La activa participación de los ciudadanos en el enfoque de sus derechos los hace protagonistas, y agentes trascendentales, en la lucha en contra de la corrupción y ello se produce a partir de la comprensión de que las responsabilidades en la gestión de lo público no compete solamente al Estado, sino que requiere incorporar a los ciudadanos.
En el ámbito político la corrupción ha favorecido el crecimiento de la inestabilidad institucional y al desgaste de las relaciones tanto entre los individuos, así como entre las instituciones y el Estado.
La pérdida de legitimidad política, la polarización del poder, la ineficiencia burocrática entre otros, son algunos de los problemas que se atribuyen a las consecuencias de la corrupción. De allí que la prevención y luchar en contra de ella deben concebirse como una alianza entre los ciudadanos, los grupos organizados de la sociedad y los funcionarios públicos.
Desde la óptica social, la corrupción se ha instalado como factor decisivo en los escenarios de extrema pobreza, los conflictos sociales y su presencia en luchas por poder y beneficios personales, lo que obliga a repensar la estructura, relación y complementariedad de la política anticorrupción.
También, las nuevas tecnologías de comunicación e informática, han acrecentado el impacto de ciertas prácticas corruptas.
La experiencia muestra que la corrupción se vale de los paraísos fiscales, la existencia de monopolios, la evasión impositiva, la licitación de grandes obras civiles, la privatización de empresas estatales, entre otros, para nutrirse de los recursos nacionales e internacionales tanto públicos como privados.
Si se incorpora a los ciudadanos en esta lucha ética, serán protagonistas de la regeneración del tejido social dañado por la devastadora acción del fenómeno y restablecer el equilibrio de sus relaciones con las autoridades.