Rixon Moreno Oropeza es un “empresario” venezolano que presuntamente negoció una serie de contratos entre 2015 y 2019, con la empresa Petropiar, con los cuales recibió beneficios que incluyen más de 30 millones de dólares en pagos de contratos de Petropiar.
Petropiar S.A. es una empresa mixta dedicada a la exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento de hidrocarburos en la faja petrolífera del Orinoco. Su propiedad la comparten Chevron (30%) y una mayoría accionaria del gobierno (70%), a través de la petrolera estatal Pdvsa.
De acuerdo con la justicia de Estados Unids, Rixon Moreno Oropeza operaba y pudo acceder a una serie de contratos entre 2015 y 2019 gracias a los sobornos a altos funcionarios de Petropiar. Los pagos a los empresarios eran realizados desde cuentas que controlaba Moreno en el sur de Florida Los cargos que se le imputan son transacciones ilícitas, concierto para delinquir y encubrimiento de lavado de dinero.
La justicia estadounidense estima que el venezolano recibió aproximadamente 2,7 millones de dólares de un contrato de Petropiar para suministrar dispositivos de respiración, «un contrato cuyo precio supuestamente había sido inflado a 100 veces el costo real».
Además Rixon Moreno no actuaba solo, trabajaba en sociedad con Naman Wakil, acusado igualmente en EE. UU. (2021) de acumular ilícitamente una fortuna de cientos de millones de dólares a través de contratos de alimentos y petróleo y en el tan sonado escándalo de las pérdidas millonarias de alimentos podridos en los puertos venezolanos (“Pudreval”)
La Fiscalía venezolana presume y declara en agosto del 2022 que en la Faja del Orinoco se suscribieron 45.000 contratos para la adquisición de bienes y servicios por 35.000 millones de dólares, monto que a su juicio indica una sobrevaloración.
Se observan así grandes hechos de corrupción cuya responsabilidad no ha logrado ser determinada por el sistema de justicia venezolano, evidenciando de esa manera como se ha evadido el castigo de funcionarios públicos que han permitido de manera ilícita extraer, mediante soborno, grandes cantidades de bienes, recursos públicos y demás activos y cuyo destino se ha visto desaparecer por terceros, personas interpuestas y entidades bancarias pertenecientes a los llamados paraísos fiscales.