no se cumplen los requisitos para justificar que el expediente pase de la fase de examen preliminar a la fase de investigación, y en tal sentido considera que las denuncias deben ser investigadas en el país por las instituciones nacionales existentes creadas para tal fin.
La reciente reforma de la ley permitió que los magistrados que no habían concluido su único período de 12, como lo manda la Constitución, pudieran postularse nuevamente, lo que generó como resultado que 12 de los 20 magistrados designados hayan sido reelectos, es decir son repitientes; con el agravante de que esta Asamblea Nacional no está reconocida como legítima ni en Venezuela ni en los países democráticos.
Como si fuera poco, el parlamento se atrevió a nombrar al Inspector General de Tribunales y al director de la Escuela de la Judicatura, con solo ponerlo en la ley, sin importarle lo que diga la Constitución, con lo cual se aseguran de controlar todo el sistema judicial, ya no desde el propio Tribunal Supremo sino desde el órgano político por excelencia como es la Asamblea Nacional.