FASCISMO contra DEMOCRACIA O DEMOCRACIA contra FASCISMO

La Constitución es ahora la cúpula protectora de todos los ciudadanos en cuanto a garantías y derechos humanos, dado que un proyecto de Ley ha sido presentado a la Asamblea Nacional 2020, por la vicepresidenta de la República bajo el nombre “Ley contra el Fascismo, neofascismo y expresiones similares” consagra que nada existe por sobre la democracia, la libertad y el cumplimiento de los derechos y garantía de los derechos humanos. (art. 1 y 2)

El objeto de esta ley dice preservar la convivencia pacífica, la tranquilidad pública y el ejercicio democrático, así como el reconocimiento de la diversidad, tolerancia y respeto recíproco, frente a expresiones de orden fascista, neofascista o de similar naturaleza que puedan surgir en el territorio de la República.

Por otra parte, dice que la finalidad de este proyecto es asegurar el ejercicio de los derechos políticos mediante medios democráticos, en consonancia con lo establecido en la Constitución, y por tanto prevenir formas de odio y discriminación de todo orden, para que no se menoscaben los derechos, garantías y deberes de las personas en condiciones de igualdad y bajo los principios y valores que rigen el artículo 2 constitucional.

Significa entonces, como señala la norma suprema en su artículo 7, que todas las personas y los órganos del Poder Público están sujetos a la Constitución y las leyes, de manera que esta ley se aplicaría tanto a personas, naturales y jurídicas como a los funcionarios de los distintos poderes públicos y órganos que la infrinjan, sin importar jerarquía de su cargo, sea presidente de la República, ministro, diputado, magistrado, gobernador o alcalde.

En el texto se establece en el artículo 4 lo que se entiende y los rasgos comunes al fascismo y se enumera la “conservaduría moral” y el “neoliberalismo”, lo que contradice el valor supremo de la libertad como doctrina de Simón Bolívar (Art.1de la Constitución) y contradice los principios de la iniciativa privada en la economía quien conjuntamente con el Estado y la libre competencia, promueven el desarrollo armónico de la economía nacional. (Art.299)

El texto empieza a tomar un carácter no formativo de identidad nacional, más bien represivo y de búsqueda de víctimas a quienes se aplicaría la ley; cuando en las sanciones que se establecen violentan los derechos humanos de las personas, ya que, con fundamento en una pretendida igualdad, desaparecen los derechos humanos que se tratan de proteger.

Los artículos de las sanciones están redactados como si ya de antemano el Ministerio Público quien califica el “delito”, conociera quien está realizando actividades que podrían declararse como violatorias de la ley, lo que ya viene ocurrido con la Ley contra el Odio, la que aplican a todo el que disiente u opina distinto de la línea oficial.

Se debería no crear más odio del que se trata de evitar, más cuando lo que se pretende es asegurar el ejercicio de los derechos políticos mediante medios democráticos.