La acción política de que Venezuela sea un Estado comunal se ha venido tejiendo a la vista de todos desde 2005 cuando, sin darle contenido a la expresión “consejo comunal”, se le puso voz y se llevó a la práctica.
En el 2007, el proyecto de reforma constitucional del fallecido expresidente Hugo Chávez fue rechazado por 50,7 % de los venezolanos. Su propuesta era convertir a Venezuela en un Estado socialista comunal.
Los intentos para imponerlo no cesaron: así en el 2009 la Ley Orgánica de las Comunas fue aprobada por la mayoría oficial de la Asamblea Nacional y al año siguiente le correspondió a la Ley Orgánica de los Consejos Comunales.
Lo dijo Chávez en el 2012: “¡Comuna o nada!” Así que la idea de convertir a Venezuela en un Estado comunal parece seguir adelante.
Hoy diez años después, bajo el régimen de Maduro, el proyecto renace.
En marzo de este año 2021 la Asamblea Nacional oficialista, no reconocida como legítima, aprobó en primera discusión el proyecto de Ley Orgánica de Ciudades Comunales, y en junio aprobaron diez artículos de lo que será la ciudad comunal: una nueva instancia territorial y política que podría tener muchas de las potestades de las alcaldías y gobernaciones. En abril, además, fue aprobado el proyecto de Ley Orgánica del Parlamento Comunal.
Esta iniciativa la cuestionó la Asamblea Nacional electa en 2015, cuando rechazó contundentemente las pretensiones del régimen de Nicolás Maduro de instaurar en el país un Estado comunal. Dijo “su único propósito es quitarle la soberanía que reside intransferiblemente en el pueblo, tal como lo señala la Constitución” socializando a la persona y transformándola en una Comuna, un supuesto poder colectivo.
Así que la propuesta de ciudades comunales no es ni espontánea ni democrática…
Esta “nueva” propuesta legislativa va en contra de los principios de participación democrática, del sistema político republicano, y se encamina hacia el control del Estado de tales instancias comunales, bajo la apariencia de que manda el pueblo, agrupado en ciudades comunales.
El planteamiento de estado comunal socialista es un mecanismo fraudulento para modificar la forma republicana del texto constitucional vigente. De allí que la propuesta de Ley de Ciudades Comunales y la de Parlamento Comunal representan la ruptura con nuestro esquema de Estado federal descentralizado.
¿Esto es factible? Lo que podemos responder ahora es la inmensa dificultad, por no decir la nulidad, que tiene la población de contraargumentar, de encarar, de contrastar ante el poder usurpador quien ha “desaparecido” los espacios y medios para debatir.