Denunciar la corrupción es una obligación ciudadana y así lo contempla el artículo 269 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano. Los funcionarios públicos tienen mayor responsabilidad en la materia y por ende, existen sanciones para aquellos que conociendo un hecho de corrupción no lo denuncien.
Para que Venezuela pueda desarrollarse en toda su extensión, y que a su vez no deje al crimen impune, la ciudadanía debe ayudar a promover medidas que combatan e investiguen los crímenes de corrupción, lo cual se traduce en que se disponga de una política criminal que persiga, en todo momento, el delito y de esta manera aplicar una solución a cada circunstancia que se presenta.
En Venezuela, la corrupción es una de las causas por las cuales el progreso social se detuvo, en razón de que los valores morales y éticos dejaron de practicarse como norte de las actuaciones del ciudadano. La corrupción está en las entrañas del Estado venezolano y se derrama a toda la sociedad, rompiendo el equilibrio necesario que debe darse entre el Estado y los ciudadanos.
Los delitos de corrupción causan deterioro y afectan de manera permanente el desarrollo, tanto del ciudadano como de su comunidad, de manera múltiple y compleja lo que se refleja en distintos efectos, resaltando entre ellos los siguientes:
En lo económico: Tienen un carácter distorsionador como resultado de la asignación de aparentes derechos y beneficios de manera ilegítima.
En lo social: Es devastador, debido a que acentúa la pobreza y la exclusión de los sectores más vulnerables a la sociedad.
En el funcionamiento del Estado: Impacta en la calidad y alcance de cobertura de los servicios básicos que el Estado debe proveer a la población, debido a la ineficiencia de la gestión corrupta.
En el sistema democrático: Pone en riesgo la estabilidad de las instituciones políticas que consecuentemente afectan a los derechos y libertades de los ciudadanos.
Según los casos mencionados se van encontrando una serie de actos de posible corrupción y luego de las denuncias, se evalúa si son producto de actos de corrupción, tales como deterioro o abandono de servicios públicos, obras no culminadas o nunca iniciadas, escuelas en completo abandono, basureros entre otros.
La denuncia ciudadana además de obligación es una vía importante para crear conciencia social, obligando a la administración a buscar soluciones, resolver el problema y alertar de manera cierta si esa situación es producto de actos corruptos, sea por mal manejo del presupuesto nacional o con dinero proveniente del delito.