A veces ocurren eventos que pareciera que nadie planifica. Muchos piensan que la ciudadanía es incapaz de organizarse, si no cuenta con el apoyo de los partidos políticos, a quienes antes había que convencer para hacer una marcha o una manifestación.
Resulta que en la Navidad de 2022 se desató el cansancio y la indignación social en los educadores al darse cuenta que si con el salario que devengaba apenas comían, al suprimirles el derecho a sus primas, la situación de hambre, salud y transporte no podían ser cubiertos con esa miseria de salario. Decidieron protestar públicamente para ser oídos.
Su actuación constitucional fue correcta al plantear primero su caso ante el TSJ, quien sentenció casi inmediatamente, que ese acto que les reducía el salario no existía. La burla del tribunal dio inicio al desplieque de movilización, a la que aplica la frase “la rebelión de las regiones”, pues se extendió a los educadores en la mayoría de los estados del país.
Si la educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar los fines del Estado, los cuales se concretan en la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad; todos los empleados y trabajadores están en su derecho de recibir un salario suficiente que le permita vivir con dignidad, como mandan los artículos 5 y 91 constitucional.
El régimen de Nicolás Maduro parece estar ciego ante la riqueza ostentosa de su entorno partidista, como tampoco atiende el clamor de la gente en la calle exigiendo un salario digno, para quien cuida y cura, para quien trabaja y sostiene su hogar, para el que dedicó su vida a trabajar y luego lo que recibe es una pensión paupérrima para su vejez.
De manera que este movimiento de movimientos se concentra en lo más sagrado que tiene una persona, como es que le garanticen sus derechos, mientras la respuesta oficial es que tengan paciencia.
Los ingresos petroleros que hubiera permitido la felicidad de un pueblo fueron robados y depositados en el exterior, siendo el mismo que el usurpador quiere que le devuelvan. Es decir, el origen son los graves delitos de corrupción cometidos por funcionarios de Pdvsa, así como de casi todas las instancias político administrativas que manejaron ese gran capital.
La situación social producida por las manifestaciones en la calle, obligó a Maduro a fijar un bono contra lo que él llama “la guerra económica” mientras las mejoras salariales siguen sin aparecer y las protestas continuan.
¿Dónde está el salario digno que permita alimentación, salud, vestido, medicinas, educación, transporte?