La crisis económica se ha extendido y agudizado en los últimos años en el país, con graves repercusiones en el sistema educativo.
Esta situación ha producido una asfixia a todo el gremio docente, el cual se encuentra desesperado; sumado a un gran porcentaje de la población que sufre el impacto de la pobreza en sus hogares, lo que ha multiplicado la deserción escolar.
Adicionalmente los medios de comunicación reportan que aproximadamente el 50% de los docentes han abandonado las aulas, debido a la caída generalizada de los salarios y la desprotección social progresiva, motivado a la ausencia de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida del docente y promover la educación.
Por ello, en Venezuela educar ha dejado de ser una carrera atractiva ya que el salario de un profesor es el peor pagado. El Estado es el único responsable de esta tragedia.
Esta realidad contrasta con el artículo 104 de la Constitución, que reconoce a los educadores la garantía de “…un régimen de trabajo y nivel de vida acorde con su elevada misión.”
La falta de educación en el caso venezolano, hace que los educandos tengan una capacidad limitada de comprender información esencial; les será difícil encontrar un empleo asociado a lo que estudian; tendrán ingresos bajos; sus empleos serán de menor calidad; su capacidad de superar su nivel socio económico será difícil.
Por tanto, es evidente que el régimen optó por dejar de publicar datos oficiales para así ocultar la realidad. Desde el año 2014, la capacidad del Estado venezolano para atender la demanda de educación en edad escolar viene cayendo de forma ininterrumpida, y no hay duda que la corrupción erosiona las bases de una educación de calidad para todos y reduce el acceso desde la educación preescolar hasta la universitaria. En igual sentido, todo el sistema educativo se ve afectado por la corrupción debido a que el robo o mal uso de los recursos públicos, impiden destinarlos a una educación de calidad; afectando la educación impartida en colegios públicos como privados.