En Venezuela tenemos un barómetro que mide la lucha anticorrupción. No nos lo van a creer. Está en la Constitución de 1999, que debería ser publicado, para informar a los ciudadanos el cumplimiento de las labores que tienen asignadas para ello órganos constitucionales.
Ustedes se preguntarán ¿cómo puede ser ello posible? Pues sí disponemos de ese barómetro.
El mismo funciona de la siguiente manera:
- El Contralor General de la República tiene el deber de solicitar al Fiscal General para que ejerza las acciones judiciales a que hubiera lugar, con motivo de las infracciones y delitos cometidos contra el patrimonio público.
- Recibido el requerimiento del Contralor, corresponde al Fiscal General, intentar las acciones a que hubiera lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria, por los delitos cometidos contra el patrimonio público, con motivo del ejercicio de sus funciones.
Nos preguntamos, cuantos casos de delitos cometidos contra el patrimonio público han ocurrido en estos 24 años, sin que los ciudadanos puedan conocer los datos de este barómetro anticorrupción, que la Constitución ha consagrado en los artículos 289 y 285.
La función de control ciudadano ha sido desconocida por estos dos órganos públicos, los más importantes en esta lucha, pues no han informado el resultado de aplicar este barómetro constitucional anticorrupción, de los casos de infracciones y delitos contra el patrimonio público que han sido recibidos por el Fiscal, para que éste a su vez informe de los casos recibidos que han sido sometidos a juicio y se ha determinado las responsabilidades de diversa naturaleza a que hubiere lugar.
Por otra parte, no deja de ser llamativo que no se conozca informe referido a los casos de corrupción en las Fuerzas Armadas, más cuando desde 1999 han desempeñado cargos civiles, ejecutan presupuestos y administran actividades económicas ajenas a la función militar.
De manera que tampoco se ha aplicado el barómetro anticorrupción a las FAN, para asegurar que no puedan estar contaminadas por la lacra de la corrupción; aún ante la realidad de que el crimen organizado ha penetrado en todos los poderes y estamentos del Estado.